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El último 20 de noviembre, los quilombolas de la Comunidad Boa Vista, del Municipio de Oriximiná, Estado de Pará, celebraron los 20 años de la titulación de su tierra, la primera en ser titulada en Brasil, en cumplimiento al artículo 68 del ADCT [Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias], de la Constitución brasilera. La titulación pionera de Boa Vista ocurrió siete años después que la Constitución Federal reconociera el derecho de los quilombolas a la propiedad de sus tierras. Desde entonces, la lentitud en las titulaciones se mantiene en el tiempo.

Las 15.298 familias que se encuentran actualmente en áreas regularizadas representan solamente el 7,1% del total de 214 mil familias que la Seppir [Secretaría de Políticas Públicas de Promoción de la Igualdad Racial] estima es la población quilombola en Brasil.

demás de Boa Vista, son pocas las comunidades quilombolas que pueden contar con la seguridad de su tierra titulada. Según un relevamiento de la Comisión Pro-Indio de São Paulo, son sólo 250 comunidades, viviendo en 161 tierras quilombolas ya regularizadas. Un número extremadamente limitado, teniendo en cuenta los más de 1.500 procesos en curso en el Incra [Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria] para la regularización de tierras quilombolas, y de otros tantos que tramitan en los órganos estaduales. El 93% de las familias quilombolas en Brasil aún esperan que el gobierno garantice la efectividad del derecho asegurado en la Constitución Federal.

La mayor parte de las tierras quilombolas fue titulada por gobiernos estaduales (132 titulaciones), con destaque para el Gobierno de Pará (49 tierras) y Maranhão (52 tierras). El gobierno federal, de la presidenta Dilma Rousseff [Partido de los Trabajadores – PT] tituló sólo 14 tierras, 13 de ellas parcialmente. La dimensión de las tierras regularizadas por Dilma suma cifras muy modestas: sólo 4.411 hectáreas.

En entrevista con Adital, el asesor de Programas de la Comisión Pro-Indio de São Paulo, Otávio Penteado, explica que las mayores dificultades en la titulación de las tierras quilombolas viene del hecho de que, durante dos décadas de regularización, el gobierno federal y los gobiernos estaduales no construyeron ni consolidaron una política efectiva de regularización de las tierras, con metas, equipo técnico y presupuesto compatible con la demanda. Los procedimientos fueron tornándose cada vez más burocratizados, dejando a las comunidades vulnerables, mientras esperan la titulación.

"El gobierno no ha mostrado interés para que las tierras quilombolas sean regularizadas, sin una espera de años y años por parte de las comunidades. Hay, por ejemplo, poquísimos técnicos del Incra responsables de procesar los más de 1.500 procesos, y no hay como atender la demanda, a pesar de sus esfuerzos para acelerar la marcha de los procesos”, comenta.

El año 2015 no muestra un escenario diferente, sólo cuatro tierras quilombolas fueron tituladas hasta el 16 de noviembre. Dos por el gobierno federal, a través del Incra, y dos por el Gobierno de Pará, a través del Instituto de Tierras de Pará.

La titulación de tierras quilombolas puede ser aún más comprometida, en el caso que se apruebe la Propuesta de Enmienda Constitucional 215, que altera el Artículo 68 del ADCT, de la Constitución Federal y determina que las tierras quilombolas e indígenas sean regularizadas mediante Ley. Esto significa que la titulación de tierras quilombolas pasaría también a ser atribución del Poder Legislativo, en vez del Ejecutivo, como lo es actualmente.

La Comisión Pro-Indio de São Paulo alerta que la aprobación de la PEC 215 sería otro obstáculo para que los más de 1.500 procesos abiertos en el Incra puedan llegar a ser concluidos.

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