El mandatario uruguayo presentará hoy ante el Consejo de Ministros el polémico proyecto, a pesar de las críticas de miembros del Gobierno y la oposición. Se trata de un impuesto a los grandes productores rurales, que en total poseen el 35% del suelo uruguayo.
El Consejo de Ministros tratará hoy en su habitual reunión de los lunes el proyecto, que incluye modificaciones de puño y letra del vicipresidente Danilo Astori.
El mandatario propone aplicar un impuesto a los grandes productores en proporción a la superficie de campos que posean, con un mínimo de ocho dólares por hectárea y hasta 16 para los que superen las 10 mil hectáreas.
Lo que se recaude -unos 60 millones de dólares anuales, según estimó- se destinará a financiar mejoras en la infraestructura y caminos rurales. La norma alcanzará las posesiones de más de 2 mil hectáreas.
"En términal generales hay un acuerdo básico. Es una franja muy pequeña de gente, serán 1.200 empresas que equivalen al 35% del suelo nacional y que han recibido históricamente un enorme beneficio con la multiplicación que significa la tierra", dijo Mújica ayer en declaraciones al canal 10 de Uruguay
Por su parte, la Asociación Rural del Uruguay -una de las entidades de productores agropecuarios más influyentes- cuestionó con dureza la intención de Mujica de establecer ese nuevo gravamen. "Este es un cambio de reglas. Y nos afecta a todos. Puede ser un cambio de confianza y marcar un sesgo en materia de inversión", advirtió el presidente de esa gremial, José Bonica.
Las tierras de uso agropecuario en Uruguay alcanzan aproximadamente las 16 millones de hectáreas.
Según estimaciones del Gobierno, en los últimos años, se dio un proceso de concentración de la propiedad de los campos, y actualmente cerca de un tercio están en manos de 1.100 empresarios que explotan cada uno más de 2.000 hectáreas.
El vicepresidente Astori junto con los ministros de Economía, Fernando Lorenzo; de Ganadería, Tabaré Aguerre; y de Transporte, Enrique Pintado, habían elaborado un diseño alternativo al de Mujica para la suba de aportes del campo.
"Si el impuesto a la tierra tiene los efectos negativos que pienso que puede tener, puede afectar el valor de la tierra y dificultar el mantenimiento de los altos niveles de productividad", advirtió Astori.
Astori estaba de acuerdo en que el sector rural pague más, pero no con las reglas que planteaba el gobernante. Es partidario de que el campo pague con relación a lo que produce y a la rentabilidad de las tierras en vez de su tamaño. Esta propuesta era bien vista por algunos sectores del oficialista Frente Amplio (FA) y de la oposición.
