El abogado y Presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), Henry Carhuatocto, explicó cómo es que la Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible (N°30327) debilita la institucionalidad ambiental y perjudica los derechos de los pueblos indígenas.

Para el abogado, una norma no puede lograr el efecto de mejorar la economía y, mucho menos, cambiar una realidad social como la que se vive en nuestro país, a raíz de los conflictos socioambientales.

En ese sentido, el presidente del IDLADS, resumió esta norma en cinco aspectos para su mejor compresión:

Permisología vs. Tramitología

La norma cambia las reglas del juego para otorgar una certificación ambiental global (CAG) la cual implica una serie de permisos ambientales; ahora se aprueba en 150 días,

“El inversionista que desea un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado, puede obtener permisos ambientales (para iniciar operaciones) en un periodo más corto ya que antes esto requería 400”, precisó.

Línea de base preexistente

Se toman datos e información de 5 años de antigüedad para elaborar un EIA, es decir, que no es necesario un estudio de campo. “Ello supone un riesgo para comunidades indígenas, porque se otorgan servidumbres (uso del suelo y subsuelo) para la actividad extractiva, sin considerarlos, ni a ellos, ni a sus territorios” agregó.

Servidumbre y derechos de vía

Establece que el derecho de vía o servidumbre, una vez titulado, no puede ser afectado.  Entonces, el inversionista queda blindado sin importar si ese lugar, donde se desarrollará la actividad extractiva, pertenece a alguna comunidad.

Sanciones a funcionarios

La Ley N°30327 sanciona penal y administrativamente a todo funcionario público que pueda reconocer y brindar un derecho de propiedad indígena por encima de una servidumbre ya otorgada.

Nueva usurpación

La norma establece un nuevo delito de usurpación para que invada un terreno con derecho de servidumbre. “Si los miembros de una comunidad ingresan a una servidumbre que está en su territorio, podrían ser denunciados y procesados por usurpación”, señaló.

 

 

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