En el cuarto mes del año en el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos además resaltaron el reconocimiento oficial de que al maíz transgénico contamina al nativo y los controversiales índices de pobreza del gobierno de Horacio Cartes.
Los últimos informes mensuales desde fines del año pasado hablaban de conflictos relacionados a la campaña sojera 2013/2014, como fumigaciones irregulares, resistencia de las comunidades campesinas, represión policial-fiscal-judicial para resguardar la producción de la oleaginosa y expulsión de familias agricultoras de sus tierras para expandir el modelo agroexportador.
Esta fue la primera cosecha sojera durante el gobierno de Horacio Cartes y su proyecto de rearticulación y avance neoliberal, y en contrapartida, excluyente con los sectores no empresarios.
En este contexto, todas sus medidas legislativas, económicas y políticas se orientaron de manera funcional. Sólo citaremos tres ejemplos: la militarización de las regiones con mayor resistencia campesina, la aprobación de la ley de inversión público-privada(APP) y la liberación de cuatro nuevos cultivos transgénicos en el país en un lapso de tres meses.
Una respuesta inequívoca del movimiento social y también la primera derrota simbólica del gobierno fue la huelga general del 26 de marzo último, que generó la paralización de la economía nacional y la movilización de millares de manifestantes. Y logró imponer agenda nacional.
En los últimos meses, además, se observaba que un patrón de actuación del gobierno consistía en minar las instituciones del Estado con asesores ad honorem o instituciones privadas asesoras con el fin de tutelar la orientación político-económica de su proyecto.
Consecuencia de esto es que muchas tareas de entes estatales fueron delegadas al sector privado, en algunos casos en flagrante conflicto de intereses. Por ejemplo cuando los gremios que articulan a ganaderos y sojeros realizan talleres de “buenas prácticas agrícolas” y uso de “defensivos químicos” destinadas a familias campesinas agricultoras.
En torno al caso de la masacre de Curuguaty, durante abril, se registraron varios acontecimientos importantes, que incluso definieron la agenda política y mediática. A fines de marzo los cinco presos en huelga hambre por el caso llegaban con la salud muy deteriorada y ante la indiferencia de la justicia.
Rubén Villalba, Néstor y Aldaberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez, todos presos en la cárcel de Tacumbú, exigían obtener la prisión domiciliaria y así esperar la llegada del juicio oral del caso en sus casas. El 4 de abril cumplieron 50 días de huelga de hambre.
Corrían los días y crecía la desesperación de sus familiares y la solidaridad de la sociedad paraguaya. El 9 de abril un tribunal de la ciudad de Salto Guairá realizó una audiencia donde podía beneficiar a los campesinos presos con la medida, pero decidió denegarlo, con el argumento de que sus vidas no corrían riesgo.
La solidaridad se redobló y también el sinfín de acciones judiciales, políticas, simbólicas, mediáticas de distintos sectores sociales, encabezados por la Articulación Curuguaty, un espacio de familiares y activistas por los derechos de los presos.
Se montó una campamento solidario frente al Hospital Militar, donde el gobierno derivó a los presos para intentar, a través de recursos judiciales, forzar un tratamiento médico para no cargar con el costo político en caso de un desenlace fatal.
Ese fin de semana, en el campamento, se empezó a manejar la información de que había salido una nueva orden judicial del tribunal de Salto del Guairá, luego de un nuevo informe médico del Poder Judicial. Efectivamente hacia las 23 horas del sábado 12 de abril se hacía pública la noticia de que se había otorgado la prisión domiciliaria a los cinco, en el día 58 de huelga de hambre.
En las próximas horas tuvieron tratamiento médico, empezaron a alimentarse y fueron llevados en un aparatoso operativo hasta sus casas familiares. En un último ardid jurídico, la justicia y el gobierno, trajeron de vuelta a prisión a Rubén Villalba, agarrados de una antigua causa judicial ajena al caso Curuguaty,
El mismo tribunal de Salto del Guairá estableció que el juicio oral de la menor de edad RRVO, imputada en el caso, pasaba al mismo juicio de los demás acusados y acusadas mayores de edad, con el argumento de ahorrar costos judiciales. Esta decisión fue atacada de aberrante por las defensoras de la menor.
El 23 del mes la Corte Suprema sorprendía a la sociedad paraguaya con otra novedad, decidió rechazar una medida judicial puesta por la empresa Campos Morombí, que desea acaparar la tierra estatal donde ocurrió la masacre.
La misma había usurpado la tierra a través de un ardid jurídico (un recurso de usucapión amañado) hecho contra una empresa privada, cuando ésta ya había donado al Estado el inmueble. El Estado intervino judicialmente para anular el juicio, pues ni siquiera había tenido participación, a lo que la empresa Morombí interpuso otra acción que llegó hasta la Corte.
