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El Decreto Supremo 2366 establece que "se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas".

El afamado diario británico The Guardian lamentó que el gobierno haya aprobado un Decreto Supremo que permite la explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas del país, mientras activistas de derechos de la naturaleza advierten con que la medida "sentencia" al medioambiente en Bolivia. "El gobierno de Bolivia llama al Madidi un ?área protegida?, pero realmente no lo es.

El 75% de sus 1,8 millones de hectáreas, que incluye el parque como tal y el Área Natural de Manejo Integrado, se sobreponen a concesiones de la española REPSOL, la estatal brasileña Petrobras y la boliviano-venezolana PetroAndina", dice The Guardian.

El especialista Jorge Campanini, en un estudio del CEDIB, afirma que "estamos ante un escenario trágico para nuestras reservas naturales, muchas de ellas ya son golpeadas impunemente por la minería y ahora se culmina con esta sentencia final". El Decreto Supremo 2366, del 20 de mayo pasado, establece que "se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas".

Agrega que ello está "vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida". La norma establece que sólo el 1% de la inversión petrolera o gasífera debe ser depositado para el mantenimiento del área protegida en la cual se ha explorado y perforado.

De acuerdo a The Guardian, el CEDIB ha establecido que 11 de las 22 áreas protegidas se sobreponen a las concesiones hidrocarburíferas ya negociadas entre autoridades y empresas. La zona en mayor peligro es el Iñao, donde el 90% del dicho territorio boscoso fue entregado formalmente a las empresas Total y Gazprom de Francia y Rusia, respectivamente.

En el caso de la reserva de Pilón Lajas, más de 85% está en poder de Petrobras y Repsol. En el caso del TIPNIS, región situada entre los departamentos de Cochabamba y Beni, el 35% está abierto para explorar y explotar gas y petróleo. Entrevistado por el citado diario británico, Jorge Campinini, aclaró que el decreto "ha hecho viable" la exploración en las áreas protegidas, sobre las cuales el gobierno ya ha firmado contratos con las empresas.

"El decreto remueve los obstáculos que impedían la aplicación de los contratos firmados con las empresas", dijo Campanini. Por su parte, Carlos Arze, del CEDLA, entidad dedicada a la investigación, dijo que el decreto en cuestión viola los derechos de los pueblos indígenas al permitir actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas habitadas generalmente por indígenas.

El CEDIB denuncia que "alrededor de 24 millones de hectáreas fueron dispuestas como parte de la nueva frontera petrolera que comprende alrededor del 22% del total del territorio nacional y que se superpone sobre 11 de las 22 Áreas Protegidas nacionales existentes en el país".

Carmen Capriles, de la organización Reacción Climática, dijo que "esto es absolutamente la política contraria que esperaríamos del presidente Evo Morales después de sus grandes discursos sobre la Madre Tierra y la Pachamama y cómo deberíamos vivir en armonía con ella".

Teresa Flores, activista de Prodena, expresó que "existe la idea de que este gobierno tiene ideas progresistas defendiendo la Madre Tierra; es todo lo contrario, eso es totalmente falso. Este gobierno está destruyendo el medioambiente más que cualquier otro".

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