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Cansado de las trabas argentinas a las exportaciones brasileñas, el gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está preparando una serie de medidas de represalia contra la Argentina, informó ayer el diario O Globo. "Se acabó la conversación. Ahora vamos a actuar", advirtió al diario carioca un funcionario de alto rango que pidió el anonimato.

La Nacion intentó ayer en vano hablar con el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Alessandro Teixeira, y con la secretaria de Comercio Exterior, Tatiana Prazeres. "No van a dar declaraciones sobre el tema hoy", resumieron desde la oficina de prensa, intentando bajar los decibeles de la disputa comercial.

Sin embargo, desde la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), ratificaron el enojo del gobierno brasileño y confirmaron que se está estudiando un contraataque, que incluiría obstáculos para el ingreso de productos argentinos a Brasil, la suspensión de las negociaciones sobre inversiones en la Argentina y hasta un recurso ante la Organización Mundial del Comercio. "Nuestro límite de tolerancia explotó e iremos por la retaliación. El gobierno está analizando cuáles serían las medidas más efectivas. Si lo que el gobierno argentino quiere es una guerra comercial, la tendrá", dijo a La Nacion Roberto Giannetti, director de Comercio Exterior de la Fiesp, y aseguró que los exportadores tienen todo el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Desarrollo, de la Jefatura de Gabinete y de la misma presidenta.

Tras la detención de los camiones brasileños en la frontera argentina, el aumento de las licencias no automáticas de importación y los obstáculos a la exportación de maquinaria agrícola brasileña, la nueva disputa comercial tiene carácter sanitario. Según denunció la Fiesp, varias empresas brasileñas de pastas y golosinas tienen varados sus productos en depósitos en la Argentina por falta del certificado sanitario de libre circulación, que el Instituto Nacional de Alimentos se ha demorado en entregar.

"Normalmente, es un trámite que demora unos cuatro o cinco días; ahora llevan más de 30 días sin entregarlos y las empresas reciben amenazas de multas por no tenerlos. Mientras tanto, millones de dólares en mercadería con plazos de vencimiento sensibles se están echando a perder en los depósitos -explicó Giannetti-. Estamos indignados; eso no se hace entre socios comerciales. Pareciera que estuviésemos tratando con adversarios."

Unos 15 fabricantes brasileños tienen paradas mercaderías por un valor de US$ 5,2 millones. La firma de chocolates Bel, por ejemplo, tiene varados productos por US$ 400.000; Docili, por US$ 250.000, y la empresa de caramelos Riclan, por 500.000 dólares.

De acuerdo con datos de la Fiesp, la mitad de los exportadores brasileños que negocian con la Argentina han registrado problemas en los últimos años. Desde 2008, la Argentina aumentó de manera significativa la lista de artículos con licencias no automáticas. En 2008 había sólo 53 ítems en la nómina; hoy hay 577, y las licencias se demoran ahora hasta cuatro meses en ser aprobadas.

"Lo que la Argentina hace es un problema interno de ellos, pero tenemos que buscar rever la situación", comentó la semana pasada Alessandro Teixeira al diario Zero Hora, haciéndose eco de las quejas de los fabricantes de maquinaria agrícola, que a raíz de las trabas argentinas están perdiendo cada vez más negocios y despidiendo empleados.

Fuentes del Ministerio indicaron que existe gran preocupación por la errática actitud argentina, que atribuyen al ambiente electoral. "Como parte de un acto de campaña, están llevando adelante un proteccionismo abusivo para defender su industria, pero al final eso les repercute también en un alza de precios y un aumento de la inflación", señalaron.

Para la Fiesp, lo peor es que los cambios en las reglas de juego no están plasmados en regulaciones concretas. "No hay nada escrito; son todas órdenes verbales", se quejó Giannetti. Al preguntársele si se refería a disposiciones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, prefirió no dar nombres. "No quiero entrar en conflictos personales, pero el gobierno argentino sabe muy bien quién está detrás de todo esto", dijo.

Reacción

En Buenos Aires, el Gobierno destacó que en la comisión bilateral de monitoreo del comercio -que encabezan Teixeira y el secretario de Industria argentino, Eduardo Bianchi- "no hay registro de ninguna queja formal por parte de empresarios brasileños". Anteayer, la ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió al alto representante general del Mercosur, Samuel Pinheiro Guimarães, y al embajador de Brasil, Enio Cordeiro, "quien no refirió inquietud alguna" sobre trabas a las exportaciones brasileñas, destacaron fuentes oficiales.

En 2011, destacan en el Gobierno, las ventas brasileñas a la Argentina crecieron un 35% interanual. Y advierten que las quejas por los obstáculos a las golosinas (cerca de US$ 5 millones) representan un mínimo porcentaje de los US$ 6532 millones importados en todo el cuatrimestre.

