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Con ceremonias, actos oficiales y conmemoraciones se recuerda en toda América Latina el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero también con marchas y protestas para expresar el descontento ante la violencia que ejercen las grandes empresas de extracción en las comunidades.

En los últimos días se han registrado diversos episodios de violencia hacia poblaciones indígenas, en especial hacia mujeres. Recientes estudios señalan que en México el 60 por ciento de las indígenas sufre violencia. En tanto, en Brasil se denuncia la presencia de sicarios masacrando indígenas en el marco de la lucha por la tierra, a lo que se le suman las recientes agresiones en Argentina donde, además, se continúa ignorando la protesta del pueblo Gom frente a la Casa Rosada.

En este escenario, se han realizado durante toda esta semana, ceremonias y actos oficiales para conmemorar el cinco de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha instaurada en honor a Bartolina Sisa, mujer indígena Aymara, quien comandó batallones en el Perú contra los Españoles y que fue brutalmente asesinada en 1782 para amedrentar a la población.

Ángela Cuenca, Coordinadora del Colectivo CASA en Bolivia, organización dedicada al desarrollo de los pueblos indígenas y el medioambiente, afirmó que existe un fuerte descontento ya que en tiempos de discursos democráticos y multiculturales, se siguen produciendo situaciones de violencia.

“Esta lucha realizada por Bartolina Sisa hace tantos años atrás, continua vigente y es una lucha que se reproduce en todas las mujeres de América Latina. Estamos hablando, aproximadamente de 23 millones 500 mil mujeres, que están demandando derechos expresos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, como el derecho a la no discriminación a la integridad cultural, los derechos de propiedad, el uso, control y acceso a la tierra y recursos naturales, al consentimiento libre, previo e informado, al desarrollo y bienestar social, o a la participación política, por ejemplo”, afirmó.

La especialista sostuvo que muchos de los conflictos que se observan tienen ralación con la expansión de la frontera y  la instalación de proyectos de inversión en tierras indígenas. A la llamada “violencia medioambiental” se suma la criminalización y la violencia directa que ejercen los distintos Estados en defensa de los inversionistas, dice.

En ese sentido, el Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, afirmó que han podido ser testigos de cómo se producen impactos diferenciados a raíz de los distintos roles que juegan hombres y mujeres en las comunidades.

“La represión directa por parte de los cuerpos policiales muchas veces busca neutralizar a las mujeres porque se visualizan en un rol continuador de los patrones culturales, de la vida dentro de las comunidades y también con una fortaleza moral, ética más pronunciada respecto de la defensa del bien común y los calores comunitarios, lo que muchas veces genera un ensañamiento hacia la mujer en estas disputas”, afirmó.

Ambos especialistas afirmaron que la situación se ha ido agravando y profundizando con la avanzada del modelo económico.

Para Millaray Painemal, Vicepresidenta a Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), no sólo las empresas y los gobiernos crean mecanismos para aislar a las dirigentes indígenas, también lo hacen los medios de comunicación, que han avanzado de una imagen folklorizada de la mujer indígena hacia una caricatura de la mujer rebelde, violenta y conflictiva, “figura altamente funcional a los intereses de poderosos”, afirmó y llamó a los medios alternativos y la población a trabajar para resistir y revertir los estereotipos.

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