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En  el año 2004, el gobierno colombiano estableció lineamientos para promover la participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales. A través de estos lineamientos, formalmente, se buscaba promover el desarrollo sostenible en las regiones del país, con especial énfasis en la situación de comunidades y organizaciones de base, así como conservar ecosistemas particularmente frágiles. Sin embargo, diez años después, el balance de los acuerdos público-privados en torno al turismo pone en cuestión si realmente se trata de iniciativas que persiguen el desarrollo sostenible a escala comunitaria y, mucho menos, la conservación ecológica.

El auge del ecoturismo, complementado con un paquete de beneficios tributarios para promocionar esta área de inversión, ha configurado en Colombia el escenario ideal para el desarrollo de un modelo que amenaza peligrosamente las formas de vida locales y de los ecosistemas de muchos de los lugares más importantes para la conservación en el país. Este modelo, que empezó a formalizarse cuando el país atravesaba por uno de los momentos de mayor agudización del conflicto armado, el robo de tierras y el desplazamiento forzado de los habitantes del campo se ha expresado de disímiles maneras en el territorio colombiano. Los casos más críticos se presentan en algunos de los parques más visitados del país, como el Tayrona ubicado en el Caribe colombiano, donde se inauguró este nuevo modelo de inversión que suponía importantes concesiones turísticas con empresas privadas pero que, en los hechos, entendían poco o nada de los contextos locales, especialmente de los conflictos de tenencia de tierras en los que operarían sus ambiciosos proyectos turísticos. 

En Islas de Rosario la situación es similar. En el año 1977 se creó el “Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y de San Bernardo”, que abarca 120 000 hectáreas y afecta espacios habitados ancestralmente por comunidades afro. Desde entonces, cientos de familias nativas han experimentado cómo estar dentro de un parque natural limita su actividad pesquera, sus formas de transitar y, en general, el ejercicio de su territorialidad. Entre las consecuencias más perversas de esas restricciones se encuentra, por ejemplo, la criminalización de las formas de vida de la población nativa pues, cualquier tipo de uso de los recursos de su entorno, está bajo sospecha de ser un atentado contra la naturaleza y, por lo tanto, motivo de persecución y sanción. Sin embargo, no pasa lo mismo con los hoteleros y las casas privadas de recreo instaladas en el interior del parque natural ya que tienen otras vías de diálogo con las autoridades ambientales locales, así sus prácticas impliquen la tala del manglar o de otras coberturas vegetales protegidas.

En suma, el ecoturismo tiene un poder de transformación espacial capaz de modificar las pautas y prácticas de apropiación del territorio, la circulación y, en general, la vida de los ocupantes tradicionales de las áreas con aptitud para la conservación. Asimismo, este nuevo ámbito de inversión supone relaciones desiguales y encarna asimetrías difíciles de transformar o desatar pues, bajo las reglas de juego del turismo, que ofrece espacios controlados y de disfrute a los visitantes, la gente local es instrumentalizada y puesta al servicio de objetivos neoliberales de aprovechamiento de la naturaleza.

Esa es la otra cara de la realidad que muchos turistas desconocen, pues los lugares que con tanta admiración visitan son espacios históricamente habitados donde han emergido procesos organizativos llenos de disputas territoriales con una serie de restricciones y limitaciones que han sido el caldo de cultivo de importantes procesos de resistencia. Por eso, vender paisajes como lugares vacíos cuando en realidad son el hábitat de cientos de familias organizadas, no solo invisibiliza y borra la presencia y el aporte de los nativos a estos paisajes, sino que además es un atentado contra la autonomía territorial que por tantas décadas han defendido.

Tomando en cuenta todo lo anterior, la Red Territorios Visibles, Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, solicita al estado colombiano adoptar medidas que  contrarresten los impactos que el ecoturismo, en nombre de un conservacionismo a ultranza, genera en beneficio y disfrute exclusivo de pocos a cambio de un costo muy alto para la vida y reproducción de los que son excluidos del proceso. Creemos que es posible encontrar un equilibrio entre los derechos y las autonomías territoriales locales y el sector turismo, siempre que los términos de negociación de los proyectos garanticen el derecho de participación, el derecho a la consulta y los derechos territoriales de las comunidades preexistentes, incluyendo el respeto de sus actividades, dinámicas y formas de apropiación del territorio, así como el resguardo a su acceso y uso de los recursos naturales de su entorno.

Finalmente, también consideramos que ante el auge del ecoturismo y de los ideales globales por la sostenibilidad del planeta, el común de estados latinoamericanos debe analizar la experiencia colombiana y tomar las precauciones necesarias para que cualquier iniciativa de aprovechamiento del paisaje o la conservación de especies dialogue, incluya y sea respetuosa de las trayectorias de vida y territorios de las poblaciones locales. En ese ámbito, creemos que  el derecho a la consulta previa cumple un papel central. 

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