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Según los especialistas, el Estado chileno viene autorizando megaproyectos que violan los derechos de los pueblos tradicionales. Así mismo, fuerzas especiales de la policía tienen montado un operativo de seguridad que amenaza los pueblos Mapuches en la zona del sur de Chile, en las regiones de Bío Bío, Araucanía y Los Ríos. Esto es lo que denuncian varios organismos de derechos humanos del país.

Según estos organismos, cerca de 1390 oficiales, dos bases militares –Pidima y Pailahueque– además de carros blindados, tanques, helicópteros y un arsenal de armamento de guerra estarían actuando en el lugar. En este sentido, un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos realizado en el 2015 y titulado “Los impactos en derechos humanos de los proyectos de inversión hidroeléctrica en el territorio Mapuche de la región de La Araucanía”, evidencia los graves efectos que los proyectos energéticos tienen sobre las comunidades tradicionales que viven en el sur de Chile.

El documento, que indica la violación de derechos de los pueblos tradicionales, cuestiona el papel del Estado y la insuficiencia de la legislación ambiental sobre el tema. De acuerdo con el informe, sean extractivos, productivos o de infraestructura “[los proyectos] han sido promovidos y autorizados por el Estado y las autoridades públicas, sin llevar a acabo los procesos adecuados de consulta a los indígenas y sin la obtención de consentimientos previos. Tampoco han informando a las comunidades Mapuches afectadas”.

Las organizaciones que actúan con los indígenas advierten que hace décadas ocurre “la militarización del territorio por parte del Estado chileno”. Las denuncias realizadas indican que esos proyectos destinan una parte de sus esfuerzos a la vigilancia y a la represión de las comunidades tradicionales que mantienen la lucha por la recuperación de las tierras ancestrales y por su autodeterminación como nación.

Los presos políticos Mapuches

Recientemente, y conforme a lo publicado por el portal Resumen Latinoamericano, la comunidad Mapuche Kawellü Ko, que el 27 de febrero recuperó una tierra en el Alto Bío Bío, denunció que sufrió espionaje con drones sobre su territorio. En un comunicado público la comunidad responsabilizó al exdetentador del área, Pedro Esquerré, y a la policía por los actos. Según líderes comunitarios, esta acción responde a los intereses de los empresarios que quieren instalar centrales hidroeléctricas en la zona puesto que, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Energía de Chile, existen por lo menos 17 lugares a lo largo del Río Queuco que presentan “potencial hidroeléctrico”.

Según los defensores de derechos humanos y los líderes Mapuches, la transferencia de las demandas indígenas al ámbito jurídico y policial, la aplicación de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y la actuación de los grandes medios de comunicación del país, han sido fundamentales para los intereses de los empresarios y ha sido la forma de tratar el conflicto y criminalizar a los Mapuches para justificar la acción militar.

Al respecto un análisis realizado por la organización Meli Wixan Mapu indica que, actualmente, existen 30 presos políticos Mapuches en Chile. Sergio Catrilaf, presidente de la comunidad Juan Catrilaf II, del sector Ñilquilco de la comunidad Padre Las Casas, está preventivamente preso, acusado de “homicidio de carácter terrorista” debido a un incendio en el que murieron dos personas. En una carta pública dirigida a la presidenta chilena Michelle Bachelet, Sergio manifestó que la persecución del pueblo Mapuche, que hoy parece una política de estado, obstaculiza la historia del país.

“Presidenta ¿por qué el diálogo con el pueblo Mapuche tiene que ser con la militarización en la Araucanía? ¿Con persecución y falsos testimonios? En algunas comunidades se vive casi en estado de sitio. Se nos juzga por lo que somos, no por lo que hacemos. Trabajamos con ganado y con agricultura, mantenemos nuestra espiritualidad, nuestra lengua, nuestras ceremonias y, como pueblo preexistente al Estado chileno, pedimos y exigimos libertad, ya que estamos en la cárcel por pruebas inválidas, falsas que intentan incriminar personas inocentes: Mapuches”, expresó Sergio en la carta escrita en la prisión donde se encuentra.

 

Fotografía: Colombia Informa

Texto: María Julia Giménes / Brasil de Fato

 Artículo original disponible en: https://brasildefato.com.br/2016/04/27/mapuches-denunciam-militarizacao-dos-conflitos-por-terras-no-chile/

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