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La anterior Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley de semillas sin precedentes en el continente: prohíbe los transgénicos y tiene como objetivo preservar las semillas criollas y promover la producción agroecológica. Habrá que ver si sobrevive en el nuevo contexto.

Si las grandes corporaciones que dominan el agronegocio mundial logran su objetivo, un campesino puede ser criminalizado por hacer lo mismo que hizo durante toda su vida, siguiendo tradiciones que datan de siglos: conservar e intercambiar semillas.

En momentos en que la mayoría de las leyes relativas al tema tienden a esta criminalización mediante el patentado de las semillas, Venezuela sacudió el tablero. En una de las últimas sesiones con mayoría bolivariana –luego de la derrota del chavismo en las recientes elecciones legislativas–, la Asamblea Nacional Legislativa aprobó una ley que entre otras regulaciones garantiza el derecho de los campesinos. 

En su artículo 14 establece que “la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente se producirá e intercambiará libremente en todo el territorio nacional”, y en el artículo 66 prohíbe “el otorgamiento de derechos de obtentor (la corporación que creó o mejoró genéticamente una semilla) y patentes sobre la semilla, así como cualquier otro mecanismo que promueva su privatización”. En su fundamentación, la ley dice tener como objetivo “preservar, proteger y garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y uso de la semilla, así como la promoción, investigación, innovación, distribución e intercambio de la misma”, desde una visión “agroecológica socialista”.

PUNTO A PUNTO. En su artículo 9 establece: “Queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso, multiplicación y entrada al país de semillastransgénicas”. En el artículo 44 se introduce el concepto de “buen vivir”: “el Estado contribuirá con el buen vivir de la población local, campesina, indígena y afrodescendiente fomentando laagroecología, el uso óptimo de la tierra y de su semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente, libre de agrotóxicos y transgénicos”. Según se detalla en la fundamentación, estas medidas apuntan a “garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, el derecho a una alimentación sana y nutritiva, la conservación y protección de la diversidad biológica, así como la preservación de la vida en el planeta”. Se crean dos institucionalidades diferentes. Por un lado, y como herramienta de fiscalización, estará la Comisión Nacional de Semilla, que tiene como objetivo orientar las políticas públicas en el tema, diseñar un Plan Nacional de la Semilla, controlar el cumplimiento de la ley, y acompañar al otro organismo que ésta crea, el Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente. Este consejo será integrado por las comunidades y grupos de campesinos –lo que es conocido en Venezuela como “poder popular”–. Además, el Estado “reconocerá los maestros y maestras Pueblo” como “productores y promotores de saberes, prácticas y creencias asociados a las semillas locales” e impulsará la educación popular en el tema. Según Ana Felicien, de la coordinadora Venezuela Libre de Transgénicos, este consejo tiene el desafío de “llevar la ley a la práctica”. “Pasamos a la fase de empoderarnos y fortalecer todas las instancias de poder popular lo más que podamos”, declaró a Brecha. Agregó que los desafíos más próximos tienen que ver con la “identificación y construcción de una red de productores”, en medio de un proceso de rescate y producción de semillas criollas en cultivos donde se estaban perdiendo, como la zanahoria, la papa y algunas leguminosas.

TITÁNICA. En 2012 los movimientos sociales vinculados al tema se enteraron por la prensa de que se iba a modificar la ley de semillas vigente desde 2002, tendiente a asegurar las patentes y los derechos económicos sobre las semillas. La nueva modificación profundizaría este proceso, por lo que se pusieron en alerta. Presentaron firmas ante la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico para solicitar participación en el proceso redactor, lograron frenar la aprobación de la modificación y se llegó a un acuerdo para desarrollar un Debate Popular Constituyente. Tras una serie de cinco debates se llegó a la discusión parlamentaria, que terminó aprobando la ley. Por esta plataforma de trabajo y discusión pasaron más de mil personas y 300 organizaciones. Con un fuerte apoyo de los medios de comunicación comunitarios en la difusión, se plegaron al trabajo, además de los movimientos campesinos y productores agroecológicos, grupos de estudiantes, de mujeres, educadores, y promotores del software libre. Estos últimos tuvieron un rol protagónico en la redacción de los artículos vinculados a las patentes. Para Felicien, la aprobación de la ley fue una “lucha titánica”, y el resultado es una suma de “muchas voluntades y trayectorias”. “Esta ley es una ruptura con las leyes de semillas convencionales, que están todas permeadas por el lobby del agronegocio. Logramos poner en un mecanismo legal alternativas bien concretas a las patentes, a través del reconocimiento de los conocimientos de los campesinos, invisibilizados en todas las leyes de semillas que hemos podido revisar”. Para el investigador argentino Carlos Vicente, integrante de la organización Grain, esta ley es “inédita en el continente”, y trascendente por tres motivos fundamentales. Uno: “porque ha sido ampliamente debatida durante los últimos tres años por los movimientos sociales y por lo tanto representa sus intereses y necesidades”. Dos: “porque prohíbe los transgénicos y los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y por lo tanto pone un límite a la amenaza que el agronegocio significa para los campesinos y productores agroecológicos de Venezuela”. Tres: “porque es una luz de esperanza frente a un panorama de retroceso de muchas luchas sociales en las que las leyes de semillas privatizadoras han estado a la orden del día en todo el continente”.

Sin embargo el escenario legislativo ya no será el mismo en Venezuela. La Asamblea Nacional será gobernada por una mayoría opositora al chavismo. Y las críticas desde las asociaciones de terratenientes no han sido pocas. Por ejemplo, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Antonio Pestana, dijo al periódico Última Hora que “es prioritario que se detenga la ley de semillas”, alegando que no fue consultada con los productores y “está siendo aprobada por personas que de manera irracional anteponen sus ideologías, desmotivando la investigación y la producción nacional”. No será fácil sostener la ley. Ana Felicien lo sabe: “La vamos a tener que pelear en la calle. Porque ellos ya declararon que la ley de tierras y la ley de semillas son sus dos primeros objetivos a atacar”. Una modificación de última hora despierta también incógnitas, ya que declaró a la semilla como un bien de dominio público. Según dijo el diputado chavista Manuel Briceño, esto significa que “la tutela de la semilla que se utiliza en el país, toda la semilla, la tendrá el Estado por razones de seguridad agroalimentaria”. La fuerza que tenga la ley dependerá en los hechos de cómo sea defendida, en medio de un continente que avanza en sentido contrario.

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