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Por Esteban Daza(*1) y Alejandra Santillana(*2)

Organizaciones indígenas y sindicales ecuatorianas protagonizaron este miércoles una nueva jornada de protesta con un amplio pliego de reclamos. Aquí, un recorrido sobre la conflictiva relación entre los movimientos populares y el gobierno de Rafael Correa en estos ocho años de “Revolución Ciudadana”.

El 13 de agosto pasado tuvo lugar en Ecuador el primer Paro Nacional y Levantamiento Indígena que afronta Rafael Correa en sus ocho años de gobierno. Las acciones desplegadas por las organizaciones populares se expresaron en forma de cierre de carreteras, marchas a nivel nacional y toma de plazas.

Dichas acciones manifestaron el disenso entre el proyecto político-económico modernizador capitalista, de corte conservador, llevado a cabo por la Revolución Ciudadana, y la lucha por los derechos laborales, por políticas redistributivas de tierra y agua, por la defensa delos territorios ante la avanzada de proyectos extractivos, contra medidas que condicionan el ejercicio de justicia social. Este artículo busca mostrar brevemente el contexto histórico en el que emerge el denominado “Paro del Pueblo”.

1 – Los tres momentos de la revolución ciudadana antes del paro del pueblo

De las expectativas

Entre los años 2007 y 2009, hay que destacar el ascenso al poder de Rafael Correa que triunfa en las elecciones presidenciales. También es importante la aprobación de una nueva Constitución en 2008, que recogía gran parte de las expectativas de las organizaciones indígenas, sociales y populares. La nueva Carta Magna constituía un punto central en la redefinición del pacto social y la relación histórica que la etapa neoliberal había consolidado y anunciaba un proyecto posneoliberal con horizontes de transformación. Las organizaciones miran este momento como un escenario de posibilidades para llevar un proyecto de transformación por la vía de la democratización, la justicia social y de cambios estructurales.

De las disputas y la radicalización

Una vez aprobada la nueva Constitución en 2008, la autonomía y el proyecto socio-económico que exigen las organizaciones sociales frente a la Revolución Ciudadana entra en contradicción con el plan de industrialización de la economía ecuatoriana. Programa que, bajo la estrategia de “salir del extractivismo con más extractivismo” promueve la expansión de la frontera petrolera y la minera.

La relación con las organizaciones sociales se desarrolla en el marco de la concreción de un proyecto de modernización conservadora con potencialidad hegemónica, impregando por una dinámica de reducción de derechos consagrados en la Constitución y penalizando la protesta social. Desde 2012, gran parte de las organizaciones sociales abandonan la tesis sobre la efectividad de disputar el sentido del gobierno nacional y se declaran en resistencia y en oposoción.

Este periodo finalizará con el nuevo triunfo del “partido” de gobierno en 2013. Correa es reelecto y Alianza PAIS obtiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, marcando un elemento más en la consolidación de un proyecto con potencialidad hegemónica y mostrando no sólo la enorme capacidad de recuperación del correismo sino también las debilidades y errores de la izquierda, que luego de protagonizar una importante movilización no consigue construir un proyecto alternativo de representación política.

De la Plataforma a la construcción de la Unidad

Este último momento está marcado por tres elementos centrales: a) la pérdida de Alianza PAIS en las elecciones de autoridades locales en 2014; b) la caída del precio del petróleo y el déficit presupuestario que evidencia la intocada dependencia de la economía ecuatoriana a la extraccción de materias primas y la economía mundial capitalista; y c) una dinámica presente ya en el tercer momento: la movilización social como mecanismo de denuncia y exigencia de derechos.

Lo distinto de esta etapa es la capacidad mostrada por el campo popular para avanzar en la construcción de la unidad y la creciente movilización y la diferenciación que construyen las organizaciones sociales y populares del proyecto de la Revolución Ciudadana y la derecha neoliberal, aun sin proyecto alternativo programático. En este marco, desde 2012 se han desarrollado una serie de manifestaciones en contra de las políticas del gobierno y a favor de retomar las propuestas que las organizaciones sociales han diseñado para un cambio estructural de la sociedad ecuatoriana.

2 – El “Paro del Pueblo” y la recuperaciòn de la iniciativa política desde las organizaciones

El 13 de julio de 2015, el Colectivo de Unidad de las Izquierdas, conformado por organizaciones indigenas, populares y sociales, anuncia las diez demandas del “Paro del Pueblo”: archivar proyecto de enmiendas constitucionales; derogación de la Ley de Aguas y archivar el proyecto de Ley de Tierras; restablecimiento del sistema de “educación intercultural bilingüe” y libre ingreso a las universidades; rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea; fin a proyectos de minería a gran escala; derogación de varios decretos “antiobreros”, entre otros.

Bajo esta plataforma de demandas, la CONAIE, conjuntamente con el Frente Popular y centrales sindicales como CEOSL y CEDOCUT, inician una marcha el 2 de agosto en Tundayme, territorio en Zamora Chinchipe que atraviesa un fuerte conflicto por la presencia de mineras. La marcha indígena y popular recorre el país desde el sur hasta llegar a Quito el 12 de agosto. La expectativa generada por su llegada a la capital, el apoyo de la población a lo largo de la movilización y la atención de los medios generaron un escenario de apoyo a las organizaciones y una limitada respuesta del gobierno, que repitió el consabido discurso del “golpe blando” e intentó minimizar la acción.

El 10 de agosto empieza el levantamiento indefinido y el 13 de agosto inicia el “Paro del Pueblo”. De forma paulatina, las carreteras del país se van cerrando, mientras una marcha de más de 120 mil personas se daba lugar en Quito.

Es fundamental leer este nuevo momento de la lucha popular en Ecuador como parte del desgaste y agotamiento de la potencialidad hegemónica del correismo, en donde es clave la construcción de una plataforma de unidad popular, indígena y social que busca articular demandas de transformación tanto de la sociedad organizada como de capitalizar el descontento de sectores sin representación política.

De las jornadas pasadas y las que inician este miércoles dependerá el escenario político y social del país de los siguientes dos años, y mostrarán la capacidad y fuerza de las organizaciones para fortalecer su iniciativa popular y frenar las políticas oficiales. Y la madurez que demuestren para construir una agenda programática que potencie la unidad indígena, popular y social.

El escenario futuro se verá influenciado por la situación económica, las respuestas que pueda dar el gobierno y la demostración de su capacidad o no de recuperación como proyecto político nacional. Pero también de las maniobras y avances de la derecha tradicional para volver a ser gobierno y de la estrategia del campo popular para, no sólo capitalizar el descontento en la movilización social, sino además en la conformación de la propuesta alternativa en el escenario 2017. Sin esta última sus posibilidades de negociación y sus condiciones de lucha en un nuevo ciclo será limitado.

*1 Integrante del Movimiento Regional por la Tierra

 

*2 Integrante de la Colectiva Feminista Las Lorenzas

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