Fuentes del Ministerio de Industria apuntaron al sector privado brasileño y descartaron que el malestar llegue al gobierno de Rousseff. "Aplicando la misma lógica, muchas pymes argentinas tienen serias dificultades en el ingreso de sus productos al mercado brasileño, como por ejemplo, la leche en polvo y distintos electrodomésticos (que están tácitamente vedados por la asociación de fabricantes de productos electro-electrónicos de Brasil)", indicaron. Otro caso de malestar argentino es el de Iveco, que desde hace tres años espera que el Banco de Desarrollo brasileño (Bndes) financie la venta de sus camiones para no quedar excluido de ese mercado.

El canciller brasileño, Antonio Patriota, y la secretaria general designada de la Unasur, la colombiana María Emma Mejía, descartaron este lunes que la creación de un "Acuerdo del Pacífico" entre Colombia, Chile, México y Perú genere un conflicto con la integración regional.

Los presidentes de Colombia, Chile, Perú y México se darán cita el jueves en Lima para suscribir un Acuerdo del Pacífico, que busca crear políticas conjuntas con miras a conquistar mercados, especialmente en Asia.

Esa iniciativa "lo que hace es sumar" y "muestra el dinamismo de la región", dijo la secretaria designada de la Unasur, en breve declaración a la prensa.

"No vemos conflicto" en esa iniciativa, dijo el canciller brasileño, citado por el portavoz Tovar da Silva Nunes. "Existe un proyecto de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y esos países que se están asociando -en el Acuerdo del Pacífico- están con nosotros", añadió.

"Yo no veo a Colombia intentando crear una alternativa a la Unasur -que aglutina a 12 países de la región- o al Mercosur", afirmó en esa misma tónica el asesor internacional de la Presidencia brasileña, Marco Aurelio Garcia, al diario Folha de Sao Paulo de este lunes.
 
El rotativo consideró que el "Acuerdo del Pacífico" significa la creación de un "bloque liberal" que será "contrapunto a la hegemonía de Brasil" y del Mercosur en la región, y también una reacción al ALBA.

Mejía se reunió con Patriota en la cancillería brasileña y participará en Brasil esta semana de un encuentro del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planificación (Cosiplan).

La inversión en infraestructura es una de las prioridades de Brasil dentro de la Unasur, para fomentar la participación en esas inversiones de países de fuera de la región, como China, explicó la cancillería.

Mejía anunció que visitará los 12 países de la Unasur y que su equipo trabajará en conjunto con el del secretario general designado que la sustituirá dentro de un año, el venezolano Alí Rodríguez.

La Confederación Nacional Campesina denunció que el Gobierno Federal prepara el "tiro de gracia al campo mexicano" con la firma de un acuerdo comercial con Brasil, ya que representa una "amenaza" para la agroindustria azucarera, la avicultura y ganadería; la producción de café y de granos como el maíz de México.

El diputado Gerardo Sánchez García, presidente de la CNC, exigió a la Secretaría de Economía reconsiderar su actitud y escuchar la advertencia de la central y del Consejo Nacional Agropecuario acerca del acuerdo comercial de este tipo con el tercer país exportador de alimentos en el mundo.

Además, la Confederación condenó las declaraciones del senador panista Eduardo Nava que acusó a los campesinos de flojos y no trabajar la tierra, cuando, dijo el cenecista, los incapaces están en el Gobierno Federal que todo lo quieren arreglar desde sus escritorios y lo que hacen es tratar de hundir al campo como en este caso.

Por lo mismo, la organización anunció que profundizará su definición ideológica nacionalista para evitar con Brasil los errores cometidos con Estados Unidos y Canadá, puesto que se requiere proteger a la agricultura mexicana y no tener una dependencia alimentaria que en la actualidad rebasa ya el 50%, lo que pone en riesgo la soberanía del país.

Gerardo Sánchez agregó que al país sudamericano no se le puede entregar nuestro mercado de biocombustibles que representa más de 26 mil millones de pesos anuales, con los que se pueden generar empleos en las zonas marginadas del país, por lo que la firma de un tratado comercial con los brasileños se tiene que manejar con mucho cuidado.

De manera particular, precisó, los avicultores han alertado sobre las claras desventajas para esa rama de producción, ya que actualmente Brasil es el tercer productor mundial de pollo y pavo.

Además de que el mayor riesgo para la ganadería es de tipo fitosanitario, pues hay que recordar la devastación causada en el siglo pasado por la fiebre aftosa que contagió a México y casi acabó con el hato ganadero.

Para el diputado por el estado de Guanajuato, el campo mexicano no está en condiciones de competir con un gigante, ya que allá, por ejemplo, una sola persona puede poseer hasta un millón de hectáreas mientras que en México el 80% de los agricultores son minifundistas con apenas 5 hectáreas.

