El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Juan Camilo Restrepo Salazar, anunció el fortalecimiento del programa "Mujer Rural" para acelerar la equidad de género y mejorar las condiciones de vida de las campesinas colombianas.

Tendrá mayores facilidades y posibilidades de acceder a la educación, a tecnologías de la información y de la comunicación así como a todo un programa de empresarización y apoyo a la asociatividad.

El anuncio lo hizo ayer en la Conferencia Mundial de la FAO que se realiza en Roma y en donde ejerce como uno de sus vicepresidentes. Explicó que la mujer rural tendrá prioridad en el proceso de restitución de tierras a las víctimas del despojo y será protagonista de primer orden en el manejo de la locomotora del agro y del desarrollo sostenible de lo rural.

"El gobierno de Colombia está convencido de que esta locomotora debe reconocer, articular, promover y potenciar el rol de la mujer rural como gestora de desarrollo local, líder de procesos empresariales, protagonista clave en el proceso de modernización del campo y del mejoramiento de la productividad y en especial, como garante del proceso de devolución de tierras, el retorno al campo y el fortalecimiento de la identidad cultural campesina, muy enraizada en el sector rural", subrayó en la FAO el ministro Restrepo Salazar.

Panorama

Según datos del Dane, las mujeres constituyen el 52% de la población colombiana; 54% se ubica en zonas urbanas y 46% en zonas rurales. De éstas últimas, las mujeres rurales, 19.8% son jefes de hogar.

Las actividades económicas de la mujer rural se han diversificado en los últimos años, dedicándose a labores domésticas, agropecuarias y no agropecuarias.

Ellas se encargan de buena parte de la producción de alimentos, la cría y cuidado del ganado y especies menores. Juegan un rol cada vez mayor en el sector comercial y agroindustrial, en las artesanías y la floricultura, y es indudable su contribución en asuntos comunitarios.

Restitución

Por otro lado, afirmó el ministro Restrepo que es imposible que el Gobierno pueda llevar a cabo la implementación de su política de tierras y de desarrollo rural, sin que la mujer rural tenga un lugar privilegiado en este proceso, ya sea como beneficiaria directa, accediendo a tierras, a formalización de las mismas o a acciones de desarrollo rural, o como garante, veedora y protectora del mismo proceso.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ordena a los jueces dar prioridad a los casos de solicitudes restitución y formalización de tierras que involucren derechos patrimoniales en cabeza de mujeres y especialmente las que son madre cabeza de familia. Esta población será la primera en atenderse de manera diferencial y con un protocolo especial diseñado para ellas.

Así, con la Ley de Víctimas se ordena la aplicación inmediata de la Ley 731 en los procesos de restitución, hecho que implica que además de restituirles los predios a las mujeres desplazadas, el Estado le brinde las herramientas necesarias como lo es la posibilidad de acceso a subsidios, créditos y programas especiales de estímulo a las mujeres rurales, de tal manera que en su retorno al campo sean gestoras y núcleo fundamental de un desarrollo agrario provechoso para la economía del país y para su desarrollo personal.