PRODUCCIÓN - DIÁLOGOS
273 - Uruguay tierra, territorio y Derechos Campesinos
Uruguay tierra, territorio y Derechos Campesinos
Pablo Díaz Estévez:
diazpablouruguay@gmail.com
Resumen del Capítulo de Uruguay del Informe
Por la Tierra y Territorio en Sudamérica 2019
Observatorio de Política de tierra, Polo de Desarrollo Universitario Núcleo de estudios rurales, Centro Universitario Regional- Región Noreste-Sede Tacuarembó, Universidad de la República.
- Marco general del país
Las elecciones nacionales constituyeron el hecho político más destacado de la agenda pública del año. En octubre se eligió 57 % de legisladores y como Presidente de la República a Luis Lacalle Pou del Partido Nacional.
A nivel nacional el precio de compra-venta de tierra alcanzó los 3.756 U$S (dólares americanos) por hectárea en promedio. La superficie productiva que pasó a manos de extranjeros y sociedades anónimas, tomando en cuenta el período 2000-2018, ascendería a 5.027.000 ha (31 % más que en la pasada década). La posición oficial de Uruguay ha entendido que la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales” de la Asamblea General de Naciones Unidas es “un instrumento jurídicamente no vinculante”, aunque “su aprobación no requirió la adopción de legislación específica ni de acción particular por parte de la cancillería”.
- Avances en el acceso a la tierra y el territorio
La principal política de acceso a la tierra por campesinos es gestionada por Instituto Nacional de Colonización (INC), mientras que las familias indígenas han accedido principalmente a campos particulares. Dicha institución detentó 615.534 hectáreas (2019), afectando 12 mil hectáreas más que el 2018. Por otra parte, el directorio del INC declaró haber incorporado unas 130.000 hectáreas de tierras públicas. El resultado final en 2019 sería 10 % superior al patrimonio original (2005), a pesar de haber comprado un volumen importante de tierra. También se conformaron 3.685 unidades productivas en el INC que, por una parte, se consideran “unidades productivas familiares” con uno o dos titulares, y por otra parte dentro de las “unidades productivas”, 223 unidades “asociativas” que ocupan 34 % del territorio colonizado. Institución que culmina con 7 veces más experiencias asociativas con las que comenzaron los gobiernos progresistas. La experiencia asociativa en 2005 tenía 414 (colonos y no colonos), en septiembre de 2019 se llega a 2.324 (casi 5 veces más usuarios de campos colectivos).
En diciembre de 2019 se registraron 4.058 colonos titulares, o sea 248 colonos más que en 2005. Con adjudicaciones de tierra a mujeres titulares o miembros co-titulares de una familia representan 28 % del total de unidades de producción familiar y 22 % de la superficie adjudicada.
Se conoció que el Partido Colorado, con su colectivo “Ciudadanos”, estaría al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el período de gobierno 2020-2025, lo cual ralentizaría el acceso a la tierra, ya que este partido proponía en su campaña electoral “adecuar el Instituto Nacional de Colonización” a las “condiciones actuales”, partiendo de una evaluación negativa de la política de tierra del Frente Amplio.
- Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
La gestión del agua de los embalses del Río Negro y los daños por el trazado del Ferrocarril Central fueron los conflictos territoriales más importantes, entre la sociedad organizada, el gobierno y la empresa finlandesa-urugaya United Paper Mills Ltd.(UPM).
En enero 2019, el Presidente uruguayo resolvió la expropiación y “urgente toma de posesión” de 9,4 ha rurales para la ampliación del embalse en Rincón del Bonete. El conflicto involucra a 750 padrones afectados en 10 mil ha por la inundación al aumentar el lago hasta la cota de 81 m. En respuesta, se registraron acciones de la población local, operadores de turismo y otros colectivos, convocados bajo la consigna “No a la cota 81”. 30 colectivos y organizaciones sociales se movilizaron el Día mundial de agua (22 de marzo) en la avenida principal de Montevideo contra este proyecto.
El 30 de abril movilizaciones en desacuerdo se presentaron en la Audiencia Pública para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de celulosa de UPM, pero el 14 de mayo la Dirección Nacional de Medio Ambiente autorizó la construcción de la pastera sobre la costa del Río Negro. Pobladores urbanos que construyeron sus viviendas por debajo de la cota 60 serán afectados por una recategorización del suelo.
