Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Tras una reunión con el Defensor del Pueblo, quien pidió a los poderes públicos celeridad en estos casos, se anunció que esta Institución trabajará en una Ley que  declare este delito como crimen de lesa humanidad para que tenga resarcimiento, indemnización y asistencia a las victimas.

El diputado socialista ante la Asamblea Nacional (AN) por el estado Yaracuy, Braulio Álvarez, manifestó que el Comité de Víctimas del Sicariato Campesino de la cual él es integrante,  recibe con mucha  alegría la  decisión del  titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, quien ha solicitado a  los poderes Judicial y Ejecutivo que dirijan  su atención a la investigación y sanción de los casos de asesinato  de campesinos, que se producen en el país desde hace 15 años.

Afirmó el parlamentario que esta comisión instalada por órdenes del comandante  Chávez y refrendada por el presidente Maduro,  tras reunirse con el funcionario, se siente  esperanzada de que estas muertes no queden impunes, ya que con la apertura de puertas que está haciendo el defensor se les ha permitido entregar el récord y seguimiento sobre el estado de los juicios y quiénes son los involucrados, los cuales no han recibido el castigo que estipulan las leyes. Recordó el defensor  de la causa campesina que el tema del sicariato está vinculado con la tenencia de la tierra, el avance de la revolución  y la incursión del paramilitarismo que ha  venido comprando tierras en Venezuela.

“En los últimos  quince años se han producido más de 250 asesinatos, que son atribuidos a terratenientes colombianos,  quienes  reconocen que son de la avanzada de los desplazados Álvaro Uribe,  los cuales  han comprado más de 40 mil hectáreas en las zonas fronterizas de Venezuela”, advirtió el parlamentario. Lo más denigrante, a su juicio, es que estos señores han huido del país, pero dejan sus fundos funcionando en manos de empleados, también colombianos, quienes son los  encargados de hacer el trabajo sucio, señalando que hay muchos habitantes de las poblaciones campesinas que se saben perseguidos por cuerpos extra policiales.

Explicó igualmente que esta  situación se da porque hay daños de orden moral,  dado que algunos funcionarios  venezolanos han permitido que se desarrollen  vías fronterizas  que son usadas para el tráfico de estupefacientes. Cuestionó asimismo  que hubo jueces quienes aplicaron la justicia con lo estrecho para las víctimas y lo ancho para los criminales, pues muchos con implicación  comprobada fueron dejados en libertad. Exigen rectificación y castigo.

El comité exigió que se averigüen las  decisiones que se han tomado en estos casos, se rectifique y se castiguen a los culpables de los crímenes. También demandó que el tribunal tomé las  decisiones sobre  juicios que tiene  varios años, ya que se  corre el peligro de ser declarado nulos por no haber consignación de las  de pruebas correspondientes, muchas de las cuales han sido aportadas  por las víctimas, a riesgo de las consecuencias posibles.

El titular de la Defensoría anunció que la institución trabajará en un proyecto de ley dirigido a resarcir a las víctimas y sus familiares, al respecto el comité  está recogiendo firmas e  introducirá  un proyecto en el  que se sea declara el  sicariato como  crimen de lesa humanidad, para que tenga resarcimiento, indemnización y asistencia a las víctimas.  

Finalmente el comité exigió al INTI que se  revisen las decisiones de algunas  fincas abandonadas por años, que fueron   declaradas productivas, a las cuales  se les  otorgó financiamiento  e inmediatamente fueron vendidas a terceros,  traicionando  de este modo  el pensamiento del comandante  Chávez y  la acción de la revolución en la lucha contra el latifundio.

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