En el marco del respeto a la Madre Tierra normado por ley y de los resultados de la Cumbre Agropecuaria realizada en Santa Cruz el 21 y 22 de abril, evento que tuvo entre sus conclusiones la ampliación de la frontera agrícola, la diversificación de la producción y la extensión de las áreas de desmonte, es pertinente rescatar una pro- puesta y reflexión difundida por la Fundación Tierra en octubre de 2014.

En los últimos años, la idea de iniciar un proceso agresivo de ampliación de la frontera agrícola ganó mucho terreno en la agenda de la agroempresa cruceña y del gobierno nacional. El argumento principal consiste en que una mayor producción agropecuaria en las nuevas áreas de cultivo traerá consigo seguridad alimentaria para los bolivianos y el país se convertirá en uno de los mayores exportadores de alimentos para el mundo (1).

Esta agresiva agenda se ha convertido en uno de los temas más importantes en el campo agrario y rural. En primer lugar, la meta de ampliar la frontera agrícola a un ritmo de un millón de hectáreas por año es sumamente ambiciosa.

En segundo lugar, las zonas de expansión serían aquellas circundantes a las actuales áreas cruceñas de producción agroindustrial, es decir, tendría que ocurrir a costa de la deforestación de bosques, mercantilización de tierras fiscales o estatales a favor de grandes propietarios y, probablemente, afectando territorios indígenas y comunidades campesinas.

Apunte

La ampliación de la frontera agrícola causa deforestación de bosques en las tierras bajas. Según el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, se estima que en el país existen 5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente. De éstas, el 38% habría sido causado por el sector ganadero (1,9 millones de ha), el 28% por la agroindustria (1,4 millones), el 17% por colonizadores extranjeros (850 mil ha), el 12% por cam- pesinos (600 mil ha) y el 5% por pueblos indígenas (250 mil ha) (INIAF, 2011).

Limitaciones para la seguridad alimentaria

El trabajo de investigación “Expansión de la frontera agrícola: luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano”, al analizar cómo opera la apropiación de la tierra en las zonas de ex- pansión, concluye que son dinámicas que ocurren en respuesta a la demanda internacional de materias primas agrícolas. Por tanto, la expansión de tierras cultivables no responde a necesidades nacionales de seguridad y soberanía alimentaria. A continuación algunos resultados.

La ampliación de la frontera agrícola no tiene relación directa con la seguridad alimentaria

El incremento sostenido de la expansión de tierras de cultivo comenzó a inicios de 1990. Un factor que influyó fue el proyecto “Tierras bajas del Este” del Banco Mundial (bm), que tenía por objetivo ampliar la agricultura comercial y rentable a través de la producción de soya y trigo.

En el contexto regional de esa época, capitales brasileños y argentinos incursionaron en el sector soyero de Paraguay, Uruguay y Bolivia. De manera similar a la actual iniciativa, el proyecto del bm fue concebido con el argumento de contribuir al despegue del crecimiento económico de Bolivia y al desarrollo de una agricultura comercial sostenible. Sin embargo, años más tarde, el propio organismo internacional reconoció que el proyecto tuvo éxitos pero a costa del incremento descontrolado de la deforestación, que, de 25 mil hectáreas (ha) planificadas al inicio, afectó a cerca de un millón de ha.

La habilitación de más tierras de cultivo favoreció el auge del “complejo oleaginoso soya, girasol y sorgo”, mientras que otros cultivos de valor comercial como caña de azúcar, maíz y trigo permanecieron dentro del grupo de cultivos de “crecimiento lento”.

La soya comenzó a emerger como el cultivo predominante. Entre 1990 y 2010, la producción de este plantío se multiplicó en Santa Cruz más de ocho veces, desde 232.743 toneladas hasta 1.917.150, mientras que la superficie cosechada se expandió más de seis veces, de 143.372 a 922.115 hectáreas (2). Aunque este ritmo de crecimiento es bastante significativo, Bolivia aún produce menos soya que Uruguay y Paraguay.

Estos son algunos de los temas y datos de lo sucedido hasta ahora y que no han sido tomados en cuenta o solo han sido abordados de forma marginal para justificar las propuestas recientes de iniciar un nuevo ciclo más agresivo de expansión de tierras agrícolas.

La ampliación de la frontera agrícola tiene control oligopólico

En las principales zonas de expansión cruceña, quienes tienen control sobre las tierras productivas son los grandes empresarios, agroindustriales y ganaderos. Juntos controlan al menos el 70 por ciento de las tierras dedicadas a la actividad agropecuaria.

El resto está en manos de colonizadores andinos, menonitas y japoneses. Los territorios de los pueblos indígenas están en los márgenes de las tierras cultivadas y suman, aproximadamente, 14 millones de hectáreas.

Esta estructura agraria regional debe ser entendida en conexión con los capitales que controlan la cadena de valor del sector soyero. Más del 90 por ciento de la exportación de soya y derivados está en manos de las cinco principales compañías agroindustriales que operan en Bolivia. Entre estas están los agronegocios más importantes del mundo, Archer Daniels Midland Company (adm), Cargil y Bunge.

Este grupo, junto con Intersoja SA Urigeler Internacional e Industrias Oleaginosas, domina el complejo oleaginoso y expande sus operaciones hacia múltiples sectores (servicios financieros, asistencia técnica, provisión de fertilizantes, pesticidas y biotecnología).

Hoy en día, el paisaje cruceño está dominado por grandes silos de acopio de granos, moderna maquinaria e instalaciones agrícolas y extensas tierras de cultivos de soya transgénica habilitadas a costa del bosque. Es una nueva e intensa dinámica agraria dirigida por intereses económicos privados que apuntan a la expansión de la frontera agrícola y a establecer operaciones a gran escala de producción de materias primas agrícolas para la exportación.

Es un modelo excluyente

En los hechos, la expansión de la frontera agrícola consolida una economía regional de carácter excluyente que está escasamente conectada a las políticas agrarias nacionales. Provocó la caída abrupta de las tasas de migración desde tierras altas hacia tierras bajas y el crecimiento marginal de la población ocupada en las zonas de expansión. Es así porque la agricultura comercial, con las características descritas, se basa en el uso intensivo de capital y tecnología, antes que en la mano de obra.

Ciertamente no es un proceso de despojo directo o expulsión de campesinos, pero tiene consecuencias sobre la mayoría rural compuesta por campesinos e indígenas.

Así, el problema fundamental es la negación de la propiedad y acceso a la tierra a los campesinos pobres y a campesinos sin o con poca tierra. Es un contexto adverso para ellos porque sus demandas de redistribución equitativa de la tierra no tienen posibilidad de materializarse.

En las zonas de expansión cruceña, la población ocupada en la agricultura creció solo en 7% entre los censos 2001 y 2012, mientras que en otros sectores económicos de la misma región aumentó en 93%. Esto ratifica la constatación de que más tierras bajo cultivo no generan oportunidades de acceso a la tierra o empleo para los trabajadores.

En suma, es ineludible preguntarnos, ¿cuál es la contribución de la agricultura comercial para la seguridad y soberanía alimentaria de este tipo de agricultura comercial de las zonas de ampliación de la frontera agrícola?

La producción de materias primas agrícolas para la exportación no tiene relación directa con la seguridad alimentaria nacional y, si esta tendencia no cambia, el abastecimiento de alimentos será más inestable y crecientemente dependiente de las importaciones.


Notas

1. IBCE (2013) Privados aceptan reto de ampliar frontera agrícola con apoyo estatal. http://goo.gl/nrjF4T

2. FAO (2013) Food and Agriculture Organization. FAOSTAT. http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/S

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