Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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La organización internacional Oxfam, en un evento organizado en cooperación con las dos organizaciones más representativas del movimiento campesino, Dignidades Campesinas y la Cumbre Agraria, manifestó serias objeción al nuevo proyecto de reforma rural presentado por el Gobierno.

De acuerdo con Oxfam, el proyecto de ley 133 permitiría la legalización de los baldíos adquiridos de manera irregular en los territorios que se definan como Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico - Zidres, lo que conducirá a la concentración de tierras en poder de grandes empresarios nacionales y extranjeros.

En los documentos dados a conocer por estas dos organizaciones, se evidencia que este proyecto de ley pretende que los empresarios gestores de los proyectos aprobados en el marco de las Zidres sean exentos de la ley 160 de 1994 que prohíbe la concentración de tierras.

Tras un análisis exhaustivo hecho por Oxfam Colombia, en asocio con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - Codhes, denuncian que “en las tierras que se han establecido como Zidres, los campesinos sin tierra no serían adjudicatarios de baldíos y por el contrario tendrían que endeudarse para poder adquirirla”.

Según un informe de la Contraloría de la República, grupos económicos y empresas como Indupalma, los exministros de Agricultura y Desarrollo Rural y de Educación Nacional, Rubén Darío Lizarralde y María Fernanda Ocampo; la familia del entrante Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, Riopaila Castilla, Aceites Manuelita, e incluso transnacionales como Cargill, la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo, entre otras, se verían beneficiadas por este proyecto de ley.

En el informe también se indica que entre los 14 casos que implican a las personas naturales y jurídicas anteriormente mencionadas, tendrían un aproximado de 101.180 hectáreas acumuladas irregularmente, pues estos terrenos habían sido adjudicados anteriormente como lotes baldíos.

El valor total de los lotes acumulados, según la Contraloría, llega a los 150.378 millones de pesos. Adicionalmente, 6 de los 14 casos reportados recibieron incentivos, subsidios y créditos del Estado por un monto de 139.365 millones de pesos. 5 de estos casos eran multinacionales extranjeras.

La Codhes denuncia que si este proyecto se convierte en ley, violaría en concepto de ‘cosa juzgada’, establecido por la Corte Constitucional en varias sentencias que ratifican que los lotes baldíos que pertenezcan al Estado solamente pueden ser usados para restituir tierras a campesinos vulnerables y comunidades étnicas.

Allí también se advierte sobre otros riesgos del proyecto como la asimetría de las alianzas productivas, que desconoce la eficiencia económica de los pequeños productores y los convertiría en proveedores de mano de obra.

Por su parte, las organizaciones campesinas expresaron que esta ley contradice los acuerdos parciales alcanzados entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), generando todo lo opuesto al espíritu de los acuerdos que buscan una mejor distribución de tierras.

De hecho, el informe presentado por Oxfam superpone dos mapas, uno que muestra cómo se desarrolla la agricultura y la agroindustria en Colombia y allí se evidencia que en las zonas donde se favorece a la agroindustria y la economía extractiva es donde más violencia se presenta.

El evento convocado por las organizaciones Planeta Paz, Codhes, Cinep, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, Comisión Colombiana de Juristas, Dignidad Agropecuaria y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y Oxfam, concluye con la petición al Gobierno Nacional de retirar el proyecto de ley y al Congreso de la República de no aprobarlo en caso de que el Gobierno insista.

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