También quedó socialmente deslegitimado, el ordenamiento territorial del trazado de los 273 kilómetros del Ferrocarril Central que une la planta de UPM2 en Paso de los Toros. En enero, el Colectivo “Por el costado de la Vía” denunció al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos por el incumplimiento a acceso de información sobre el trazo y sus impactos.
En junio 2019, el Instituto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República señaló que: “las personas en estos procesos no han podido ejercer cabal y totalmente sus derechos territoriales y ambientales”, ya que se niega información sobre los impactos ambientales y territoriales para los vecinos del Proyecto Ferrocarril Central.
Otros conflictos: 1) En mayo vencía la última prórroga para que varias familias de colonos desalojaran las fracciones 25 y 31 (594 hectáreas) de la Colonia Eduardo Acevedo en el Departamento de Artigas, generando movilizaciones locales. 2) Desde el 2014, la familia Zuliani realizó varios intentos de negociación por la deuda que habían contraído con el INC, familia compuesta por 13 personas con 4 residencias rurales por más de 40 años. En noviembre 2017 se reafirma la recisión del contrato, dando lugar al desalojo por la vía judicial. Si bien un recurso jurídico presentado por los Zuliani frenó el desalojo hasta la actualidad, el problema sigue latente.
- Acciones campesinas e indígenas
Se desataron varias protestas contra los mega emprendimientos que, en algunos casos, involucraron también a los gobiernos departamentales del Partido Nacional (caso de UPM 2 y su tren de Florida, Durazno y Tacuarembó).
El Plan Nacional de Agroecología integra las promesas de la campaña del Frente Amplio por las elecciones nacionales. También se registraron propuestas cercanas en los demás partidos.
En febrero, el consorcio Aborgama-Favelan-Ebital propuso un nuevo predio rural, aprobado por la Junta Departamental de Canelones para construir un megabasurerro, generando una nueva localización. Frente a esta iniciativa, se re-organiza la “Defensa del Solís Chico y sus afluentes” de vecinos, para realizar una campaña de información, estudio, denuncias y difusión de los impactos negativos al rubro de la producción granjera y de alimentos.
En junio, la Comisión “Canelones libre de soja transgénica”, se movilizó y entregó una carpeta con denuncias de afectaciones por agrotóxicos frente a la INDDHH.
El 28 de junio se produjo una concentración de colectivos frente al Consulado de Finlandia para entregar de una carta al diplomático en Montevideo, donde señala que el Proyecto UPM2 no cuenta con licencia social.
Otras acciones: 1) 16 y 17 de marzo se celebraron en Tacuarembó, las primeras contra-audiencias, con pobladores locales, científicos y agentes políticos críticos a la tercera planta de celulosa. 2) La segunda contra-audiencia se llevó el 4 de mayo en Sarandí Grande con la participación de vecinos afectados por el proyecto Ferrocarril Central con la futura gestión y contaminación del agua de los embalses del Río Negro. 3) El sindicato de FFOSE y la ONG Redes Amigos de la Tierra, presentaron (6 de agosto) a la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad a los decretos sus 366/18 y 368/18 que reglamentaron la Ley de Riego que promueve un mercado privado de embalse y abastecimiento de agua para el sector agropecuario. 4) El movimiento intersectorial Un Solo Uruguay, se movilizó (5 de septiembre) por el centro de la capital de la República para manifestar la crisis del sector productivo y rechazo al contrato entre Uruguay y UPM. 5) En septiembre, el Colectivo Eco-feminista de Fray Bentos y el espacio de comunicación alternativa “Patancha en la tierra” (conformado por integrantes de diversas organizaciones rurales, indigenistas, pescadores artesanales y colectivos de todo el país relacionados contra UPM), realizaron una jornada de intercambio con movilización en el entorno del emplazamiento de la pastera UPM1 y la situación de UPM2, en Playa Ubici sobre el Río Uruguay. En esa instancia binacional, los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú (Argentina), mostraron los informes técnicos de monitoreo ambiental bi-nacional, subrayando la inexistencia de monitoreos atmosféricos y estudios sobre prevalencia a cáncer. 6) La tercera contra-audiencia fue celebrada en Montevideo (12 de octubre), se planteó la necesidad de una reforma constitucional para evitar contratos similares al contrato con la pastera finlandesa (2017). 7) Antes de las elecciones nacionales, la Coordinación Nacional contra UPM realizó una marcha en Montevideo. 8) Productores rurales de Cerro Alegre denunciaron que a 15 km de la capital de ese departamento se secaron los pozos de agua con la forestación masiva de eucalyptus. Y señalaron que el éxodo rural se debe a la falta de trabajo en el campo. 9) Ex-trabajadores de las dos plantas de celulosa denunciaron que para el 2019 se contaba con 220 trabajadores registrados en los organismos de seguridad social. 10) El 8 y 10 de noviembre el Movimiento por la tierra organizó el “Campamento de la pesca artesanal” en el Sauce de Paso de los Toros sobre el Río Negro y difundieron su situación socio-económica, así como el estado del agua antes de la instalación de las plantas de UPM.
