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Ecuador inició el miércoles la controvertida extracción de petróleo en el parque amazónico Yasuní, tras fracasar un plan para mantener el oro negro a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares.

El gobierno celebró una nueva era para el país, pero para las organizaciones ecologistas, es una bomba de tiempo. Patricio Chávez, el vocero de Yasunidos, explica que “el temor es que ocurra lo que ha ocurrido en todos los lugares donde se explota el petróleo: Yasuní es una zona de un altísimo grado de biodiversidad y hay especies que la ciencia no ha logrado identificar todavía y que se van descubriendo día a día. Además es una zona de existencia de pueblos indígenas no contactados, los últimos en el país, y avanzar con la explotación petrolera en la zona es probablemente avanzar con un genocidio”.

Pese a la protesta de ecologistas y organizaciones indígenas, algunos locales apoyan la iniciativa del gobierno de Rafael Correa. Es el caso de Ima Fabián Nenquimo Irumenga, indígena guaorani, que vive en el Yasuní: “Muchas veces, los indígenas hemos estado al frente del ‘no’ a la explotación, pero nos hemos dado cuenta de que no hemos recibido la compensación por proteger, pero sí sabemos que los ecologistas, por ejemplo los de Yasunidos, han recibido recursos económicos. Ellos viven en la ciudad y dicen que los indígenas debemos ser guardianes de la selva y no salir a la ciudad pero mientras, ellos tienen su carro, su casa, un nivel de educación altísimo y los indígenas no podemos hacer igual. Entonces los jóvenes hemos decidido apoyar a la explotación ITT y vemos los frutos a cambio de que se explota Yasuní, estamos estudiando en la universidad, tenemos buena educación, la ‘educación del milenio’, tenemos salud, plan de vivienda…”.

Este apoyo indígena a la extracción de petróleo es visto con un ojo crítico por el documentalista Carlos Andrés Vera, quien estudia desde hace diez años la situación del Yasuní: “El Estado ecuatoriano ha cooptado algunos líderes indígenas, como Carlos Viteri Gualinga, representante de una comunidad llamada Sarayaku que fue el presidente de la comisión que dio paso a la explotación del Yasuní”, cuenta.

Según él, el Estado opera “de una forma chantajista, es decir que les dice a los indígenas que si no se explota el petróleo habrá miseria, no habrá empleo. Y que si se explota no sólo tendrán empleo sino que tendrán escuelitas, tendrán hospital. Entonces en lugar de realizar la consulta previa con todas las normas que establece el derecho internacional, es decir que las comunidades tengan pleno conocimiento del alcance que una explotación petrolera puede traer, incluidos los posibles riesgos ambientales, sociales, los ‘beneficios’ que puede significar cierta cantidad de empleos, lo que hace el Estado es chantajearlos, decirles que van a tener algunos empleos y explotar sin realizar esa consulta previa”.

Entretanto la explotación continúa y Ecuador prevé alcanzar una producción de 300.000 b/d en el bloque ITT en 2022.

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