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Entre el jueves y el viernes, el ministerio de Derechos Humanos encabezó dos reuniones con especialistas locales y la presencia de funcionarios d Salta que ya encabezó un proceso similar de restitución de tierras a comunidades aborígenes. El objetivo es perfeccionar los procesos de devolución de las tierras en el marco del proyecto de ley que está siendo diseñado a pedido de la presidenta Cristina Fernández para las propiedades de todo el país.

En ese contexto, Misiones podría replicar la creación de una Unidad Ejecutora para gestionar la restitución en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que realiza los relevamientos de tierra en todo el país en donde se asientan comunidades aborígenes. Se trata de una experiencia que ya se puso en práctica en Salta donde se logró la restitución de unas 400 mil hectáreas.

Martín Wierna, coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Provincial para el Relevamiento Territorios de Comunidades Indígenas de Salta, llegó a Misiones junto a Rafael Montaña, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, ambos invitados por el Ministro de Derechos Humanos, con el objetivo de debatir y compartir experiencias en base al anteproyecto de ley de Propiedades Comunitarias Indígenas de la Tierra, el cual se está debatiendo en Nación a través del impuso que lleva adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

"El balance de las dos jornadas fue positivp", manifestó Wierna, quien además comentó el mecanismo que implementan en Salta sobre la temática: "Acompañamos y optimizamos el relevamiento territorial de las comunidades indígenas que ejecuta el equipo técnico operativo de la ley 26160", resaltó.

El trabajo se realiza por intermedio de la reciente Unidad Ejecutora Provincial impulsada por el gobernador Juan Manuel Urtubey para complementar la estructura indigenista que tiene el ministerio de Derechos Humanos acompañando el análisis del anteproyecto propuesto por el INAI.

Actualmente el territorio salteño cuenta con 400 comunidades indígenas compuestas por 13 pueblos distintos, entre ellos; los Wichis, los Tobas y los Chulupí son los más representativos.

Por su parte, el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta sostuvo que el objetivo es "perfeccionar los procesos" de restitución de tierras para evitar futuros conflictos jurídicos entre lo que pretenden los indígenas y la distribución real que se logre.

"Hay que escuchar las experiencias regionales para pensar en una malla de contención social en una provincia con escasas tierras", indicó.

La idea es que se evite en Misiones conflictos como los que vivió Salta a raíz de la intervención del INAI, que, con suele aplicar criterios que chocan con las realidades provinciales, lo que genera una expectativa mayor en las comunidades.

Por ejemplo, una vez culminados los relevamientos, los líderes aborígenes consideran que con eso alcanza para delimitar sus propiedades, mientras que la situación catastral en las provincias suele diferir de los datos relevados.

A través de la Unidad Ejecutora se pretende hacer primar el derecho provincial sobre los recursos naturales, que es reconocido en la Constitución, en paralelo a los de los aborígenes. 

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