- Propuestas
En las “Bases programáticas 2020-2025” del Frente Amplio para un futuro gobierno, se señalaba que dentro de los Objetivos programáticos de las “Agroindustrias” se procuraría impulsar una política de promoción de la producción agroecológica mediante la instrumentación de un Plan Nacional para el fomento, promoción y desarrollo de sistemas de producción.
Diversas organizaciones sociales y académicos vinculados a la Sociedad Latinoamericana de Agroecología promovieron la creación de un Plan Nacional de Agroecología (PNA). Se movilizaron en el encuentro de la Red de Agroecología, por su reglamentación en el centro de Montevideo y el 9 de noviembre en el Encuentro de Mujeres de la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, entre otros.
Antes de la elección nacional, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (AFINCO) alertó la posible venta de terrenos arrendados, prevista en las campañas electorales.
Organizaciones vinculadas al gremio rural del Ministro Uriarte y de Un Solo Uruguay, en diciembre conformaron una Comisión de Colonización, que propuso la suspensión de los desalojos, la defensa de la Ley 11.029 del INC y la candidatura a “representante” de los productores en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización a Andrés Briosso.
En diciembre, se alcanzaron 50.000 firmas totales, y en 8 localidades de las “Iniciativas ciudadanas” se cubrió 15 % requerido. Con la propuesta de desviar el Ferrocarril Central para que no atraviese barrios y centros poblados, son factores que abren la posible renegociación del contrato del gobierno 2020-2025 con la empresa finlandesa.
- Normas
En junio se reglamentó la Ley 19.717 con el Decreto Nº 159/2019 que establece el funcionamiento de la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas.
En julio, representantes al MERCOSUR firmaron 25 documentos oficiales de un TLC con la Unión Europea, sin conocimiento de la ciudadanía, poniendo en riesgo la soberanía en distintos ámbitos. El Presidente de la República junto a la Ministra de ambiente aprueban “la selección y delimitación del área natural protegida denominada ´Paso Centurión y Sierra de Rios`, y sus zonas adyacentes” (decreto N° 198/019).
En setiembre, la Junta Departamental de Canelones aprobó el "Plan de Ordenamiento Rural de Canelones - Ruralidades Canarias" (Decreto 015/019) que limita la plantación de soja transgénica, sin embargo, en noviembre el Intendente resolvió (Resolución 08/048) que la falta de reglamentación deja sin “efecto la implementación”.
En octubre se promulgó la ley 19.781 de “titularidad conjunta” de las tierras del INC a “uniones de hecho, civiles o matrimoniales” que se dediquen a la actividad productiva.
La Comisión para la Gestión del Riesgo habilitó consultas públicas para introducir eventos transgénicos para ensayos a campo del trigo HB4-PAT, soja (HB4-PATXRR) y del maíz T25 para producción de semilla y uso comercial, sin considerar denuncias de las organizaciones sociales en torno a Redes-Amigos de la Tierra porque no se “identifica un riesgo significativo asociado a los eventos”.
- Instituciones
El decreto Nº 159/2019 reglamentó la Ley 19.717 da lugar a la conformación de la “Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas” al interior de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP.
Con fondos de la empresa UPM, una coordinación entre gobiernos departamentales y el MVOTMA dio lugar al plan de acción para la mejora del agua en la cuenca de Río Negro “Iniciativa para el Río Negro” (Decreto Nº 298/018), con el objetivo de determinar “un conjunto de medidas para prevenir, controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad del agua de ese curso fluvial que atraviesa Uruguay”.