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Afirman que creación de Zonas de Interés de Desarrollo Empresarial ya está en el PND, que se les entregarán terrenos baldíos destinados a campesinos sin tierra, y que esto contradice los acuerdos de paz.

Las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado ya se encuentran listas para sesionar conjuntamente para debatir el Plan Nacional de Desarrollo. Pero al tiempo que el Gobierno busca las mayorías para aprobarlo su hoja de ruta por el cuatreño 2014-2018, un grupo de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos ha estudiado los pormenores que plantea el texto sobre el desarrollo agrario, y específicamente, sus implicaciones respecto  a la problemática de los terrenos baldíos. La conclusión: “El PND además de contradecir los acuerdos logrados en la Habana, incluye medidas lesivas para un desarrollo rural incluyente”.  

Las organizaciones son Oxfam, Planeta Paz, Codhes, Cinep, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, Comisión Colombiana de Juristas, Dignidad Agropecuaria y la Cumbre Agraria, entre otras, y en una rueda de prensa expusieron los  “alcances y riesgos del Plan Nacional de Desarrollo sobre Baldíos, ordenamiento territorial y paz”. Los principales reparos a esta iniciativa, señalados por la exsubdirectora de tierra del Incoder, Jhenifer Mojica, son que con esta iniciativa se “da carta blanca al gobierno para que reglamente el tema de los baldíos sin pasar por el congreso”.

Mojica, hoy en la Comisión Colombiana de Juristas, fue enfática en que uno de los problemas del PND es que no reconoce    a los pueblos étnicos y campesinos que habitan los baldíos, lo que podría conducir a que se definan zonas de reserva sobre este tipo de terrenos, negando su función social. “El PND incluye una regulación para la adjudicación de terrenos baldíos para propósitos del gobierno”, explicó la exfuncionaria, quien considera  que este PND afectar los procesos de restitución y las reformas al campo que necesita el proceso de paz.

El aparte puntual al que hacen referencia para señalar que el PND lleva incluido el polémico proyecto 133 de 2014, a través del cual se reglamenta e la adjudicación de baldíos abriendo la posibilidad para que sean entregados a empresas privadas, es el siguiente: “se deben desarrollar instrumentos que apunten al uso eficiente del suelo en escalas adecuadas, de conformidad con los lineamientos y criterios determinados por la UPRA, y promover proyectos de gran envergadura de mediano y largo plazo que involucren a los pequeños productores e inversionistas en condiciones equitativas. Estos instrumentos contemplan la posibilidad de crear zonas especiales de desarrollo rural y agropecuario, en las cuales se podrá establecer contratos de largo plazo sobre tierras de la Nación y la acumulación productiva de tierras que fueron baldías sobre la base del involucramiento de los campesinos y pequeños productores de la región sin que necesariamente exista transferencia de dominio sobre la tierra explotada”.     

El senador Alberto Castilla, del Polo Democrático, consideró que una de las preocupaciones es que  el Gobierno podría permitir la realización de minería en terrenos baldíos. El representante, Alirio Uribe, también del Polo, sostiene que este texto contradice los acuerdos de La Habana sobre el punto de tierras. Y concluye Castilla: “el PND privilegia la agroindustria, la minería y los grandes proyectos de infraestructura por encima de la economía campesina”. Jorge Robledo, de la misma colectividad, sostuvo que "Trasladar la tierra a los productores más eficientes es propio de un PND sin campesinado". Por su puesto, estos son los argumentos que  la bancada del Polo esgrime para votar negativamente el proyecto.

Por su parte, Ángela Penagos, de Planeación Nacional,  defiende la iniciativa del Gobierno argumentando que las bases del PND incluye toda la problemática de tierras del país. “En el articulado estamos hablando de que hay algunas zonas en Colombia donde podemos desarrollar unas zonas especiales por ciertas características de las regiones. La ley 160 ya contempla las zonas de desarrollo empresarial, que nunca se han implementado en Colombia, no es un invento de nosotros, está desde la ley de 1994”

La tesis de la funcionaria es que se pueden mejorar las escalas productivas de los campesinos y pequeños productores Y afirma que no se va a trasladar el derecho de la propiedad y que habla de “acumulación productiva de tierras, que es diferente a acumulación de la propiedad. De hecho la frase termina “sin que exista transferencia del dominio sobre la tierra”. Penagos sostiene que la 160 de 1994  “ya dice que los baldíos son para campesinos” y que no serán entregados a empresarios. “No se les puede dar tierra a inversionistas. De lo que somos conscientes es que en algunas regiones del país se requiere mejorar las escalas, y aquí lo decimos claramente con la participación de los campesinos, sin la transferencia del dominio, una acumulación productiva, no de la propiedad.

Sobre el artículo que, según dicen las organizaciones permite entregar tierras baldías a los empresarios, la  funcionaria  apunta que se necesita “aclarar el artículo que permite entregar baldíos en unas condiciones más flexibles y en beneficio únicamente de población campesina y esto no se opone a que en algunas zonas del país donde haya campesinos que lo deseen puedan asociarse para hacer proyectos productivos a escalas más eficientes. Por tanto, la ley no modifica régimen de la Unidad Agrícola Familiar ni le va a quitar la tierra al campesino. No estamos modificando el régimen de baldíos.

 

En conclusión, el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo y sus implicaciones en todas las materias de la realidad nacional hasta ahora empieza. El gobierno sabe que en materia de desarrollo agrario muchos ojos están encima. Pues todo lo que en este aspecto ocurra tiene implicaciones sobre el proceso de paz con las Farc. Y aunque el pulso hasta hora está empezando, lo claro es que no será un debate fácil, pero es necesario. 

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