En abril del 2013 el Vicepresidente García Linera anunciaba la decisión gubernamental de abrir las Áreas Protegidas a la actividad hidrocarburífera; lo que no decía en ese en tonces el Vicepresidente es que un año antes, ya el gobierno había definido la mayor superficie jamás dispuesta para actividades petroleras. Alrededor de 24 millones de hectáreas fueron dispuestas como parte de la nueva frontera petrolera que comprende alrededor del 22% del total del territorio nacional y que se super pone sobre 11 de las 22 Áreas Protegidas nacionales existentes en el país.Actualmente de las 18.271.699 ha de superficie protegida existente a nivel nacional, 3.043.797 ha son afectadas por la superposición de contratos petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de YPFB 3 que están a disposición de las petroleras extranjeras. Es decir que cerca al 17% de lo que constituye el SNAP 4es ahora una zona de extractivismo o donde ya se realizan actividades petrolerasAnte la promulgación del DS 2366 del pasado 20 de mayo el panorama es desolador. Este decreto es parte de un paquete que se ha venido desarrollando desde hace tiempo para vulnerar los derechos y los esfuerzos por mantener una zona de protección ecológica. Parte de este paquete fue el de reducir a un simple trámite administrativo el proceso de consulta a los pueblos in dígenas para actividades petroleras (DS 2298 de marzo, 2015) y que fue antecedido por el de otorgación de compensación por impactos ambientales en TCO 5 (DS 2195 de noviembre de 2014). En el DS 2366 solo se deja a resguardo del extractivismo petrolero, las de Santuario y Monumento Natural, además de los sitios RAMSAR. Pero en el primer caso no existe ninguna AP nacional que tenga esta categoría, es decir de las 22 áreas que componen el sistema, todas estarían expeditas para que se desarrollen actividades petrole ras, incluyendo las que por DS 24781 de 31 julio del 9 son consideradas de máxima protección: los parques nacionales, donde está prohibida la realización de actividades extractivas y consuntivas y solo se permití legalmente hasta ahora la investigación, ecoturismo y educación ambiental; a partir de hoy la prohibición pasó a ser historia pues la disposición final del DS 2366 se encarga de anular cualquier normativa previa exis tente que tenga el mismo rango.