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Comienza este martes (27) la primera audiencia en la historia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el cultivo de transgénicos. La resolución final podrá tener consecuencias para el futuro de ese tipo de semillas y también legales para los organismos de control estatales.

El caso de la empresa de productos orgánicos Geertson Seed Farms contra Monsanto gira en torno a una alfalfa resistente a los herbicidas que fue prohibida en Estados Unidos por un tribunal federal en 2007.

El fallo de hace tres años concluyó que el estudio de impacto realizado por el Departamento (ministerio) de Agricultura no era lo suficientemente riguroso en lo que respecta a las consecuencias para el ambiente y para la salud de la alfalfa transgénica y ordenó otra investigación.

En diciembre se dio a conocer el primer borrador del nuevo estudio, pero "no hay fecha prevista" para la versión final, dijo a IPS Suzanne Bond, portavoz del Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal (Aphis, por sus siglas en inglés), encargado de regular los transgénicos.

Los agricultores orgánicos cuestionaron el estudio del Departamento de Agricultura basándose en la Ley Nacional de Política Ambiental, que puede verse muy perjudicada por la resolución final del alto tribunal, que no se prevé para antes de junio.

La norma "obliga a los organismos federales a incluir el factor ambiental en su proceso de decisión y considerar las consecuencia de sus propuestas y posibles alternativas razonables", explicó Bond.

La Ley también es una herramienta legal para que los ambientalistas recusen decisiones de organismos estatales. La vulnerabilidad de la norma es una de las razones por las cuales varias organizaciones se ofrecieron a prestar testimonio en el caso contra Monsanto.

La demanda "tiene amplias consecuencias sobre la forma en que el gobierno realiza análisis ambientales y cuándo es necesario preparar informes de impacto", arguyó Noah Greenwald, del Centro para la Diversidad Biológica, al justificar la participación de su organización, que no suele trabajar con transgénicos.

"El gran tema acá es cuánta deferencia hay que tener a los organismos de control y a su capacidad para realizar su trabajo en realción con la que hay que darle a la población para que recuse al organismo ante la justicia", señaló el especialista Doug Gurian-Sherman, quien escribió varios artículos de opinión desde que comenzó el proceso en tribunales menores.

"La cuestión acá es cuan responsable es la Corte Suprema en lo que se refiere a habilitar a los ciudadanos a demandar a un organismo estatal que no hace su trabajo. Creo que eso es lo esencial de esta decisión", añadió Gurian-Sherman, quien trabaja en el programa ambiental y de alimentación de la Unión de Científicos Comprometidos.

La resolución del alto tribunal también tendrá consecuencias para los organismos modificados genéticamente en Estados Unidos y el mundo.

Los agricultores orgánicos arguyeron al principio que las abejas polinizadoras podían llegar a trasladar la alfalfa transgénica a plantaciones orgánicas vecinas, incluso las que están a varios kilómetros de distancia.

La consiguiente contaminación podría socavar sus posibilidades de colocar la etiqueta de "orgánico" a sus productos. Además, tampoco podrían exportar su cosecha a países que prohíben los transgénicos.

"Es posible que los consumidores no acepten productos contaminados. Se podrán hacer análisis de verificación e incluso, se hacen de forma bastante rutinaria, pero igual, el mercado puede llegar a rechazarlos", explicó Gurian-Sherman.

Otro de los argumentos contra la alfalfa Roundup Ready, es que combinada con el herbicida Roundup, de Monsanto, puede aumentar la resistencia de las semillas a ese tipo de productos químicos.

El Aphis prácticamente no considera el asunto en su análisis original, "pese a que en los últimos años la incidencia de las semillas resistentes y sus consecuencias económicas contradicen casi por completo sus estudios", indicó el especialista.

Las implicancias del litigio son extremadamente complicadas desde el punto de vista ético y sanitario. La amplitud del fallo de la Corte Suprema puede llegar a decidir el futuro de los organismos modificados genéticamente.

Hay un proceso judicial contra la remolacha azucarera. El tribunal permitió su cultivo este año, pero se reservó el derecho de prohibirlo en el futuro. El Departamento de Agricultura prepara un estudio de impacto sobre ese cultivo y sobre un tipo de agrostis transgénico.

"Hay varios indicios de que el Departamento de Agricultura no hace bien su trabajo en lo que respecta a la regulación de transgénicos", señaló Gurian-Sherman con preocupación.

"Analicé numerosas evaluaciones ambientales y considero que fueron poco rigurosas y a menudo sin sustento científico. No es que hayan sido totalmente negligentes, pero hay varios errores de razonamiento o en los datos o en el análisis de éstos", añadió.

El Aphis otorgó desde 1992 el estatus de "no regulado" a numerosos transgénicos en respuesta a 80 demandas, indicó Bond, entre ellas múltiples variedades de maíz, soja, algodón, semilla de colza, papa, tomate, calabaza, papaya, ciruela, arroz, remolacha azucarera, tabaco, alfalfa, lino y endibia.

Los testimonios que recibirá este martes la Suprema Corte de Justicia pueden llegar a tener consecuencias significativas sobre esa lista.

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