La nueva versión del Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica muestra una nueva etapa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la atenuación de medidas restrictivas y las masivas campañas de vacunación que han contenido la crisis sanitaria y los países comenzaron a hablar de la reactivación económica. Lo que se ha observado en muchos territorios rurales, tiene que ver con la gestión de los recursos naturales para acoger a la población que huyó de la precariedad urbana en pandemia y decidió retornar al campo. También tiene que ver con múltiples aprendizajes, respecto a la potencialidad del control territorial, la medicina y saberes tradicionales, y hasta el uso del internet para resolver problemas, distancias y tejido social. No obstante, resalta en este periodo la firme acusación de genocidio de los pueblos indígenas del Brasil, que resintieron más que cualquier otro sector social, la desatención de parte del sistema sanitario por decisión política de su gobierno federal.
Junto al inicio de la reactivación económica, objetivo central de los gobiernos, se presentan dos rasgos fundamentales, el estancamiento y hasta retroceso en la implementación de las políticas sobre distribución y acceso a la tierra para campesinos y territorios para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; y también, la agudización de la violencia en el ámbito territorial.
Si el año 2020, las demandas por tierra y las actividades de distribución de la tierra se detuvieron por la pandemia, en el año 2021 se mantienen ínfimos avances e inversiones en el tema. Si bien en Perú se está desarrollando una segunda reforma agraria, no se notan cambios ni avances en el acceso y titulación de tierras y territorios colectivos, algo similar ocurre en Chile, cuyas políticas e instituciones ordenan el incentivo a la seguridad jurídica, pero en la práctica, no se tienen presupuestos ni ejecuciones suficientes. En el caso argentino y ecuatoriano, se notan pocos avances y mayormente en la regulación de documentos previos a la titulación, o más bien, avances en la titulación individual, con vistas a mayor acceso a crédito e inversiones; es decir, con la tendencia a sumar a las familias campesinas al modelo del agronegocio. Una situación que se ve como retroceso es el que genera el programa Titula Brasil que promueve una contrarreforma agraria, para no comprometer recursos a asentamientos y pueblos indígenas, e incentivando el acaparamiento de tierras.
Respecto a la proliferación de la violencia, Colombia no ha visto reducirse la persecución y asesinato de líderes, campesinos e indígenas, las cifras señalan más de 200 asesinatos y casi 100 masacres en este año. Esta situación responde a un complejo de intereses por el control de los territorios y las poblaciones, que no ha sido resuelto con el desarme de la guerrilla y los acuerdos de paz, en una implementación que genera dudas por la falta de asertividad y respuesta de las partes en conflicto.
Además de los grupos armados, paramilitares, narcotráfico, se tienen a las industrias extractivas de minerales y otros recursos, que aumentan la violencia y determinan la actuación o no de determinadas instancias públicas por intereses económicos. Analizando el resto de países, se presentan situaciones similares, siempre en menor escala, pero tanto en Perú, Paraguay y Brasil, el modelo del agronegocio y de acumulación por despojo desata, en su intervención territorial, un clima de violencia. Contextos, en los que las políticas agrarias muestran avances sin comparación, como el boliviano, también muestran expresiones de violencia, antes no vistos, una escalada que tiene como centro la disputa por la tierra. Sin duda esta es una alerta para la región.
Afirmamos reiteradamente que las comunidades indígenas, las tierras colectivas y otras formas de posesión, se encuentran en permanente asedio, pero están vivas y permanecerán en el tiempo, a pesar de los mecanismos de individualización y desposesión que imponen las estructuras institucionales y los organismos multilaterales. Afirmamos y reiteramos la violencia como método de disputa de tierras, que, si bien tiene su rostro privado corporativo, en prácticamente todos los casos, goza de protección o indiferencia de los gobiernos y sus estructuras judiciales. No es comparable el gran número de personas y colectivos violentados, con el pequeño número de violentos sancionados.
Entre las evidencias marcadas en los últimos informes anuales, también apuntamos algunas que son indiscutibles, por ejemplo, que la formalidad de la posesión de la tierra y los territorios, que en muchos casos es reiterativa en las nuevas normativas de los gobiernos.
En esta versión contamos con la contribución de un amplio equipo conformado por una diversidad de investigadoras e investigadores como Juan Wahren, Gisela Hadad y Tomás Palmisano del Grupo de Estudios Rurales y Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (Ger-Gemsal), de la Universidad de Buenos Aires en Argentina; Irene Mamani de la Fundación Tierra en Bolivia; Jorge Ramón Montenegro de la Universidade Federal do Paraná, Djoni Roos de la Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Gustavo Steinmetz Soares de la Universidade Federal do Paraná, Mercedes Solá Pérez de la Universidade Federal de Pernambuco, Sirley Ferreira dos Santos de PEAC/UFS de Brasil; Javier Medina y María Camila Becerra de la Línea Movimientos Sociales, Tierra y Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP/Programa de Paz en Colombia; Alexander Pánez y Paula Arroyo de la Universidad del Bio Bio y MODATIMA en Chile; Stalin Herrera y Anahí Macaroff del Instituto de Estudios Ecuatorianos – IEE/OCARU en Ecuador; Luís Rojas y Lisa Meyer del Centro de Estudios Heñoi del Paraguay; Laureano del Castillo, Pedro Castillo y Renato Levaggi del Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES en Perú; Pablo Díaz y Francesca Repetto del Observatorio de Política de tierra, Núcleo de Estudios Rurales del Centro Universitario Regional, Sede Tacuarembó de la Universidad de la República del Uruguay; Emilio Terán y Atenea Jiménez del Observatorio de Ecología Política – OEP Venezuela.
Cada capítulo cuenta con un algunas historias de vida de líderes políticos rurales, que incursionan en el ámbito electoral, sostienen agendas rurales, campesinas e indígenas, y algunos de ellos, logran ocupar espacios en la gestión pública.
Invitamos a las organizaciones sociales, instituciones, académicos y activistas a visitar nuestra web y descargar este nuevo informe sobre acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.
¡Nuevo! Informe 2021 Acceso a tierra y territorio en Sudamérica
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