Sánchez García destacó que las condiciones de los dos países son totalmente diferentes: En Brasil la renta de tierra se hace de manera impresionante; muchos ingenios son propietarios de los predios donde se siembra la caña, lo que habla de una situación agraria completamente diferente.

El líder de la CNC aclaró que habrá algunos casos en los que se pueda participar, sectores que resulten beneficiados, pero en cuanto al campo Brasil es muy superior a nosotros y así no conviene. En materia agropecuaria se tiene que ver con 'pincitas'; se tiene que analizar con mucho detalle y aceptar aquellas cuestiones, por ejemplo las hortalizas, que sean beneficios para los productores nacionales.

En los ocho años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se homologaron en Brasil apenas 88 tierras indígenas, según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) que observó este período como el más violento de las últimas décadas.

"No se estructuró una política para demarcar, proteger y dar asistencia efectiva a los pueblos indígenas. No fue prioridad del gobierno la solución de los conflictos agrarios", sentenció el vicepresidente del CIMI, Roberto Antonio Liebgott.

De acuerdo con datos del Comité de Organización de Informaciones de la Presidencia, Lula homologó hasta 2009 tierras que ocupan un área de más de 18,6 millones de hectáreas.

Estos datos no coinciden con los del CIMI, un organismo vinculado a la católica Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que apunta cerca de 14,3 millones de hectáreas homologadas desde 2003.

Un monitoreo más reciente, con informaciones del CIMI y de la gubernamental Fundación Nacional del Indio revela que en los dos mandatos de Lula se demarcaron 88 tierras indígenas.

Esta cifra equivale a 60 por ciento de lo que logró la administración de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), con 147 áreas homologadas (más de 36 millones de hectáreas). E incluso se queda corta respecto del breve mandato de Fernando Collor de Mello (1990-1992), cuando se demarcaron 128 tierras indígenas, que comprendían casi 32 millones de hectáreas.

La identificación y demarcación de tierras indígenas obedece a principios establecidos por la Constitución de 1988. Hasta ahora hay 986 de estas tierras demarcadas.

La demarcación es el medio administrativo para definir los límites de un territorio tradicionalmente ocupado por los pueblos indígenas. La legislación brasileña de 1996 vino a agilizar ese proceso. La homologación -el decreto que legaliza la demarcación--es el paso último.

La etapa más lenta y engorrosa es la fijación de los límites definitivos y el pago de las indemnizaciones por expropiaciones, que puede llevar décadas.

"El plazo para todo ese proceso debería ser de no más de año y medio, pero nunca he visto un caso que se aproximara a esto. Normalmente lleva 15 o 30 años", subrayó Liebgott.

El caso más polémico bajo el gobierno de Lula fue el de la reserva Raposa Serra do Sol, en el norteño estado amazónico de Roraima, en la que viven cerca de 20.000 indígenas de cinco etnias, aunque predomina la macuxi.

Raposa, de 1,7 millones de hectáreas ubicadas en la frontera con Venezuela, se volvió el foco de polémicas y disputas con productores rurales.

La lucha por el reconocimiento de Raposa empezó en la década de 1970 y atravesó decenas de acciones judiciales. En 2005, Lula decretó su homologación, pero la decisión fue acusada de inconstitucionalidad y acabó sometida a juicio ante el Supremo Tribunal Federal, que la ratificó en marzo de 2009.

El estado carece de una agenda de políticas indigenistas, sostiene el antropólogo Marcos Braga, del Instituto Insikiran de Formación Superior Indígena de la Universidad Federal de Roraima.

"Hay acciones puntuales y pulverizadas entre los ministerios. Lula se había comprometido a crear un ministerio de los pueblos indígenas, pero no hubo avance en ese sentido", criticó el estudioso de la Amazonia y la temática nativa.

Sin embargo, Braga destacó que Raposa Serra do Sol fue un hito del recién concluido gobierno. "Lula tuvo el coraje de hacer lo que Collor y Fernando Henrique (Cardoso) dejaron para atrás", sostuvo.

Para Braga, otro punto positivo fue la creación de la Secretaría Especial de Salud Indígena, asociada a la Presidencia, que asume la responsabilidad de concebir políticas públicas de protección sanitaria para esta población. "Ésta era una vieja lucha", indicó.

El presupuesto para la salud indígena también evolucionó. A fines de los años 90 sumaba cerca de 50 millones de reales (30 millones de dólares), mientras el actual volumen de recursos alcanza a 300 millones de reales (170 millones de dólares).

Pero los últimos ocho años se caracterizaron por una violencia creciente contra las etnias nativas, indica el CIMI. Entre 2003 y 2010 se denunciaron 437 asesinatos.

