Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Fuente: Movimiento Regional por la Tierra y Territorio

La Machi Francisca Linconao es mapuche y guía espiritista. Desde el 2008 defiende su territorio de empresas que quieren explotar ilegalmente sus tierras. Hoy la Machi está acusada de participar en un crimen del que no le permiten defenderse plenamente.

Francisca Linconao es menudita, tiene una mirada dura y una voz aguda y segura.  Es residente en el sector Rahue, comuna de Padre Las Casas del territorio mapuche de Araucanía. Es autoridad tradicional y tiene el don de sanar gente física y espiritualmente. Salió a la luz pública el año 2008 cuando inició un juicio contra una empresa, el cual marcó un hito en la temática indígena en Chile.

Denunció en los tribunales a la Sociedad Palermo Limitada por la tala ilegal de árboles y arbustos nativos en el fundo Palermo Chico, colindante con su comunidad, porque realizaba la tala a menos de 400 metros de tres manantiales, cuyos nacimientos estaban en los cerros del sector, en contra de lo establecido en el artículo cinco de la Ley de Bosques, según un artículo de La Tercera.

También denunció la violación de un sitio de significación cultural llamado los  “Menokos”, que son humedales donde habitan fuerzas que en la cosmovisión mapuche tienen el carácter de sagrado. Asimismo, estaban en riesgo las plantas medicinales, lawen, con las que ella realiza su trabajo de machi.

La demanda que inició Francisca Linconao la hizo respaldada en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el gobierno de Bachelet el mismo 2008. Un año más tarde, la Corte de Apelaciones de Temuco emitió el fallo a su favor, el que fue ratificado después en su integridad por la Corte Suprema.

El fallo constituyó la primera aplicación del Convenio 169 en Chile, el cual establece en su artículo 13 la obligación del Estado de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios.

“El haber ganado ese recurso implicó que se me asignara aplicabilidad por sitio de significancia cultural”, escribió la Machi en abril del año pasado en una carta dirigida a la presidenta chilena.

Los mapuches y su derecho al territorio

Este hito fue muy importante en un contexto donde los mapuches demandan al Estado que reconozca sus derechos sobre sus territorios de Araucanía, sur chileno, que fueron arrebatados a mediados del siglo XIX.

Desde el siglo XX, debido a que las negociaciones no perduraron, los indígenas mapuches realizaron tomas de terreno como presión y estrategia de recuperación de tierras y resolución de problemas hasta conseguir algunas normas como la Ley Indígena, que reconoce parte de sus derechos.

Pero debido a que la Ley no fue aplicada en su totalidad, sus demandas por la recuperación de las tierras han continuado constantemente y sus medidas de tomas de tierras también. Por ello, el Gobierno chileno cuenta con la Ley Antiterrorista que es una herencia de la dictadura militar y que criminaliza la causa mapuche haciendo persecución a los miembros de la Nación Mapuche.

Existe un tenso conflicto con el gobierno que aún no cede las tierras que están en manos de hacendados, muchos de ellos extranjeros, de empresas hidroeléctricas y forestales, que plantan pino y eucaliptos (árboles foráneos) que impedirían el desarrollo de otras especies nativas.

Entre las acciones de presión de los mapuches se registraron incendios; sin embargo, no es una acción generalizada entre los mapuches, ni tampoco todos los incendios son obra de ellos. Por ejemplo, a fines de 2015, se registraron 160 incendios en la Araucanía, pero solamente 15 tienen alguna relación con el pueblo mapuche, según datos de carabineros chilenos.

En este contexto, el año 2013 se produjo el incendió de la hacienda del matrimonio suizo-chileno Luchsinger Mackay, que murió a causa del siniestro. La defensa de la familia acusó del hecho a los mapuches entre ellos a los machis Francisca Linconao y Celestino Córdova bajo la Ley antiterrorista. Un año después el machi Córdova fue declarado culpable, pero el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco desestimó el carácter terrorista del hecho, ya que no existían antecedentes.

Acusación a la Machi

En el caso de la Machi Francisca Linconao, la policía allanó su casa y la detuvo violentamente acusada de portar ilegalmente un arma de fuego y municiones. Luego de ser sometida a medidas cautelares, arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y firma mensual, fue absuelta.

“Me detienen y me despojan violentamente de mis vestimentas, estoy bastantes meses con arresto domiciliario y arraigo regional y nacional, mi salud física y espiritual se dañaron fuertemente, pero la mayoría no logra comprender que es porque no puedo acceder libremente a mi territorio, a los espacios sagrados que allí existen y por la grave transgresión sufrida en el despojo de mi vestimenta tradicional”, relata en su misiva.

Por ese acto violento, la Machi interpuso una demanda contra el Estado la cual salió a su favor por lo que el Primer Juzgado Civil de Temuco condenó  al Estado a pagar 30 millones pesos, debido a que la policía actuó “sin mediar respeto” de su condición de autoridad tradicional.

Después de ese hecho, en abril de 2016, la Machi Francisca Linconao nuevamente fue acusada de ese mismo crimen, junto a otros 10 mapuches, y llevada a la cárcel de manera preventiva. Sin poder defenderse desde la cárcel, imputada bajo la Ley antiterrorista y con muchas de sus audiencias suspendidas, la Machi decidió ingresar en huelga de hambre a mediados de diciembre del pasado año.

Gracias a esa medida, que duró 14 días y que la dejó muy afectada de salud física y espiritual, a inicios de enero de este 2017, el juzgado determinó derogar su prisión preventiva y darle arresto domiciliario.

Ahora permanece en su casa en recuperación. Tanto su defensa como organizaciones mapuches y los activistas que la apoyan piden que se levante la demanda en su contra debido a que no existen pruebas contundentes para ser imputada por el crimen y que la acusación penal se debe a su convicción de defensa de su territorio.

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