Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Eran las 16:10 cuando el conductor del bus en el que viajaba paró y nos dijo: “La carretera está bloqueada, tenemos que esperar, pueden bajar si desean”.

Una actividad de investigación me llevaba de Santa Cruz de la Sierra hacia las comunidades guaraníes San Francisco e Itatiki, en el municipio de Charagua. Sin embargo, el viaje, iniciado por la tarde del pasado 18 de agosto, no me llevó a mi destino ni cumplió su objetivo. Un suceso en la comunidad de Yatairenda, en la Tierra Comunitaria de Origen Takovo Mora, a 104 Km entre Santa Cruz y Yacuiba, me obligó a cambiar de planes.

¿Por qué las y los comunarios de Yatairenda bloqueaban? Esa inquietud me hizo acercarme al lugar donde la carretera se cortaba. Un guaraní de la comisión de comunicación del conflicto, anticipándose a las preguntas de los pasajeros, explicó con firmeza y en voz alta: “(…) hermanos bolivianos, queremos que nos comprendan, estamos bloqueando porque el Estado no respeta nuestro territorio, se está violando nuestro derecho porque no estamos siendo consultados frente a proyectos petroleros que afectan nuestras vidas (…), hemos luchado por más de 30 años para que nuestros derechos sean reconocidos, pero eso no había sido suficiente. Parece que nuestros derechos están escritos en un papel mojado, por eso nosotros estamos aquí, pidiendo que se respeten nuestros derechos, así como se respeta y protege el derecho de las empresas”. No quedaban dudas sobre la legitimidad de su demanda.

Cerca de una hora después hubo un intenso movimiento “(…) ya vienen los policías a desbloquear, son muchos y están bien armados que las mujeres y los niños se encierren en las casas, que no salgan”, ordenaba un líder guaraní.

En menos de cinco minutos, a 300 metros, los policías recibieron las instrucciones y la voz de mando para la “operación policial”. Rodeando al carro antimotines, un grupo de más de 250 policías avanzaron para realizar el desbloqueo. Los pasajeros comenzamos a subir a nuestros distintos medios de transporte para continuar el viaje.

Al ver la desproporción de fuerzas y la intensidad de los gases lacrimógenos que lanzaban los policías durante el avance, los guaranís que bloqueaban la carretera comenzaron a correr hacia sus viviendas y hacia el monte. No hubo enfrentamiento durante el desbloqueo.

En ese momento, los vehículos que estaban varados comenzaron a avanzar lentamente, con los pasajeros quizá celebrando en silencio la fortuna de no haber presenciado un enfrentamiento. Sin embargo, el alivio no duró mucho. Por la ventana de la flota comenzamos a ver cómo los policías invadían la comunidad, gasificaban, maltrataban física y psicológicamente a la gente, detenían, enmanillaban y golpeaban caras y espaldas de hombres, mujeres, adolescentes y ancianos; –¿Dónde es la casa de tu dirigente?, que aparezca el guarayo ése, porque si no, le va ir peor–, gritaban descontroladamente.

Una potente voz, desde mi conciencia y la fuerza de mi indignación me hicieron bajar de la flota. Vi que los policías abrían las puertas de las casas y echaban gas lacrimógeno para obligar salir a las personas y detenerlas. –Por favor no me lleven, mi hijo es chiquitito y está enfermo–, gritaba una mujer mientras era arrastrada por tres policías desde su casa hasta el vehículo en el que cargaban a los detenidos. Corrí a proteger a la señora, que gritaba sin resultados, y al abrazarla para impedir que la sigan arrastrando, seis policías me redujeron a golpes y luego me subieron a su vehículo. Allí ya había dos mujeres detenidas y ocho hombres. –Esto no puede suceder en el Estado Plurinacional… están golpeando a nuestras familias, ¿dónde están nuestros derechos?–, reclamaba, con impotencia, un dirigente enmanillado y con el rostro ensangrentado.

Indios de mierda

Ya eran las 18:00 y cuando la luz del sol comenzaba a apagarse, el vehículo policial estaba cargado con 21 hombres y cuatro mujeres. Pero, la brutal represión policial continuaba en la comunidad de Yatairenda. Un policía de quien no pude identificar nombre y grado, subió al carro gritando: –Indios de mierda, ustedes son los que no dejan que la patria se desarrolle…– (…) Todos se me callan, el primero que hable o intente moverse, no volverá a su casa”. Después ordenó que los detenidos fueran conducidos a las celdas de la Policía en la localidad de La Guardia (ubicada a 20 Km al oeste de Santa Cruz de la Sierra), jurisdicción del conflicto.

Al momento de iniciar nuestro traslado, un policía que tenía en las manos las “pruebas del delito” (hondas, palos, piedras y una bandera de la Asamblea del Pueblo Guaraní-APG), pidió que sean trasladadas junto a los detenidos. El policía que acababa de amenazarnos aceptó, pero cuando vio la bandera gritó fuera de sí –Carajo, quemen esa bandera…–. Lo que efectivamente hicieron ante la mirada atónita de los guaranís.

Llegamos a las celdas de la Policía de la localidad de la Guardia hacia las 21:00. Nos registraron y luego fuimos arrestados en una celda con capacidad para 10 personas, ahí ya habían 7 detenidos por delitos diversos, con nosotros éramos 28. No había campo para hacer descansar el cuerpo. Así estuvimos más de 30 horas hasta que llegó el momento de la audiencia cautelar donde fuimos liberados sin cargo alguno.    

