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Eduardo Gudynas

Jueves, 09 Noviembre 2017

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El informe hecho público el domingo por la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA) en Colombia es espeluznante. Al menos, 660 casos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, 262 detenciones arbitrarias, 12 personas asesinadas, 21 personas heridas con armas de fuego, 485 heridos con otro tipo de elementos, 4 desaparecidos, 51 casos de ataques indiscriminados contra la población civil en diferentes departamentos de Colombia y 52 casos de hostigamiento a líderes y lideresas campesinos y populares.

La MIA denuncia así que el Gobierno, “lejos de buscar escenarios de dialogo e interlocución ha implementado una maquinaria de guerra y muerte contra el pueblo colombiano a través del Esmad, la Policía, el Ejército Nacional y agentes de civil, señalando y persiguiendo a miles de manifestantes y sus principales dirigentes”.

La crisis de derechos humanos se ha agudizado en el transcurso de la última semana en los departamentos de Tolima, Huila, Nariño y Cauca. La Mesa de DDH asegura que “en los últimos días se han incrementado los señalamientos, seguimientos, y detenciones arbitrarias y los ataques indiscriminados contra los manifestantes en varios departamentos del país. Como resultado de estas acciones criminales se presume la presunta masacre de cuatro campesinos en el corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, entre los que posiblemente se encuentra una niña. Se reportan a su vez en los departamentos de Caquetá, Nariño y Cauca numerosos ataques a bienes civiles, actos de pillaje, retrasos en misión médica, uso desproporcionado de armas convencionales y uso de armas no convencionales, ataque al medio ambiente y ataques a misión humanitaria y comisiones de Verificación en materia de Derechos Humanos”.

Según el informe las fuerzas de seguridad están utilizando de forma “indiscriminada artefactos no convencionales (proyectiles recalzados y "papas" bomba con metralla), armas convencionales (Lanza llamas, ráfagas de proyectiles de arma de fuego, granadas de fragmentación, granadas MGL, Granadas de mortero y de fusil, granadas aturdidoras, gases lacrimógenos - lanzados por vía aérea y terrestre - y perdigones) en contra de las concentraciones de humildes campesinos y pobladores urbanos”.

¿En qué anda el Paro?

El Paro Nacional Agrario sigue en marcha, aunque los campesinos han cumplido su promesa de levantar los tranques de carreteras en los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Tolima y Putumayo, tal y como firmaron el pasado domingo en el Acta de Acuerdo con las autoridades y tal y como confirmó ayer el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, que verificó su cumplimiento.

El Acuerdo permitirá que se establezca una mesa de negociación, pro los campesinos e indígenas movilizados ya han advertido de que el levantamiento de los cortes no significa el fin del Paro. También han exigido que no se judicialice a aquellas personas detenidas durante las protestas.

El vicepresidente de la República y ex sindicalista, Angelino Garzón, logró un acuerdo -tras 14 horas de reunión- que era clave para el Gobierno, ya que las tres semanas de Paro Agrario ya provocaban desabastecimiento alimentario en las ciudades y tenía bloqueada la frontera con Ecuador. Aunque Gobierno y medios de comunicación han insistido en el desabastecimiento para restar apoyos al Paro, la realidad es que, en ciudades como Bogotá, se ha encontrado de casi todo, aunque se hayan incrementado los precios. Como escribía el columnista Nick Israel hace unos días “para un bogotano promedio escuchar que hay paro agrario en pueblos de Boyacá, Nariño y Cauca es conceptualmente igual de lejos que ver una erupción solar por televisión, es decir es preocupante por sus efectos nocivos, pero se ve tan lejos…”.

En todo caso la firma de este primer acuerdo y la apertura e las carreteras dio oxígeno al presidente, Juan Manuel Santos, para enfrentar la huelga de 300.000 maestros que sólo duró 24 horas tras la consecución ayer de unos acuerdos en Bogotá que significarían la inyección de 1 billón de pesos colombianos en la educación pública para cancelar deudas pendientes con los maestros por reliquidaciones pensionales por factores salariales, cesantías, primas extralegales, ascensos en el escalafón, bonificaciones por zonas de difícil acceso y homologaciones, entre otros.

El seguimiento al Paro Agrario y a las negociaciones entre campesinos y Gobierno es equivalente a intuir el futuro de Juan Manuel Santos, cuya popularidad está cayendo a pesar de su apuesta por el proceso de paz con las FARC. Como escribe José Antonio Gutiérrez Dantón en Prensa Rural: “el gobierno negocia pero no de buena fe. Su negociador estrella es Angelino Garzón, el mismo que en su condición de ex sindicalista, impulsó el TLC con EEUU ante la oposición de los sindicatos de ese país, que cuestionaban el asesinato de sindicalistas en Colombia. El gobierno de Santos negocia con sangre en sus manos y tendrá, tarde o temprano, que dar la cara a las víctimas. Santos negocia porque le tocó, porque no pudo derrotar la voluntad de un pueblo movilizado y digno. (…)Santos, lo que pretende, es ganar tiempo con estas negociaciones, mientras su “unidad nacional” se agrieta por todas partes y su imagen se desploma ante la opinión pública sin que ninguna operación de maquillaje mediático pueda hacer nada al respecto. Se critica que Santos tenga una política zigzagueante, pero no puede ser de otra manera pues ésta refleja las contradicciones propias del bloque dominante en medio de una grave crisis de hegemonía”.

¿Segundo tiempo de los paros agrarios?

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