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El lunes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet firmó los proyectos de ley que crearán el Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, iniciativas que existieron después de consultar a los nueve pueblos originarios de Chile para cumplir los estándares internacionales del asunto, aun cuando el conflicto todavía no se soluciona de raíz en lo más mínimo y al parecer tampoco existen mayores propuestas para revertir esa situación.

Durante la ceremonia realizada en el Patio Las Camelias del Palacio de La Moneda, la Mandataria destacó que “hoy es un día en que podemos mirar con mayor serenidad nuestro futuro, porque empezamos a saldar deudas con los pueblos indígenas que hemos arrastrado por demasiado tiempo”.

Frente a esto, nos preguntamos: Si tanto deseaban dejar de arrastrar las deudas históricas que mantienen con el pueblo mapuche, ¿por qué cuando tuvo la oportunidad de juntarse a negociar con representantes de la resistencia prefirió escuchar solamente a dirigentes de organizaciones que no están dentro de las comunidades?

Porque consideremos también que dijo que había llegado el momento de asumir las tareas inconclusas ydar paso a una nueva institucionalidad que ponga la política indígena en la prioridad que corresponde. Esto seguido a más promesas sobre el cumplimiento de los compromisos de Gobierno con las comunidades.

Lo bueno es que la presidenta no se quedó con esa idea del mundo feliz y reconoció que el camino no ha estado alejado de las dificultades y retrasos como lo han dicho en reiteradas ocasiones. “Las grandes tareas rara vez están libres de complicaciones”, expresó antes de hablar sobre la importancia que tendrás las medidas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas mapuche, aymara, rapa nui, quechua, atacameño, yagán, diaguita, colla y kawésqar.

El proyecto espera otorgar la posibilidad de contar con un nuevo orden institucional para abordar los temas de los pueblos indígenas transversalmente, y también tener la capacidad de generar políticas públicas que se adecuen a sus realidades y necesidades.  Entonces su principal tarea será elaborar e implementar la Política Nacional Indígena previa consulta l Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, esto según el acuerdo al Convenio de la OIT.

En este caso, la nueva institucionalidad contempla en su organización un ministro, un subsecretario y Secretarías Regionales Ministeriales para entregar una presencia territorial. Además tendrá un Consejo Interministerial Indígena que podrá articular una visión intersectorial necesaria. Asimismo, lo dotará de más herramientas, se creará el Servicio Nacional de Pueblos Indígenas que sucederá legal y patrimonialmente a la Conadi.

Los Consejos de los Pueblos indígenas serán creación de las iniciativas en cada una de las nueve etnias del país, como entidades autónomas, representativas, participativas y de consulta, para así representar los intereses, necesidades y derechos de los pueblos originarios frente a los organismos del Estado.

Estos consejos serán regidos por ley y por uno o más reglamentos internos, que tendrán que generarse por cada pueblo considerando los valores tradicionales, la cosmovisión simbólica y los elementos de significación cultural que cada uno posea, el número rodea los 69 consejeros y durarán  4 años en el cargo. En el mismo sentido, se va a dar vida al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, entidad autónoma, representativa, participativa y de consulta, que podrá tocar temas que afectarán a todos los pueblos indígenas. Para el bien del Estado y la seguridad también de los escépticos que todavía creemos que la deuda histórica con el pueblo mapuche, tendrá 15 integrantes provenientes de los consejeros por pueblos.

D.M, un joven trabajador social mapuche de La Araucanía conversó con El Ciudadano y manifestó que la iniciativa no es más que una pausa en el problema, expresando que la historia del manejo del conflicto en el interior de La Moneda han evidenciado siempre el poco interés de los parlamentarios por desarrollar respuestas y enfatizó en que “no sirve de mucho, de hecho se puede ver como una distracción para la gente que cree en la solución futura al problema de fondo, cuando en realidad todos sabemos que si el Estado no ha querido entregar una respuesta clara, esta hueá es sólo una medida pa’ mantenernos tranquilitos. Finalmente no se espera nada de ellos, porque si no han querido hacer algo durante mucho rato, ¿Por qué lo van a hacer ahora? Están puro cuenteando a la gente y la solución está en quienes se organizan y combaten al fondo del problema, que es el mismo capitalismo”.

Elías Rodríguez, estudiante de pedagogía básica en la Universidad Católica de Temuco nos comentó acerca de la creación de este organismo y expresó su credibilidad en la medida que se cumplan expectativas básicas de quienes conformen el equipo de reuniones y trabajos opinando que el proyecto quizás sea bueno para que el Gobierno conozca más los problemas de los pueblos originarios, lo que ocurriría si en realidad en el Ministerio  se trabaje a favor de las demandas de los pueblos y existan representantes pertenecientes a las etnias, porque si no, no servirá de nada. “Pero en todo caso, lo ideal sería que la institución  fuese casi aparte de los gobiernos, es decir, independientes de los gobiernos de turno porque de otra manera funcionará para los intereses de los grandes empresarios para los que trabajan los políticos y se seguirán cagando a la gente”.

Como consecuencia de la poca confianza que mantienen los pueblos indígenas con estas iniciativas casi sorpresivas y sin mucho peso del gobierno, los papeles que legitimarán el proceso fueron enviados al Poder Legislativo con la ausencia de consejeros mapuche. Una de ellas fue Ana Llao, quien junto a otros representantes decidieron restarse de la ceremonia, ya que en la materia, ambos documentos presentan grandes faltas en cuanto a la recopilación de información y respecto del sentir de los pueblos originarios de nuestro país.

Catalina Hernández

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