Entre la rabia y la reflexión

He tenido que esperar que pasen varios días para reflexionar sobre lo vivido, todavía rebasa los límites de mi comprensión y de mi tolerancia que esto haya ocurrido en el marco del proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, donde el pueblo guaraní junto a otros colectivos sociales son parte de los sujetos constitutivos.

En la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora (de la cual es parte la comunidad Yatairenda), como sucede con otras TCO del pueblo guaraní en el Chaco boliviano, el área de exploración y explotación hidrocarburífera está sobrepuesta. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco, a través de empresas contratadas, realiza desde este año actividades de perforación de los pozos DRO-X1003, DRS-X1007, DRS-X1008 y DRS-1009 del bloque El Dorado. Yacimientos ha informado que dio cumplimiento a toda la normatividad vigente en el país para proceder con la actividad. Este es el escenario en el que se gestó el conflicto que generó el bloqueo en la comunidad de Yatairenda.

El pueblo guaraní, amparado en sus derechos constitucionales, reclama que se realice una consulta previa, informada y con consentimiento para realizar la actividad petrolera en su territorio. El gobierno central, por medio de sus voceros ministeriales, junto a YPFB, manifiesta que la consulta no procede, porque los pozos petroleros se encuentran en propiedades privadas.

Los argumentos legales no serán objeto de esta reflexión, pero sí las implicancias sociopolíticas de la represión policial como mecanismo de resolución del conflicto, por parte de un gobierno que conduce el proceso de construcción de un Estado Plurinacional, cuya característica principal es, entre otras, el reconocimiento y protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

El preámbulo de la Constitución Política del Estado (CPE), valorado por el papa Francisco en su reciente visita al país, como la descripción más cabal y poética para proyectar un Estado incluyente, establece esos derechos.

En reconocimiento a su fuente generadora del proceso constituyente y en respuesta a sus acciones reivindicativas durante los últimos 30 años, la misma Constitución reconoce que: “Dada la existencia precolonial de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley” (Art. 2 CPE).

La territorialidad, institucionalidad, identidad y autodeterminación de los pueblos indígenas son complementadas con el reconocimiento de su derecho a la consulta previa e informada ante proyectos que puedan afectar sus vidas y sus territorios, ello, como condición fundamental en la construcción de nuevas relaciones de respeto entre el Estado, la sociedad y la naturaleza, en el artículo 403.

A la luz del marco legal que constitucionaliza los derechos colectivos de los pueblos indígenas, define las bases ideológicas y proyecta el horizonte civilizatorio del Estado Plurinacional, ¿cómo se puede comprender los sucesos en Yatairenda?

¿Un Estado Plurinacional aparente?

Los elementos descritos sobre el suceso de Yatairenda develan la violación de derechos humanos, discriminación, enjuiciamiento político y quema de un símbolo identitario del pueblo guaraní. El Gobierno central justificó los hechos arguyendo que la consulta indígena no corresponde y, por el contrario, sí el uso de la fuerza policial para proteger el derecho de locomoción de los ciudadanos y el normal funcionamiento de la actividad empresarial, ello, relativiza e interpela la coherencia y consistencia práctica de las bases ideológicas y políticas sobre las que se construye el Estado Plurinacional de Bolivia.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Estado monocultural, racista y excluyente y uno que se autodenomina plurinacional, constitucionaliza los derechos de los pueblos indígenas y asume sus principios éticos y morales como horizonte civilizatorio pero, en la práctica ejerce violencia física y psicológica contra niños, mujeres y ancianos de un pueblo indígena que reclaman el ejercicio de sus derechos? Como lo ocurrido en Yatairenda no es el único caso de los últimos años con los pueblos indígenas en el país, ¿es esta recurrencia la expresión de un carácter selectivo y discursivo del Estado Plurinacional que pretendimos construir?

La respuesta a esta interrogante está en la responsabilidad del movimiento indígena de Bolivia para concretar en forma fidedigna el Estado Plurinacional, que debe ser parte central de sus agendas orgánicas para las próximas décadas.

Por ello, “Yatairenda, no debe quedar en la impunidad… Yatairenda debe ser una oportunidad para que el pueblo guaraní junto a los demás pueblos indígenas de Bolivia, recobren su rol y liderazgo en el proceso de construcción del Estado Plurinacional, principalmente haciendo respetar sus derechos”, es el desafío de Julián, reportero comunitario del pueblo guaraní, al momento en que los detenidos recobrábamos la libertad un día después de la cobarde represión policial en Yatairenda, en Takovo Mora.

Ahora estoy otra vez preparando viaje a San Francisco e Itatiki en el municipio de Charagua. Esta vez, espero llegar a destino.

Santa Cruz de la Sierra, septiembre de 2015.

 

(*) El autor es sociólogo investigador y maestrante en derechos indígenas y desarrollo.

“He tenido que esperar que pasen varios días para reflexionar sobre lo vivido, todavía rebasa los límites de mi comprensión y de mi tolerancia que esto haya ocurrido en el marco del proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, donde el pueblo guaraní junto a otros colectivos sociales son parte de los sujetos constitutivos”.

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