Sudamérica Rural Suscribase

Somos parte de

Artículos de opinión

Agronegocio: práctica y discurso

Enrique Castañón Ballivián

Jueves, 03 Agosto 2017

El caso de Bosque Tsimane

Ismael Guzmán T.

Martes, 18 Julio 2017

Envíe su artículo

Contáctenos

Av. 20 de octubre # 2396, casi esq. Belisario Salinas
Edif. María Haydee. Piso 12
Telf. 591-2-2115952
Casilla Nº 9052
Contacto: ipdrs@sudamericarural.org
La Paz – Bolivia
NIT: 169994029

La ingeniera forestal Isabel Gonzales Icaza advierte que los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en la Amazonía peruana se producen en gran parte por la frágil institucionalidad ambiental y la falta de ordenamiento territorial y forestal.

A ello se agrega que el marco regulatorio sobre la adjudicación de tierras en la Amazonía aún se precisa aclarar y consolidar.

La especialista, miembro de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), observa que la palma aceitera se viene expandiendo de manera importante en departamentos como Loreto, San Martín y Ucayali, donde se la asocia a impactos como la deforestación y el reemplazo de bosques por agricultura.

Un 40 por ciento de los cultivos están a cargo de grandes empresas que en su mayoría han accedido a tierras del Estado, a través del procedimiento de otorgamiento de tierras agropecuarias.

Una parte de estas empresas promueven el cultivo de palma sin elaborar estudios de impacto ambiental “alegando que no le es aplicable la legislación ambiental ni forestal”.

Veces y reveses de la palma aceitera en el Perú

La palma aceitera es un cultivo que los últimos años está teniendo una expansión importante en el mundo y en la Amazonía de nuestro país (San Martín, Ucayali y Loreto). El principal problema asociado a esta actividad es la pérdida de bosques (deforestación), que viene incrementándose debido a una débil institucionalidad ambiental y forestal; la ausencia de mecanismos que incentiven y orienten la producción del cultivo solo en tierras deforestadas; y una legislación que permite el reemplazo de bosques por agricultura tomando en cuenta solo la potencialidad de la tierra, entre otros.

Según el Programa Nacional de Conservación de Bosques, en 12 años el ritmo de la deforestación en el Perú casi se ha duplicado, pasando de 84,000 ha/año en 2001 a 150,000 ha/año en 2013. En regiones como Ucayali, el incremento de la deforestación del periodo 2012-2013 está asociado al incremento de las plantaciones de palma aceitera.

Otro de los problemas asociados a los cultivos de palma aceitera es el empleo de agroquímicos de alta toxicidad, calificados así por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no son manejados de manera adecuada debido a las regulaciones laxas y a la carencia o deficiencia en los instrumentos de gestión ambiental.

¿Ilegalidad en palma?

Se estima que del total de hectáreas sembradas con palma aceitera en el país, un 40% está en manos de empresas grandes, que en su mayoría han accedido a tierras del Estado, a través del procedimiento de otorgamiento de tierras agropecuarias.

En este grupo hay algunas empresas que han obtenido la adjudicación con procedimientos de acuerdo a norma, han cumplido con los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, con las autorizaciones de cambio de uso de suelo, etc.; pero hay otras empresas que han desarrollado el cultivo sin cumplir las normas, han comprado tierras a terceros e instalado el cultivo de palma sin elaborar los EIA, sin tramitar la autorización de cambio de uso, alegando que no le es aplicable la legislación ambiental ni forestal.

Asimismo, aproximadamente el 60% de las áreas cultivadas de palma están a cargo de palmicultores medianos y pequeños, que en la mayoría de los casos han sido promovidos por el propio Estado, presentando la palma como una actividad alternativa al cultivo de coca.

Estas plantaciones se caracterizan por desarrollarse en predios ya titulados, superficies medianas o pequeñas, que se encuentran dispersas y se ejecutan por lo general sin ningún tipo de autorización ni fiscalización del Estado (no solicitaron la autorización para el cambio de uso de suelo, no cuentan con un instrumento de gestión ambiental, etc.). En este grupo hay mucho desconocimiento de las normas; pero también por parte de los funcionarios de las agencias agrarias, quienes tienen mayor contacto con este grupo.

Se evidencia entonces la necesidad de fortalecer a las instituciones públicas vinculadas a esta actividad. Por ejemplo, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, institución clave para esta actividad, que necesita tener más presencia a nivel nacional, contar con personal suficiente, presupuesto adecuado, mapas e información actualizados y adecuados; además de mejoras en la coordinación y capacidad de fiscalización.

De igual manera, algunas Direcciones Regionales Agrarias, en el proceso de adjudicación de tierras a título oneroso para el desarrollo de actividades agropecuarias, como la palma, ejecutan funciones que no les corresponden, como la aprobación de la clasificación de tierras, y los procedimientos por lo general son discrecionales. Asimismo, se ha descuidado la labor de verificación posterior una vez adjudicadas las tierras.

En el caso de la Autoridad Regional Forestal, debería fortalecer los mecanismos de coordinación con la Dirección Regional Agraria para otorgar las autorizaciones de cambio de uso de suelos, fiscalizar el cumplimiento del procedimiento, así como de verificar el destino de la madera que sale como producto del desbosque y el mantenimiento de la reserva forestal (mínimo el 30% del bosque), luego de otorgadas las autorizaciones de cambio de uso de suelo.

En relación al Servicio Nacional Forestal (SERFOR), la normativa continúa permitiendo la eliminación de bosque para el desarrollo de proyectos agroindustriales, estableciéndose criterios de evaluación previa a la autorización de cambio de uso (ecosistemas de alto valor, por ejemplo), pero con un procedimiento complejo y poco claro.

En suma, para contribuir a reducir impactos de esta actividad y proteger los bosques, es necesario fortalecer los procesos de ordenamiento territorial en el Perú y su implementación; aclarar e implementar el ordenamiento forestal; aclarar y consolidar el marco regulatorio relacionado a la adjudicación de tierras en la Amazonía, previendo los impactos que puedan generar en los bosques: actualizar el Reglamento de clasificación de tierras, tomando en cuenta criterios que valoren los ecosistemas presentes y elaborar mapas básicos de clasificación que permitan orientar mejor sus decisiones.

También eliminar la posibilidad de afectación de bosques para el desarrollo de cultivos agroindustriales; crear mecanismos que realmente incentiven, por un lado, las plantaciones de palma y otros cultivos agroindustriales en áreas deforestadas; y, por el otro, desincentiven la producción de palma afectando bosques; y promuevan el consumo responsable de productos con palma aceitera, que no hayan afectado ecosistemas de alto valor.


*Isabel Gonzales Icaza es ingeniera forestal de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Fuente: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, http://www.dar.org.pe/ Twitter: @ONGDAR / Facebook: PERU DAR

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar