El pasado 25 de septiembre, en la ciudad de Oruro, a iniciativa del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), se llevó a cabo la conferencia y conversatorio Experiencias socioterritoriales de resistencia ante el extractivismo, a cargo de la investigadora argentina Mirta Antonelli. El evento contó con la concurrencia de aproximadamente cincuenta personas vinculadas a diversas organizaciones locales como la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), la Escuela de Líderes Ambientales y la carrera de Antropología de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), entre otras instancias.
Mirtha Antonelli, es docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, fue invitada a participar como panelista de la mesa Extractivismos, población rural y sostenibilidad en Sudamérica del Tercer Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural y durante su estadia en Bolivia, participó en una serie de eventos paralelos al Foro.
Antonelli explicó que Argentina no es un país de vocación minera, pero que el ingreso de las transnacionales provocaron impactos ambientales muy serios, ademas de efectos colaterales como la incursión de la retórica favorable a la megaminería en espacios de gobierno, universidades y medios de comunicación, para asegurar la protección de los intereses de la transnacionales mineras.
La investigadora también mencionó que la actividad extractiva minera debe comprenderse como el traspaso del subsuelo y cuya principal implicancia es convertir a las poblaciones, principalmente rurales, en ‘superficiarios’, mientras otros son los dueños del subsuelo. Se trataría de una lógica de acumulación de capital que no pasa por alto la concepción de integralidad del territorio, pues en su despliegue, lo que está arriba, las poblaciones ‘superficiarias’ se desplazan y lo que está abajo, se entrega a las empresas para su explotación.
La gran preocupación del movimiento socioterritorial argentino sobre el avance del modelo megaminero, es que “nuestros países se están convirtiendo en laboratorios a cielo abierto, miles de litros de glifosato en 20 millones de hectáreas sumado a la megaminería o nueva minería hídrica a cielo abierto”.
El costo de tener a la minería como pilar de la economía se resumen en las enormes cantidades de tierra muerta. Antonelli también explicó, que “estamos ante un fenómeno que atraviesa fronteras, y que existe un conjunto de políticas que han convertido a nuestro continente en un gran yacimiento”.
Durante su intervención, refirió a la problemática actual en San Juan, ante el derrame de cianuro en la cuenca del río Jáchal por parte de la minera multinacional Barrick Gold Corporation, que impone un proyecto binacional aludiendo a una declaración de buena fe.
Antonelli también mencionó que las poblaciones afectadas por los proyectos de megaminería reaccionan cuando el problema se vuelve local y por lo general ya están comprometidos uno o varios proyectos, en ese contexto, las luchas son territoriales, los yacimientos se instalan en una localización geográfica y se hacen locales.
La investigadora también advirtió que en torno a la meganimería se generan discusiones inútiles, disputas entre vecinos, colegas, que detienen la resistencia cuando se pierde la perspectiva para comprender, por eso, destaca la importancia de construir un enfoque sudamericano y facilitar encuentros, que coadyuven a analizar los impactos que conllevan dicotomías como ‘pro-mineros’ y ‘resistentes’, u otras que no permiten destacar elementos comunes, para constatar los impactos de la minería a largo plazo.
La influencia ideológica y manipulación discursiva son tan importantes como la maquinaria pesada, ya que también generan división en las poblaciones y ocasionan que los medios de comunicación generen campañas de solidaridad que difunden clichés sobre el cuidado del medio ambiente, mismos que hacen perder de vista hechos como la cada vez mas significativa pérdida de tierras para la actividad agrícola o ue el agua está siendo manejada por empresas como YPF. A decir de Antonelli, “las industrias extractivas no conviven, empíricamente, con otra actividad”, y por eso las poblaciones deben desplazarse.
No obstante, prestando atención a la iniciativa del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio en su búsqueda por casos inspiradores de acceso a la tierra, Antonelli destacó algunas experiencias que hablan de la acción colectiva, contra los contratos y cláusulas de multiactividad. Un ejemplo de esta resistencia es la experiencia de las comunidades de Esquel (Chubut) que marcaron un quiebre pues tomaron frente al avance de empresas mineras, en su caso, de la compañía canadiense Meridian Gold, que pretendía explotar y extraer oro y plata. Diferentes tipos de estrategia, movilización, jornadas informativas, lograron un plebiscito de rechazo a la megaminería y la sanción de una ley que prohíbe la actividad en la provincia. Este camino lo estarían siguiendo en varias localidades como la Famatina (La Rioja) donde la movilización nacional expulsó a la empresa. Según Antonelli, “estas experiencias y tejidos se arman con lo que pueden (…) siempre es un colectivo, el ‘nosotros’ que sostienen estas batallas, cada uno suma en una misma dirección”.
Este tipo de conflictos, escinden a la sociedad civil, pero además, agudizan las diferencias sociales y los privilegios epistemológicos. Existe una creciente cooptación de profesionales, maestros, biólogos, químicos, etc. y a la vez, una permanente descalificación de las poblaciones y activistas, se nos tilda de “premodernos, ignorantes, la culpa siempre las tienen las comunidades (…) etiquetas como ecoterroristas, sin embargo, hemos devenido en ambientalistas, hemos tenido que aprender, y quienes tienen conocimientos específicos aportan un poco más”, explica.
Las resistencias socioterritoriales al avance de los modelos extractivos, “han adoptado la forma de la asamblea horizontal no partidaria, es derecho ciudadano pertenecer a partidos, pero no puede incidir en las luchas comunes como lo es la defensa del agua”, indica Antonelli.
Ante lo expuesto, el representante de la CORIDUP y varios activistas, explicaron que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, era un instrumento de avanzada, sin embargo, existen vacíos y leyes que se distancian y son antagonistas a los planteamientos del Vivir Bien y el respeto a la Madre Tierra. En todo caso, coincidiendo con la experiencia argentina, explicaron que se está luchando por plantear una Ley de Agua que contrarreste lo permisivo del planteamiento de la Ley Minera.
Respecto a la consulta sobre la frustración y sensación de fracaso, Mirta Antonelli insistió en fortalecer los tejidos comunitarios y se mostró conmovida ante ésta y otras iniciativas que promueven el diálogo regional y las resistencias que traspasan fronteras nacionales.
Actividad activista de Mirta Antonelli: https://www.youtube.com/watch?v=VRImPgBtokc