Finalmente este fallo de la Corte en abril destrabó el juicio donde se va a definir mirando los antecedentes, ya con la participación del Estado, a quién pertenece la tierra.
Después de 23 años de espera fuera de sus tierras ancestrales la comunidad de indígenas enxet Sawhoyamaxa, desde este abril acaricia de nuevo una fuerte esperanza de volver a poseer el territorio que les corresponde, luego de que el Senado paraguayo aprobara la expropiación de aquellas tierras a favor de las familias.
Hace más de dos décadas se inició esta lucha de las familias enxet con acciones políticas y judiciales, pero esperando al costado de la ruta, donde varios de ellos y ellas perdieron la vida por la situación de vulnerabilidad o por accidentes de tránsito. El año pasado decidieron entrar a recuperar sus tierras ancestrales.
Corrían los años y la comunidad y sus asesores jurídicos de la organización Tierra Viva vislumbraron con claridad que la justicia local no daría respuesta a sus requerimientos, por lo que a fines de los 90′ decidieron llevar el caso a instancias internacionales.
En 2006 la Corte Intermericana de Derechos Humanos dio la razón a Sawhoyamaxa y exigió al Estado paraguayo la restitución de sus tierras y una serie de medidas reparadoras, porque “la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado”.
Desde entonces el Estado no cumplió con lo exigido en el fallo por falta de voluntad, indiferencia y porque el ciudadano que actualmente administra aquellas tierras se niega a venderlas al Estado.
La salida a través de la expropiación a partir de una ley en el Parlamento cobró fuerza en los últimos meses, principalmente tras la serie de acciones y movilizaciones de las familias enxet, y últimamente gracias a fuertes campañas de sensibilización de organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro de la sociedad paraguaya y que tienen repercusión internacional.
La aprobación del Senado podría significar el primer paso para el proceso definitivo de recuperación de sus tierras
Esto lo venían denunciando cientos de organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y defensoras del derecho a la alimentación. Varios estudios sostienen que la polinización del maíz es de lo más sensible, por lo que un maíz nativo puede verse contaminado genéticamente por otro maíz que esté en un radio de 800 metros.
La contaminación genética de cultivos transgénicos sobre las especies nativas y criollas se comprobó y se lo puede apreciar ilustrativamente en el documental El Mundo Según Monsanto.
Este motivo propició que una articulación de organizaciones sociales presentara una Ley del Maíz en el Parlamento paraguayo, que buscaba proteger las alrededor de 13 especies nativas existentes y por otro lado, prohibir el ingreso de maíces transgénicos.
Esto quedó congelado en Legislativo y finalmente se aprobaron hasta hoy siete cultivos de maíz transgénicos durante los gobiernos de Federico Franco y Horacio Cartes.
En un conversatorio organizado por la Mesa de Desarrollo Sostenible, una plataforma de más de 20 organizaciones sociales, participaron los ministros Jorge Gattini(Agricultura), Jorge Servín(Instituto del Indígena) y Regis Mereles(Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE).
Éste último, durante su exposición pidió apoyo al técnico Pastor Arias -de la institución- para exhibir los procesos que inició en su administración para proteger los cultivos tradicionales. En un esfuerzo por resaltar sus acciones el funcionario explicó: “Comprobamos que estas semillas (tradicionales) ya están mezcladas con especies híbridas y hasta con especies transgéncias”.
Resulta irónico que esta misma institución, que nos habla de contaminación genética, es la encargada de liberar todos los cultivos transgénicos y que sólo en lo que va del año aprobó la liberación de tres especies transgénicas de maíz y otras cuatro durante el gobierno de Franco.
Más todavía porque entre sus argumentos para aprobarlas sostiene
que estos cultivos reúnen todos los requisitos de bioseguridad.
¿El Gobierno manipula índices de pobreza?
El 2 de abril el gobierno difundía una Encuesta Permanente de Hogares(EPH) que abarcaba los años 2012 y 2013. En ella resaltaba que en esos dos años la pobreza bajó de 32,4% a 23,8% de la población, casi 10 puntos.
Varios analistas económicos rechazaron esta posibilidad, argumentando que indicadores regionales y mundiales de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), del Fondo Monetario Internacional(FMI) y del Banco Mundial muestran una tendencia opuesta. Por ejemplo los últimos datos de Cepal hablan de 49,6% de pobreza en Paraguay en 2011 y de nuestro país como el único donde la desigualdad de ingresos entre pobres y ricos creció.
Otros analistas, además, cuestionaron los datos del gobierno señalando que es imposible que en el año 2012, un año de decrecimiento económico según el Producto Interno Bruto, haya bajado la cantidad de pobres.