El año más sangriento fue 2007, con 92 indígenas asesinados. En el primer mandato de Lula (2003-2007) se registró un promedio anual de casi 45 muertes.

En el segundo período del mandatario, concluido el 1 de enero de 2011, los años 2008 y 2009 fueron los peores, con 60 asesinatos cada uno. Según datos preliminares de 2010, al menos 45 indígenas habrían sido muertos por conflictos territoriales.

"Lula no saneó el problema. La omisión del gobierno federal fue grave", dijo Liebgott. Esa administración "priorizó la alianza con sectores productivos, como el agronegocio, y con los grandes grupos económicos. Y en relación a los segmentos sociales, Lula priorizó sofocar el conflicto para apaciguar los ánimos", criticó.

Pero Braga relativizó estos datos. Hubo más conflictos territoriales porque los nativos retomaron la afirmación de su identidad, argumentó.

"Los pueblos indígenas reasumieron su memoria colectiva. Es ahí cuando empezaron los conflictos, porque se elevó el número de luchas por las tierras", dijo. Se trata, indicó el antropólogo, de un regreso a las raíces. "Donde hay conflicto, hay violencia".

Pero si Lula hubiera agilizado la regularización agraria y organizado una agenda de políticas, habría muerto menos gente, criticó. "Falta una visión sistémica de políticas públicas más integradas", resaltó.

Brasil, un país de más de 190 millones de habitantes, tiene cerca de 736.000 indígenas en 242 etnias.

 

Foto: Alejandro Arigón / IPS

 

A principal meta do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) na gestão da presidenta Dilma Rousseff é a integração das políticas da agricultura familiar às políticas de combate à pobreza e de inclusão social e o diálogo com os movimentos sociais.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3) pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, durante solenidade de transmissão do cargo realizada em Brasília. Florence destacou o combate à miséria extrema como foco da próxima gestão. "A presidenta Dilma estabeleceu esse objetivo como primeiro por meio de um conjunto de políticas para o campo e para a cidade; adensando a cadeia produtiva, garantindo crédito, comercialização justa e assistência técnica, além da continuidade e aprofundamento da política de reforma agrária e acesso à terra".

Florence garantiu a continuidade do "programa de mudanças" desenvolvido nos últimos oito anos. "Temos tido a capacidade de implementar políticas que reparam e constroem um horizonte afirmativo para todos os brasileiros. Nosso compromisso é com a continuidade desse processo."

O ministro destacou que o fortalecimento e aprofundamento de todas as políticas do MDA são fundamentais para manter o diálogo com os movimentos sociais. "O MDA tem uma experiência profícua de relação com os movimentos sociais e vamos manter os canais de negociação. O objetivo é único: uma pátria livre, soberana e de todos onde a agricultura familiar permita que tenhamos um país mais generoso."

A transmissão do cargo a Florence foi feita pelo ex-ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Guilherme Cassel, que fez um balanço dos oito anos do governo Lula. Cassel destacou a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares no período como fator determinante para o sucesso do setor responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil.

"Fomos capazes de reinventar o Ministério e fazer chegar políticas que sempre haviam sido negadas aos agricultores familiares", frisou Cassel, referindo-se ao acesso à terra de 840 mil famílias e ao fortalecimento da comercialização, do crédito e da assistência técnica. "Talvez nosso principal legado seja o fato de que devolvemos para o Brasil uma agricultura familiar que estava escondida e uma reforma agrária que era tida como improdutiva. Devolvemos a autoestima do agricultor familiar."

Perfil

Natural de Salvador (BA), filho de professores da rede pública estadual, Afonso Florence tem 50 anos. É casado, pai de dois filhos e formado em História pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde também fez mestrado na área. Militante histórico do PT, sua trajetória é marcada pelo compromisso com as lutas sociais e do campo.

Eleito em 2010 deputado federal com mais de 143 mil votos, Afonso Florence iniciou a militância política na UFBA, onde presidiu o Diretório Central dos Estudantes. Ainda na Universidade, foi servidor público; pesquisador e diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO). Também foi professor da Universidade Católica de Salvador (UCSal) e coordenador do Programa de Pós-graduação em História.

No governo Jaques Wagner, Afonso Florence esteve à frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. Sua gestão foi marcada pelo diálogo com os setores sociais e compromisso com a universalização do acesso aos serviços públicos. Coordenou o Programa de Habitação da Bahia - Casa da Gente e teve atuação decisiva na elaboração e execução do Programa Água Para Todos - o maior programa de abastecimento de água do país, que contemplou mais de 2,5 milhões de pessoas com ligações de água e esgotamento sanitário no estado.

 

Foto: Eduardo Aigner