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La Articulación por Curuguaty anunció la medida, porque con la ley los poderes Legislativo y Ejecutivo vulneran la independencia y funciones del Poder Judicial.

Hoy entrará en promulgación automática en Paraguay el proyecto de ley en que el Estado acepta la “donación” de las tierras de Marina Kue por parte de la empresa Campos Morombí.

Son la tierras donde el 15 de junio de 2012 se registró la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y 6 policías en un enfrentamiento, que terminó generando una crisis política nacional y la remoción controversial del presidente Fernando Lugo.

La Articulación por Curuguaty anunció el sábado que presentará una acción de inconstitucionalidad, porque con esta ley los poderes Legislativo y Ejecutivo vulneran la independencia del Poder Judicial.

Esto porque mientras el Poder Judicial intenta esclarecer la situación de dichas tierras en al menos dos juicios abiertos, los otros dos poderes sobrepasan esta función y -al aceptar la donación- dan por hecho de que las mismas pertenecen a la empresa Campos Morombí.

El pasado 5 de noviembre el proyecto de ley tuvo su aceptación en el Senado paraguayo y quedó en manos del Ejecutivo su promulgación o veto.

El presidente Horacio Cartes anunció en un primer momento que promulgaría la ley, pero finalmente decidió desentenderse de la complejidad de la situación y anunció que dejaría que se cumpla el plazo(hoy lunes 30 de noviembre) y que el proyecto se promulgue automáticamente.

El proyecto es inconstitucional e irregular

Durante el proceso de estudio del proyecto de ley en el Parlamento ya la Articulación por Curuguaty, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy) y otros actores sociales advirtieron sobre su naturaleza irregular.

En la última semana, la Codehupy pidió al presidente Cartes vetarla, porque de lo contrario estaría cometiendo un acto de inconstitucionalidad.

Las argumentaciones están a la vista, puesto que el proyecto vulnera los artículos 3 y 246 de la Constitución Nacional de Paraguay, que habla de la independencia de los poderes del Estado y de la independencia del Poder Judicial.

Los juicios en desarrollo en el ámbito del Poder Judicial justamente lo que buscan es esclarecer la titularidad de dichas tierras.

La documentación existente reconstruye los acontecimientos que hacen que exista confusión en torno a dichas tierras.

En 1967 la empresa La Industrial Paraguaya donó las tierras al Estado paraguayo, que las aceptó a través del decreto presidencial 29.366. Desde entonces y hasta 1999 un destacamento de la Marina paraguaya ocupó el lugar.

Tras retirarse, las colonias campesinas de la zona solicitaron al Estado paraguayo que ceda las tierras para la agricultura familiar campesina, a lo que el mismo accedió, a través del decreto presidencial 3.532 en el año 2004.

Antes de que esto se concrete, la familia Riquelme, propietaria de la empresa Campos Morombí, usurpó las tierras a través de su influencia política y de procesos judiciales a todas luces irregulares.

Por eso estas tierras y los Riquelme aparecen en el padrón de tierras usurpadas o mal habidas de la investigación que realizó la Comisión Verdad y Justicia, que investigó delitos de la dictadura estronisno y siguientes gobiernos.

Desde entonces el Estado paraguayo y la familia Riquelme entablaron juicios para dirimir la titularidad de las tierras.

En esa situación de las cosas -y a pesar de no contar con el título de propiedad- la familia Riquelme movilizó recursos del Estado paraguayo (fiscales, jueves, más de 300 policías), para realizar un desalojo irregular de la ocupación campesina de las tierras, que terminó en la mayor masacre en la historia de la lucha campesina por la tierra en Paraguay.

El proyecto de ley

El proyecto de ley se llama “Que declara como área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de reserva científica de estricta protección, al área denominada Reserva Natural Yberá, correspondiente a la finca N° 30, padrón N° 61, del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú”.

Fue presentado por el diputado Óscar Tuma y pretende legitimar una situación irregular, absolviendo de sus delitos a la familia Riquelme, incluida la responsabilidad moral que tiene sobre el operativo irregular que originó la masacre de Curuguaty.

Además apunta, al declarar las tierras como reserva, a impedir que en el lugar se asienten colonias campesinas, y de esta manera proteger los latifundios de los Riquelme en el futuro.

El abogado e investigador Abel Areco calificó de irónico que sea la empresa de los Riquelme quien impulse el proyecto de ley de declarar reserva a Marina Kue, cuando también fue quien deforestó la mitad de los bosques del lugar.

Si quieren donar algo, dijo, podrían donar las tierras de la reserva Campos Morombí, vecinas a las tierras de Marina Kue.

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