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Las instituciones y organizaciones de las regiones Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Puno y Lima, reunidas en Huancayo los días 09 al 11 de setiembre de 2015, hemos revisado y reflexionado sobre la situación actual que atraviesa nuestro país en relación a la problemática del territorio y de las Comunidades Campesinas.

Al respecto luego de intercambiar experiencias de trabajo por el respeto de los derechos fundamentales, nos dirigimos a la opinión pública para plantear lo siguiente:

  1. Los paquetes normativos que se han dictado desde el Poder Ejecutivo y Legislativo especialmente desde el año 2013 hasta la fecha, vulneran de manera sistemática los derechos a la propiedad y posesión de la tierra de las Comunidades Campesinas de nuestro país, limitando las garantías establecidas en la Constitución, Ley de Comunidades Campesinas, Ley de Tierras y normas internacionales que amparan sus derechos como es el caso del Convenio 169 de la OIT vigente desde el año 1995 para el Perú, amenazando con su desaparición
  2. Las actividades económicas principales de nuestras Comunidades Campesinas son la agricultura y ganadería. Éstas son fuente importante de empleo, garantizan la seguridad alimentaria de nuestro país, y son actividades sostenibles, que con un adecuado apoyo técnico del Estado, permitirán a nuestras futuras generaciones seguir gozando de sus beneficios y oportunidades.
  3. Sin embargo el crecimiento desmedido y desordenado de concesiones y operaciones mineras, tanto formales como informales, y otras actividades extractivas, ponen en riesgo las principales actividades económicas desarrolladas por las comunidades y población en general, imponiéndolas sin consultarles ni tomar en cuenta su participación efectiva en las decisiones sobre su modelo de desarrollo.
  4. Hemos constatado con preocupación que la actividad minera ha generado el desplazamiento y reasentamiento de poblaciones enteras, como es el caso de Morococha en la región Junín, donde no se han considerado aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos que están afectando sus derechos en desmedro de su calidad de vida. Se ha quebrado el tejido social de la población, la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que puede generar futuros conflictos sociales.
  5. Comprobamos que los niveles de contaminación en diferentes lugares de nuestro país, van más allá de las denominadas “zonas de influencia directa e indirecta” de los proyectos mineros, cuyos instrumentos de gestión ambiental no cuentan con medidas de prevención y mitigación para dichas zonas, ocasionando graves consecuencias en la salud de las personas e impactos severos en el ambiente, que no necesariamente se visibilizan a corto plazo, debiendo asumir luego el Estado la responsabilidad de los costos que implica su remediación y la atención de las poblaciones afectadas.

Nos unimos al llamado del Papa Francisco en la Encíclica “Alabado seas”, donde nos interroga sobre el futuro: ¿ Qué tipo de mundo le vamos a dejar a los que nos sucedan, a los niños que están creciendo?. Por ello exigimos a nuestras autoridades nacionales, regionales y locales que brinden garantías para el respeto de los derechos de las personas, priorizando una economía que las favorezca, y no ponerlas al servicio de la economía.

A pesar del hostigamiento a las organizaciones comprometidas en la defensa de los derechos humanos y medio ambiente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en defensa de la vida y nuestra casa común.

 

“Dios perdona siempre y olvida, nosotros perdonamos algunas veces, pero no olvidamos. La naturaleza no perdona ni olvida nunca”

Papa Francisco (Encíclica “Alabado seas”)

 

Huancayo, 11 de Setiembre de 2015.

 

Asociación Marianista de Acción Social - AMAS (Otuzco); Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP(Ancash); Centro de Capacitación Campesina – C.C.C.P (Puno); Centro de Promoción de la Mujer – CEPROM (Junín); Diócesis de Chulucanas (Piura); Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES (Cajamarca); Pastoral Social de Dignidad Humana – PASSDIH (Junín); Promoción de la Gestión Rural, Económica y Social – PROGRESO (Piura); Instituto REDES (Junín); Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – REDAD (Piura), RED MUQUI PERÚ.

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