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De 8 millones de kg en 2009 pasó a 43 millones de kg en 2013. Este y otros datos la sociedad civil acaba de acercar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, que desde este 23 de febrero examinará a Paraguay en torno al derecho a la alimentación adecuada y otros. Ver el informe en este enlace

Del 23 de febrero al 6 de marzo próximos el Comité desarrollará su 54° sesión en la ciudad de Ginebra (Suiza), donde se pondrá en evaluación a tres estados: Paraguay, Tajikistán y Gambia en varios aspectos, entre ellos el del derecho mencionado.

El primero en ser examinado será Paraguay, ese mismo lunes 23 y el martes 24 de febrero de acuerdo al programa oficial. Además de los informes de los gobiernos, la sesión recibió informes alternativos de la sociedad civil.

Durante los primeros días de febrero Base Investigaciones Sociales (Base IS) acercó, a través de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy), un informe sobre la situación del derecho a la alimentación y las acciones del Estado paraguayo en torno al mismo.

En el informe resaltan varios aspectos de la situación nacional, como el disparo de ingreso de agroquímicos al país. De importar 8.806.210 de kilos en 2009 pasó a importar 43.890.108 de kilos en 2013. Sólo en herbicidas se disparó de 6 millones de kg a 32 millones de kg, en el periodo analizado.

Qué dice el documento presentado

Con el derecho a la alimentación adecuada como eje, el mismo habla básicamente de un Estado que no tiene la capacidad -o no le ha interesado montar la capacidad- de garantizar el derecho a la alimentación adecuada y otros derechos de la población.

Existe una estructura económica excluyente del país, que a la par que se extienden ciertas actividades como la ganadería y la soja mecanizada, desplazan a comunidades campesinas e indígenas, a las cuales deja sin tierras y por ende sin la posibilidad de contar con un espacio donde generar sus alimentos.

En el ámbito de la inocuidad de los alimentos es probablemente donde más se reciente el derecho, pues la arista principal del conflicto agrario en el país vienen siendo los problemas en torno a las fumigaciones masivas y sus consecuencias sobre distintos derechos.

El otro punto fuerte del conflicto mencionado se da frente a una realidad de acaparamiento/acceso de la tierra, donde el informe habla que Paraguay tiene el índice más alto de concentración con un 0,93 o hasta 0,94 del índice Gini.

El Estado, garante de las violaciones

La otra parte fuerte de este informe alternativo habla del papel del Estado ante esta realidad, que antes de ser el garante de los derechos de la población, se ha venido convirtiendo en garante de las violaciones de estos derechos, al criminalizar y reprimir a las poblaciones movilizadas para reclamar sus distintos derechos. En especial, afirma, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En este escenario las poblaciones “quedan desprotegidas de derechos a un ambiente saludable, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua y a la propia vida” y por eso se vienen movilizando para , por cuenta propia, frenar las violaciones que sufren.

Recomendaciones al Estado

La última parte del documento acerca recomendaciones para el Estado paraguayo, entre las que destaca la necesidad de que realice una encuesta nutricional a nivel nacional; ratifique el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sancione una ley marco de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que organizaciones sociales presentaron en 2014.

También le pide una postura clara al Estado sobre programas estratégicos que protejan el derecho a la alimentación, como el del Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay (PLANAL), que quedó sin aplicarse en el pasado.

Otras recomendaciones se remiten a la centralidad de realizar una reforma agraria, la articulación de un sistema nacional de Catastros de la tierra, la recuperación de tierras mal habidas y la recuperación del presupuesto que el Instituto de la Tierra (Indert) tenía destinado para asentamientos campesinos. Todas estas medidas, para revertir la tendencia a la concentración y la democratización de la tierra en el país.

Por último, el escrito resalta la necesidad de implementación de protocolos y políticas para atender y prevenir intoxicaciones en las comunidades, como un Comité Interinstitucional que investigue en escala nacional los efectos de los agroquímicos en la vida humana, el medio ambiente, las aguas…

 

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