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La guerra por el agua se desató a raíz de la promulgación Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua (30157), que busca una mejor fiscalización de la administración del agua y transparentar a las organizaciones de usuarios, al disponer que los dirigentes de las juntas de regantes sean elegidos bajo supervisión de la ONPE y que la Asociación Nacional del Agua (ANA) apruebe los padrones electorales.

Estas medidas que permitirán la democratización y transparencia de las entidades de regantes del país, cayeron como un balde de agua fría en algunos grupos interesados enquistados en la ANA y algunas Juntas de Regantes, que se oponen a la fiscalización y quieren seguir manejando el agua sin ningún control.

Dentro de las Juntas de Regantes hay posiciones marcadas, de quienes están a favor de la norma y quienes están en contra. El jueves 22, los agricultores de la Junta de Usuarios de Supe, Pativilca y representantes de Andahuasi, realizaron una marcha a favor de esta norma y denunciaron que el congresista Fujimorista Elard Melgar, viene promoviendo lobbies para la derogatoria de esta Ley en el Congreso.

El presidente de la Comisión de Regantes Paraíso La Tablada Distrito de Riego Huaura-Lima Provincias, Moisés Apari, advirtió que el interés del citado parlamentario, quien a través de su empresa tiene dos procesos sancionadores con multa según Resolución 273-2014-ANA/TNRCH 274-2014-ANA/TNRCH, se debe a que necesita instituciones débiles sin capacidad de fiscalización para seguir haciendo uso indebido del agua en el Valle de Huaura pues tiene licencia para regar 40 hectáreas, sin embargo en la práctica riega mil hectáreas, lo que le valió denuncias ante el Ministerio Público y el Congreso.

La resistencia

El dirigente sostuvo que el parlamentario Melgar y algunos dirigentes de juntas de regantes, que tienen más de 10 años en sus cargos y se resisten a la renovación, han inducido a engaño a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien ha dicho que se compromete a derogar la Ley 30157, como si todos los agricultores estuvieran en contra de esta norma.

El Presidente de la Junta del Valle de Supe, Héctor Suarez Ríos sostiene que la mayoría de gente ligada a la agricultura está de acuerdo con la esencia de la Ley que propone:

1. Voto Universal, un usuario un voto (con el anterior sistema se contabilizaba un voto una hectárea, y el que tenía 100 hectáreas tenía 100 votos).

2. La ONPE supervisará los procesos electorales.

3. El ANA (autoridad nacional del agua) sancionará las irregularidades que los directivos de las organizaciones de usuarios de agua incurran.

Bajo estas premisas, Suárez pregunta ¿en qué perjudica a los agricultores esta Ley? y considera que la señora Keiko Fujimori no sabe de la problemática de este sector.

El Estado tiene el derecho de dirigir la política hídrica del país y de fiscalizar rigurosamente la gestión de las organizaciones encargadas de administrar la distribución del agua, debido a que manejan un patrimonio nacional (el agua), cobran las tarifas correspondientes y algunas operan los sistemas de regulación hidráulica construidas a costa de todos los peruanos (presas, reservorios, canales y drenes). Por ello es necesario fortalecer la fiscalización.

El ANA se encarga de dar las licencias para las zonas de riego a pedido de quien necesita el agua, pero también de fiscalizar, y las Juntas de Riego se encargan de ejecutar y verificar. Tanto Apari como Suárez, advierten que en estas instituciones se mantienen trabajadores y funcionarios del fujimorismo y el aprismo, que son los que manejan el agua en las zonas agrícolas y los que han instituido la corrupción.

De esta forma, por ejemplo en el caso del congresista Elard Melgar, el ANA le otorga licencia para regar 40 hectáreas, pero riega mil hectáreas ante la complicidad de las Juntas de Regantes, generando un forado cuantificado en 2 millones de soles. “Como este caso hay muchos, y justamente la Ley 30157 quiere acabar con estas prácticas”, sostienen.

El actual régimen en vez de renovar los cuadros, dejó en sus cargos a funcionarios de los gobiernos anteriores que ya habían formado mafias en el manejo del agua y eso se ha consolidado con el tiempo. “Por eso el Apra y un sector del fujimorismo, tienen el control de las juntas de regantes y le dan este recurso a quienes ellos quieren y se los niegan a quienes se oponen a sus intereses económicos y políticos”, dice Apari.

En contra

Por otra parte, quienes se oponen a esta norma consideran que vulnera la autonomía de las juntas de regantes y otras organizaciones. La exautoridad nacional de agua Francisco Palomino García, sostiene que el gobierno busca imponer una organización desintegrada y desconoce y elimina la calidad de asociación de las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA).

Dice que el reglamento elimina la constitución de las OUA y exige volver a constituirse, no define la personería jurídica, elimina a las comisiones de usuarios de las juntas, no respeta la elección democrática de sus directivos, desconoce y viola el código civil, por lo que lo considera “incoherente y contradictoria”.

Los opositores al reglamento de la Ley 30157 sostienen que no se sometió a debate público y ni siquiera fue visto en la Comisión Agraria del Congreso.

Cuestionan que se otorgue el derecho de voto universal y secreto a todos los regantes, por lo cual hasta los morosos en el pago de las tarifas hídricas podrían votar.

Además, están en contra del dispositivo que establece que las asambleas generales tengan una concurrencia mínima del 10% del total de usuarios y para los procesos electorales y afines un mínimo de 35%. Eso lo consideran inviable pues las juntas más grandes tendrían que alquilar un estadio o un coliseo.

La guerra por el agua recién empieza y el gobierno tendrá que hilar fino para evitar que esta Ley, que involucra  al 32% de la agricultura nacional (la que tiene riego) y contiene algunos puntos controversiales que ha generado un encendido debate entre los diferentes actores involucrados con hechos de violencia y paralizaciones incluidas, desencadene en un nuevo conflicto social.


*El colectivo Otra Mirada es una entidad sin fines de lucro que tiene como propósito influir positivamente en el debate y la construcción de la agenda pública en el país mostrando un punto de vista alternativo al dominante en los últimos años. Su objetivo es contribuir al desarrollo de una sociedad justa y solidaria donde las personas y los colectivos puedan desarrollar plenamente sus capacidades, en un Perú y una América Latina libres y abiertos al mundo.
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Fuente: Otra Mirada: http://www.otramirada.pe/fuertes-intereses-desata-guerra-por-el-agua

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