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A menos de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el 19 de noviembre, en las que la derecha opositora está en una posición privilegiada para recuperar el poder con el candidato Sebastián Piñera, el Gobierno de Michelle Bachelet enfrenta una nueva crisis interna. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, integrante del pequeño anillo de confianza de la mandataria y encargado del orden y la seguridad, ha renunciado al Ejecutivo por diferencias en el manejo del conflicto con los indígenas mapuches en el sur del país.

Aunque efectivamente el subsecretario del Interior está formalmente haciendo uso de sus vacaciones por unas dos semanas, de acuerdo con una fórmula propuesta por el Ejecutivo, desde su entorno se asegura que no regresará a su cargo en el palacio presidencial.

La crisis política en esta ocasión se produjo a raíz del conflicto indígena. En La Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, hace décadas se vive un enfrentamiento violento entre los mapuches —que reclaman sus tierras ancestrales—, y la policía, los latifundistas y las empresas agrícolas y forestales. En el marco de esta larga pugna, en julio de 2016 un grupo de mapuches atacó una iglesia evangélica en la localidad de Padre de las Casas. En el interior del templo, adultos y niños celebraban una ceremonia. El Gobierno de Bachelet se querelló invocando la Ley Antiterrorista contra los cuatro acusados: Alfredo Trancal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol.

Detenidos en forma preventiva, hace 110 días los cuatro mapuches comenzaron una huelga de hambre. Para terminar con el ayuno, que fue deteriorando gravemente su estado de salud, reclamaban al Gobierno el retiro de las querellas por la Ley Antiterrorista. Sometidos a un proceso bajo la ley penal común, aseguraban, demostrarían su inocencia. Pese a que el Ejecutivo había desechado en reiteradas ocasiones recalificar las querellas, el pasado viernes La Moneda anunció un sorpresivo cambio de estrategia. Luego de una reunión de la presidenta con los familiares de los huelguistas, el ministro del Interior señaló que se retiraría la invocación a la Ley Antiterrorista.

La decisión de La Moneda se tomó mientras Aleuy, el principal responsable del orden y la seguridad del Gobierno, se hallaba de viaje en Argentina en la llamada Operación Huracán, que terminó con la detención de ocho mapuches. El subsecretario del Interior no estaba en contra de buscar una salida a la delicada situación de los huelguistas, porque finalmente ningún Gobierno quiere terminar su período cargando con el peso de alguna muerte, pero no apoyaba el camino que finalmente eligió Bachelet. A su compleja posición se sumaron las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social, el comunista Marcos Barraza, que señaló que en la Operación Huracán “se abusó de efectismo comunicacional”.

Sin respaldo político

Desautorizado públicamente por la presidenta y sin respaldo político para seguir ejerciendo su cargo, Aleuy tomó la decisión de renunciar a cinco meses de entregar el poder a la próxima Administración en marzo del próximo año. Desde que en mayo de 2015 Bachelet decidiera pedirle la renuncia a Rodrigo Peñailillo, su ministro del Interior y hombre de confianza, Aleuy había sido uno de los principales sostenes políticos de La Moneda. No mantenía una relación de amistad con la presidenta ni necesariamente estaba a favor de la mirada refundacional de este Gobierno, pero era reconocida su influencia y sobre todo la lealtad con la Jefa de Estado. En un Ejecutivo sin coalición y con un jefe de gabinete sin poder, como Mario Fernández, en la práctica Aleuy era el encargado de la gobernabilidad interna.

El oficialismo se halla en un momento complejo. Por primera vez el centroizquierda llegará con dos candidatos a una presidencial y ninguno de los postulantes alcanza un respaldo importante, según las encuestas. Pero esta situación parece no importarle a La Moneda, que está centrada su legado y cumplir con su agenda. Mientras Piñera tiene un 31,3% de respaldo, según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP), el senador Alejandro Guillier, apoyado por los socialistas y otras fuerzas del oficialismo, está en segundo lugar, con el 14,5% de las preferencias. Carolina Goic, senadora y representante de la Democracia Cristiana, alcanza apenas un 2,2%, en el cuarto lugar.

LA TRASTIENDA DE UNA DISPUTA HISTÓRICA

R.M

En conflicto en La Araucanía, en el sur de Chile, se desarrolla desde hace décadas y sus principales protagonistas son el Estado y la población mapuche que habita en la extensa región que se prolonga desde el río Bío Bío a la ciudad de Puerto Montt. Luego de sucesivos desencuentros en el siglo XIX, en 1881 los jefes de las comunidades mapuches —los lonkos— protagonizaron un levantamiento contra el Estado chileno. Recibieron como respuesta una campaña de exterminio que terminó tras dos años con unos 10.000 mapuches muertos, sobre una población de 190.000. Todas las tierras fueron declaradas fiscales y se le considera la expropiación más grande en la historia de Chile. “Sobre estas tierras confiscadas comenzaron a trabajar unos pequeños emprendedores: los agentes de colonos. Estas personas, por lo general inmigrantes o extranjeros, tenían la capacidad de explorar en Europa la disposición de grupos humanos para establecerse en el sur chileno”, escribió el periodista Ascanio Cavallo. Llegaron alemanes, franceses, vascos, etcétera. “En menos de 40 años, el pueblo mapuche sería menos de un cuarto en La Araucanía”.

FUENTE: EL PAÍS

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