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Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se han convertido en foco de atención de los diálogos en La Habana desde que, hace un par de semanas, las Farc propusieron públicamente destinar nueve millones de hectáreas para este propósito. La iniciativa ha generado reacciones de todos los sectores pero los campesinos, lejos de estos debates, pelean un asunto de fondo: que quienes trabajan  en pro de este proyecto tengan seguridad. Cosa que, al parecer, no ocurre en el campo colombiano.

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina acaba de denunciar la desaparición de Alonzo Lozano, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Región del río Guaviare, coordinador de derechos humanos por parte de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano y líder del movimiento político Marcha Patriota. Según indicaron miembros de estas organizaciones, Lozano se encontraba realizando reuniones con comunidades campesinas pertenecientes a la Mesa de Unidad Cívico, Agrario y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc) en Villavicencio (Meta), lugar de donde partió el 22 de marzo hacía la vereda Matabambú del municipio de Mapiripán (Meta) y desapareció.

Los miembros de la Mucapoc aseguraron ya habían denunciado el pasado 20 de marzo, ante la Policía Nacional, las amenazas en contra de Lozano y otros líderes de la región. Asimismo, en el comunicado reportaron “retenes ilegales y empadronamientos por parte del Ejército que debieron soportar las delegaciones de diversas organizaciones pertenecientes a la Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano, cuando se dirigían al Tercer Encuentro de Zonas de Reserva Campesina, que se realizó en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá)”.

El asesinato de Lozano ocurre en un momento complejo para la realidad nacional. En La Habana no se ignora que la Marcha Patriótica podría ser el colectivo político que acogería a los miembros de las Farc que firmen la paz y quieran involucrarse en contiendas electorales, en caso de que los acuerdos con el Gobierno así se los permita. Además, este no es el primer líder del movimiento que se ve afectado por la violencia. En noviembre del año pasado, por ejemplo, fue asesinado Édgar Sánchez en Soacha (Cundinamarca). Los miembros de la Marcha Patriótica insisten en que están siendo objeto de una campaña de hostigamiento.

Hoy, de igual manera, se reportó el homicidio de Gustavo Adolfo Pizo García, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Totoró (Asocat) en el departamento del Cauca. Sucedió la noche del pasado 25 de marzo cuando caminaba por las calles del municipio junto a su hermano. Un grupo de desconocidos los abordaron y con armas corto punzantes los atacaron, causándole la muerte inmediata al líder campesino de 31 años que llegó sin signos vitales al hospital.

Pizo también había sido presidente durante ocho años de la Asociación Corregimental de Usuarios Campesinos del Cauca, y durante su labor “buscó el fortalecimiento de las organizaciones populares, propugnó por la unidad entre campesinos e indígenas, y luchó por el territorio que nos ha obligado a procurar la conformación de las Zonas de Reservas Campesinas como medio de defensa y subsistencia”, manifiesta el comunicado enviado por Asocat.

Esta denuncia se conoce cuatro días después de que los 54 jueces y magistrados especializados en el tema de restitución de tierras le solicitaran al Gobierno que les brindara la protección y seguridad necesaria para continuar con su labor, y asimismo, que se reforzaran los esquemas de seguridad de los reclamantes de tierras. El director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, respondió sin embargo en el diario ‘El Tiempo’ que no hay funcionarios amenazados y que se está protegiendo “toda la cadena” de la restitución de tierras.

El neurálgico tema de las tierras, no obstante, sigue siendo una preocupación seria en el país. Según el último informe de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre enero y septiembre de 2012 fueron asesinados 37 defensores de derechos humanos, “en su mayoría activistas y líderes rurales”. Las cuentas de la Defensoría del Pueblo son aún más alarmantes: esta entidad notificó el año pasado que entre 2006 y 2011 71 líderes de tierras habían sido asesinados.

La seguridad para campesinos y activistas que reclaman el derecho a la tierra sigue siendo un talón de Aquiles para el gobierno Santos.

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