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El presidente Santos se reunió en la Casa de Nariño con voceros de la Cumbre Agraria el pasado 25 de junio para buscar mecanismos que destraben el proceso de negociación de los acuerdos pactados desde hace más de un año.

Fueron tres los puntos que se discutieron en una reunión a puerta cerrada entre las partes; el tema de derechos humanos, la ruta de negociación y los incumplimientos por parte del gobierno y la ejecución del paquete económico que se acordó para el desarrollo de proyectos formulados por las organizaciones y las comunidades.

Las amenazas contra organizaciones y lideres que confluyen en la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular no han cesado, así como tampoco ha cesado la represión por parte de agentes y cuerpos de seguridad del Estado contra los miembros de dichas organizaciones, por ello los voceros de la Cumbre fueron enfáticos en insistirle al gobierno que se deben agilizar las investigaciones que den cuenta de los responsables de las amenazas e intimidaciones, así como de los asesinatos cometidos contra manifestantes durante las jornadas de movilización del año anterior. También exigieron agilizar los procesos judiciales de las personas detenidas injustamente durante los paros de 2013 y 2014.

Punto neurálgico de la reunión fue el tema de la ruta de negociación entre las partes. Para la Cumbre Agraria, el proceso ha sido lento y lleno de trabas por parte de los delegados del gobierno a quienes los voceros de las comunidades rurales acusaron de dilatar las reuniones y encuentros que han sostenido.

Los voceros de los campesinos, indígenas y afros sostuvieron que se requiere de una figura, una persona, con la capacidad de tomar decisiones y que tenga compromiso político para cumplir los acuerdos con las organizaciones y las comunidades.

Sobre lo anterior, las partes acordaron la creación de una nueva comisión conformada por delegados del gobierno y de la Cumbre Agraria con mediación de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, que construya una nueva metodología que permita avanzar en la discusión del pliego de ocho puntos.

De otro lado, los voceros de la Cumbre también le insistieron al gobierno que debe agilizar la entrega de los recursos para la ejecución de los proyectos acordados. A esta propuesta el presidente Santos respondió con el compromiso de desembolsar doscientos cincuenta mil millones de pesos para el Fondo de Fomento Agropecuario, fondo que fuera acordado desde las primeras negociaciones.

Se preparan movilizaciones para agosto

Tras la reunión con Santos y su grupo de asesores, los voceros de la Cumbre Agraria anunciaron que pese a los nuevos compromisos del gobierno y los tiempos pactados, las comunidades rurales alistan movilizaciones para protestar contra las políticas que continúan agrediendo sus territorios.

Sin lugar a dudas el recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo se constituye en una amenaza para quienes habitan las zonas rurales del país. El PND aprobado es una amenaza contra el pliego presentado por la Cumbre, así como para lo acordado en el punto 1 de la agenda de diálogos de la Mesa de La Habana, por ello las organizaciones que hacen presencia en los campos colombianos preparan importantes movilizaciones a finales del mes de agosto, para protestar y exigir la garantía de sus derechos.

Cabe anotar que el pasado miércoles 10 de junio, la Cumbre Agraria en compañía de la bancada en el Congreso del Polo Democrático Alternativo, demandó el Plan Nacional de Desarrollo ante la Corte Constitucional por, entre otras cosas, atentar contra la soberanía de las comunidades sobre sus territorios, además de configurarse como un estrategia que va en la vía de fortalecer las políticas neoliberales.

Pero la razón principal que motiva las protestas es el reiterado incumplimiento de los acuerdos que el gobierno ha establecido con las comunidades y no solo los macroacuerdos alcanzados con la Cumbre Agraria. Esa es la principal razón que ha llevado a las organizaciones a anunciar la inminencia de las jornadas de movilización y protesta.

Ahora está en manos del gobierno conjurar una crisis que ha tratado de aliviar con paños de agua tibia. Una crisis que el gobierno descuida cada tanto y que se ha agravado debido a la creciente militarización y agudización del conflicto en los territorios, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la promoción de leyes que favorecen la privatización y el despojo como lo es el proyecto de ley que busca aprobar las  Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres).

 

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