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Enrique Castañón Ballivián

Jueves, 03 Agosto 2017

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El senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), para mayo del año 2012 pugnaba por el cumplimiento de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con la frase “la política de restitución de tierras es una cortina de humo que ni humo echa”. Explicaba cómo el gobierno de Juan Manuel Santos no había restituido ni una sola hectárea. Por otro lado, el ejecutivo impulsa los procesos de libre comercio y la concentración de la tierra. En octubre de 2010, el gobierno anunciaba un plan de choque para restituir a abril de 2011 por vía administrativa 312 mil hectáreas a 134 mil familias. Para estas fechas “No se restituyó ni una sola hectárea”.

Robledo mostró decenas de frases del presidente Santos donde se dice que el gobierno ha restituido miles de hectáreas a las víctimas y está haciendo una “revolución agraria” nunca antes vista. “Esas son falsedades. Hasta hoy no se ha restituido una sola hectárea de tierra a las víctimas,” concluyo el senador del Polo. El congresista señaló que el Polo citó a debate para que la restitución se dé de verdad y no solo en las frases de las declaraciones oficiales.

Críticas al proceso de restitución de tierras

Luego de tres años de debates, vuelve a la palestra la batalla de cifras, [1] que en esta ocasión la comenzó el senador Armando Benedetti (Partido de La U), quien citó a la Unidad de Restitución de Tierras a un debate de control político ante la Comisión Primera, al asegurar que está crudo el proceso de devolución de terrenos a despojados por actores de la violencia.

En los primeros cuatro años de operar el mecanismo de devolución de terrenos a desplazados, se han inscrito 72.623 solicitudes, que corresponden al 20 por ciento de la meta de Ley, que espera que para 2021 se hayan gestionado 360 mil peticiones de víctimas.

De estas 72 mil solicitudes, solo se han fallado 1.041 sentencias restitutivas, (a marzo de 2015), que demostrarían una increíble lentitud en la justicia para resolver los casos denunciados.

El senador advierte que hasta ahora se han devuelto 94.156 hectáreas de tierra, pero de ellas, 50 mil fueron adjudicadas a una sola comunidad indígena. Es decir, que a la mayoría de desplazados solo se les ha devuelto 44 mil hectáreas. Añade en seguida que la meta para la Ley es devolver seis millones de hectáreas, que se calculan fueron despojadas violentamente. Es decir, en cuatroaños, se han restituido el 2 por ciento. “No ha pasado absolutamente nada. Se necesitarían 500 años al ritmo que van hoy para restituir los seis millones de hectáreas”, sentenció.

Sobre la lentitud del proceso, que debería entregar a 2021 seis millones de hectáreas de tierras, el gobierno argumenta que solo pueden avanzar en la devolución de terrenos que hayan sido objeto de exitosos procedimientos de extinción de dominio, y que cuenten con todas las garantías de seguridad para el retorno de los despojados.

Justicia y administración lentas

El senador entiende que mucho de ello es culpa de la lentitud de los procesos en los juzgados, pero también denuncia que hay muchos jueces, especializados en esta ley de restitución, que ni siquiera tienen en sus despachos una sola causa remitida por la Unidad de Restitución.

“Hoy hay 39 jueces de Restitución y 15 magistrados. Llama la atención que la mayoría de estos juzgados tienen pocos procesos, por ejemplo: Cartagena: ningún proceso. Barrancabermeja: seisprocesos. Valledupar: tiene tres juzgados y 19 procesos allí; en promedio seispor juzgado. Sucre: tiene dos juzgados y 10 procesos (5 cada uno). Montería: 11 procesos. Cundinamarca: 10. Y los juzgados con más procesos son Cali (116) y Mocoa (127)”, dijo Benedetti.

El legislador incluso se preguntó por qué no se aprovecha que la mayoría de solicitudes de restitución (55 mil de 72 mil) son sobre terrenos baldíos, lo que permitiría agilizar la devolución de terrenos a los desplazados.

La Unidad, liderada por Ricardo Sabogal, responde: “La Unidad de Restitución de Tierras no pasa por alto las voces críticas que piden ir más rápido y tener mayores resultados. Tampoco ignora a quienes piden que, en procura de hacer el proceso más ágil, no se sacrifique la calidad de las investigaciones”.

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