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Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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En los últimos veinte años hubo un aumento geométrico de la megaminería, el agronegocios y la frontera petrolera. Las actividades avanzan sobre nuevos territorios, vulneran derechos y tiene consecuencias sociales, ambientales y sanitarios. Las corporaciones internacionales son las grandes beneficiadas. El Estado su garante. Los gobiernos sus socios.

“Seminario internacional de minería y desarrollo sustentable”, fue el nombre del encuentro político realizado en San Juan, impulsado por la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi -que reúne a las provincias que impulsan la actividad-) y donde dijeron presente las grandes empresas del sector. El invitado principal fue el gobernador de Buenos y candidato presidencial, Daniel Scioli, quién ratificó su apoyo a la actividad y afirmó que “saldrá al mundo” a buscar inversiones para impulsar nuevos proyectos. Entre 2003 y 2015, la actividad aumentó un 1700 por ciento (pasó de 40 proyectos a 700).

Similar situación al modelo de agronegocios (con la soja como estandarte) y al avance de la frontera petrolera, con una legislación a medida de las transnacionales.

Minería

“En los últimos doce años la producción de oro creció un 194 por ciento”, celebró en su discurso en San Juan el ministro de Planificación, Julio de Vido. Precisó que se pasó de 40 proyectos en estudio a 700 y dejó un mensaje para el próximo Presidente: “Los empresarios del sector necesitan de políticas activas promocionales”.

Las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336. En 2012 llegan a 600. Y, en la actualidad, 700 proyectos.

Nunca antes la minería había crecido tanto.

Y mucho tiene que ver el Plan Minero Nacional, presentado en 2004 por el presidente Néstor Kirchner. El secretario de Minería, Jorge Mayoral, destacó que en el país se vive un crecimiento “sin precedentes” de la actividad y llamó a “profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas, organizaciones sociales, académicos y universidades (de Rosario y Córdoba, entre otras). Denuncian el aspecto ambiental, el despojo de los recursos naturales, el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y la falta de consulta a los habitantes sobre qué futuro desean para los lugares donde viven.

Esquel, en 2003, fue la primera localidad que expresó mediante el voto popular su rechazo a la actividad (más del 80 por ciento votó en contra). Y decenas de asambleas, a lo largo de la cordillera, comenzaron a exigir que se respeten sus derechos a decidir.

En 2012, en Loncopué (Neuquén), también se votó respecto a la instalación de una minera de China. El 82 por ciento optó por el no a la actividad extractiva.

En La Rioja no hubo plebiscitos, pero la movilización popular rechazó la instalación de cuatro mineras en ocho años (entre ellas, la poderosa Barrick Gold).

En junio pasado, en el encuentro de la Ofemi en San Juan, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a las grandes empresas internacionales que operan en el país, presentó un documento de diez puntos, casi un pliego de condiciones. Solicitó medidas fiscales en su favor e instó a derogar las leyes que prohíben la megaminería en siete provincias.

En el mismo encuentro, Daniel Scioli firmó la incorporación de Buenos Aires a la Ofemi, explicitó su apoyo a la actividad y prometió a empresario y gobernadores: “Personalmente voy a salir al mundo a buscar las inversiones para llevar adelante cada uno de los proyectos (mineros)”.

Agronegocios

Felipe Solá, secretario de Agricultura de Carlos Menem, aprobó en tiempo récord (menos de tres meses) la primera soja transgénica en Argentina. Fue en marzo de 1996. El Estado no hizo estudios propios. Autorizó el nuevo cultivo en base a informes de la misma empresa solicitante (Monsanto). En Argentina había seis millones de hectáreas con soja. Argentina fue la punta de lanza para la sojización de la región.

Empresas del agro, medios de comunicación y funcionarios publicitaban las ventajas de la “siembra directa”, transgénicos y uso de agroquímicos (entre ellos, el herbicida glifosato).

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia (2003) la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas). En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. La última campaña señala que ya abarca 22 millones de hectáreas (el 63 por ciento del área agrícola).

El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) es un detallado informe de metas de producción, escrito por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias y con colaboración de universidades y empresas. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011.

Detalla la profundización del agronegocios: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (pasar de 100 millones de toneladas anuales a 160 millones de toneladas) y precisa un avance en la superficie sembrada. Pasará de 33 millones de hectáreas a las 42 millones.

Entre los “daños colaterales” del modelo se encuentra el aumento geométrico del uso de agrotóxicos, muy cuestionados por las consecuencias en la salud.

“Evolución del mercado de herbicidas en Argentina”, es el nombre del informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de diciembre de 2012. Detalla que en 1991 se utilizaban 19 millones de litros de herbicidas. En 2011 ya se empleaban 111 millones anuales. En 2011 ascendió a 252 millones.

Nunca antes se habían utilizado tanto agrotóxicos.

El desmonte también va de la mano con el avance del modelo agropecuario. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en 2014 que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. La Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.

A cinco años de la sanción de la norma, en febrero de 2012, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs.

El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

La Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre de 2014 el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.

La disputa por el territorios, desalojos violentos y asesinatos también son consecuencias del avance de modelo de agronegocios sobre comunidades campesinas e indígenas. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo que reúne a ONG, organizaciones sociales y técnicos que trabajan en territorio, en el Norte argentino. Desde 2008 realizan relevamiento de conflictos en las zonas donde trabajan. En el último procesamiento de datos, agosto de 2011, habían contabilizado (para la zona del Chaco argentino) 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y diez casos mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones de hectáreas y son afectadas 1,6 millón de personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos), multiplicados en la última década, a medida que avanzó la frontera agropecuaria sobre el Norte del país.

Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia vuelve. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”, también de Monsanto.

“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció el abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, que realizó una presentación judicial por la aprobación irregular de la nueva soja de Monsanto.

Desde 1996, en Argentina se aprobaron 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont, Dow Agrosciences, Bayer, Nidera y Basf. Todas grandes corporaciones del agro.

Petróleo

El Congreso Nacional aprobó en octubre de 2006 la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos más importantes. “En política hidrocarburífera los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Se mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían las transnacionales”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur (Opsur).

Desde antes de la estatización parcial de YPF (2012) se experimenta un corrimiento de la frontera hidrocarburífera. Una muestra de esa situación es la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos.

YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-2017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias.

Las formaciones de hidrocarburos “no convencionales” (como la muy publicitada Vaca Muerta) suma un cuestionamiento, la extracción con la técnica de “fractura hidráulica” (también llamado “fracking”). Es necesaria la fractura hidráulica de la gran roca que tiene el hidrocarburo, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el petróleo y el gas.

El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, libre disponibilidad de las divisas.

Al día siguiente, el 16 de julio, el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.

Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato es “confidencial”.

“Necesitamos muchos chevrones”, afirmó en público, y reiteradas oportunidades, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi). Fue aprobada el 30 de octubre de 2014 a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. Fue en línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa. Otorga plazos de explotación de hasta 45 años, quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (favorece la concentración del mercado) y establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18).

También permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares (es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929), cifra irrisoria para las petroleras internacionales. Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído, prohíbe la reserva de áreas de producción a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación.

La nueva ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas. Aunque Vaca Muerta está en territorio donde viven más de veinte comunidades mapuches, que tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos. La nueva legislación tampoco regula normas mínimas de protección ambiental.

La Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”. Lamentó que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejó una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.

La nueva ley de hidrocarburos va en línea con la política de los ’90, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.


* Por Darío Aranda. Para el Periódico de la CTA de octubre de 2015.

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