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Junto con los datos personales sobre edad, lugar de nacimiento, dirección, etc., en la cédula de identidad, muchas personas están incluyendo su identidad cultural, como producto de un decreto y política institucional del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). Este hecho a nivel urbano ha tenido una repercusión menor, no obstante a que varias organizaciones indígenas han mostrado su conformidad pues éste sería un mecanismo que les permite mayor acceso a derechos.

El convite Autoidentificación, gobierno y autonomía indígena, organizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) y realizado el jueves 13 de octubre, fue el espacio para poner este tema en discusión en una coyuntura en la que se están concretizando varias aspiraciones a las autonomías indígenas.

Samuel Flores, ex autoridad de la nación Qhara Qhara y secretario permanente del tribunal de justicia, motivando la reflexión indicó ser la segunda persona en el país, en haber autoidentificado en su cédula su identidad cultural en el territorio de su nación originaria. Explicó además que esta modificación es el logro de una demanda iniciada el año 2006, cuando la demanda por titulación de la Marka Quila Quila, se vio truncada por los diversos requisitos y recursos. Al aprobarse en 2009 la nueva Constitución Política del Estado, han tenido avances y retrocesos ante instancias burocráticas estatales, pero su aspiración por la autonomía les ha hecho cuestionar la necesidad de solicitar y presentar personería jurídica como pueblo indígena y plantearse la autoidentificación como señal de autodeterminación.

Samuel Flores explica que la autoidentificación es un mecanismo para fortalecer el ejercicio de la justicia indígena campesina, concretar los derechos políticos y alcanzar los derechos económicos que otorga la pertenencia a un territorio.

Por su parte, el antropólogo Pedro Pachaguaya se refirió a la crisis que actualmente viven las estructuras nacionales de las organizaciones indígenas y campesinas. Esta crisis denota la fragilidad del carácter orgánico de estas estructuras, respecto a sus territorios y también que las gestiones dirigenciales (1 o 2 años) no hacen sostenible el conocimiento de los conductos regulares de la burocracia estatal.

También hizo notar que no se tienen datos sobre la autoidentificación cultural de la población, por la divergencia que muestran los dos últimos censos. De cualquier forma, apunta Pachaguaya, no es suficiente con la nominación de indígena bajo el mismo sistema de derecho individual. La autoidentificación, debería remitir a lo indígena en tanto acceso a los derechos colectivos y también a los deberes colectivos. Mencionó la experiencia de otros países en cuanto a la identidad y la documentación personal y explicó que en Bolivia hubo varios intentos de gestionar la identidad desde el Estado, pero ni las ciencias sociales ni las ciencias jurídicas confluyeron juntas para analizar los impactos jurídicos y políticos.

Junto con Flores y Pachaguaya, aportaron a estas reflexiones, Eulogio Nuñez del Órgano Electoral Plurinacional, Eduardo Acevedo de CIPCA Altiplano, Julio Peñaranda activista por la defensa del TIPNIS, Pamela Cartagena directora general de CIPCA, Marco Mendoza director de la Fundación CONSTRUIR, el ex magistrado Gualberto Cussi, el antropólogo Bernardo Fischermann, el ex viceministro y ex ejecutivo de la CSUTCB Paulino Guarachi y el investigador ecuatoriano Stalin Herrera.

Los participantes del conversatorio compartieron diversas experiencias sobre territorios indígenas en consolidación, procesos autonómicos exitosos y otros truncados. Charagua, Totora, Lomerío, Yura, Jacha Carangas, Killakas, TIPNIS, Isoso, Monte Verde, Lagunillas, fueron algunos de los territorios aludidos. La provocación de Quila Quila en su apuesta por la autonomía indígena no desde la forma de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) -nueva nominación de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO)- sino desde el ejercicio de la autodeterminación que permite la Constitución Política del Estado, repercutió en el abordaje del problema en cuestión, si acaso la autonomía indígena lograda en el marco del Estado de derecho, por conversión municipal, garantiza el ejercicio de la autodeterminación y el gobierno propio, o es que las autonomías territoriales significan procesos que reflejan mayor fortalecimiento. En esta tensión, la autoidentificación cultural incluida en las cédulas de identidad, podría implicar no sólo una nominación formal, sino la expresión del ejercicio de la autodeterminación indígena. Este camino de ninguna forma es llano, y la multiplicidad de procesos territoriales en toda Bolivia, convocan al acompañamiento y a particularizar cada proceso.

Próximamente, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, proporcionará un documento que sistematice estas reflexiones y aporte a la visibilización de perspectivas.

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