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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) ratificaron el dia lunes en esta capital su compromiso de contribuir al anhelado acceso del campesinado a la tierra.

Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP en las conversaciones de paz con representantes del gobierno colombiano, subraya en un comunicado que no escatimarán esfuerzos en la mesa de diálogos, y esperan que al gobierno no se le ocurra "patear la mesa".

El Estado Mayor Central de la agrupación guerrillera califica de mal intencionada y perversa la forma en que se pretende desviar la atención acerca de las causas ciertas y los verdaderos responsables del despojo de tierra en la nación sudamericana, fruto de la violencia estatal y paramilitar.

Señala el texto, que tal situación fue concebida como política de Estado para facilitar la entrega de buena parte del territorio nacional a transnacionales que explotan la tierra gracias a contratos desmedidos, y que por demás producen severos daños ambientales.

La ocupación de tierras baldías del Estado por parte de colonos campesinos, sea en forma individual u organizada para reivindicar sus aspiraciones por la tierra y por una vida mejor, quiere ser presentada como una acción criminal y de enriquecimiento por parte de las FARC-EP, indica el documento.

Tal criterio, dista de toda verdad y realidad, pues el Estado-victimario y despojador pretende transformarse en el Estado-víctima despojado, sentencia el comunicado.

Las FARC-EP advierten que tales acusaciones constituyen en realidad un pretexto para realizar un nuevo ciclo de despojo acompañado de la criminalización de campesinos.

El grupo guerrillero colombiano insta a la creación de una comisión de alto nivel para que esclarezca la verdad sobre el supuesto despojo de tierras de la insurgencia, la cual debe estar integrada por representantes del gobierno nacional, los campesinos, las FARC-EP, y de la comunidad internacional.

Por nuestra parte -puntualiza el texto- sugerimos como observadores internacionales a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y al expresidente estadounidense James Carter.

Dicha Comisión -agrega el documento- deberá ocuparse también de la investigación y verificación de las múltiples denuncias y testimonios acerca del despojo que compromete a grandes terratenientes, empresarios, funcionarios del Estado y empresas transnacionales.

Las FARC-EP también condenan las vías utilizadas por la contraparte para desprestigiar al interlocutor insurgente.

Dichas partes están inmersas en el sexto ciclo del diálogo de paz, iniciado en La Habana el 19 de noviembre pasado, bajo el formato de tres días de pláticas y uno de receso, y con el asunto de la tierra como centro del acercamiento para poner fin a décadas de conflicto en el país suramericano.

Además del tema agrario, la agenda acordada por las FARC-EP y el gobierno para el acercamiento incluye la participación política, el fin del conflicto, el problema del narcotráfico, la atención a las víctimas y los mecanismos de refrendación y verificación de lo pactado en la mesa.

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