Antes de ocupar la presidencia del SER, el ingeniero Roger Agüero tuvo a su cargo el programa institucional de Agua y Saneamiento. A partir de esa experiencia, habla con Noticias SER y nos ofrece una evaluación de los avances y de los retos que aún quedan por superar respecto a la cobertura de estos servicios en el sector rural.
¿Cuál es el panorama en el sector rural, respecto al acceso de la población a los servicios de agua y saneamiento?
De los 30 millones de peruanos, aproximadamente 7.2 millones, habitan las zonas rurales, entendiendo a estas como aquellas poblaciones que reúnen hasta a dos mil habitantes. Echando un vistazo a a las coberturas de agua y saneamiento, en el campo hay tres millones de personas que no tienen acceso a agua potable. En cuanto al saneamiento o eliminación de excretas, la situación es todavía mucho más grave, porque alrededor de 5.5 millones –es decir, el 76%- no cuentan con este servicio. Y esto a pesar de que en los últimos años el Estado está más presente.
¿Cuando hablamos de poblaciones de hasta dos mil habitantes estamos hablando ya de distritos?
Más bien son centros poblados, caseríos, anexos . Excepcionalmente, hay también distritos a los que no llegan los servicios básicos y donde la gente es pobre. En estas localidades, se organiza un modelo comunitario de gestión del agua, sobre la base de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y, a través de ellas se recogen las cuotas de las familias para poder administrar, operar y mantener sus sistemas de agua potable. En cambio, a nivel distrital la gestión es municipal, y en las provincias y regiones, se cuenta con empresas prestadoras de servicios.
¿Qué significa para una población no contar con estos servicios, en términos de vida cotidiana y de oportunidades?
Si partimos del enfoque del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, estamos hablando de población excluida, pues no cuenta con servicios básicos que el Estado debe brindar. Pero, detrás de esta carencia está el problema de salud. Generalmente son poblaciones que al consumir agua de mala calidad, al no contar con un espacio adecuado para eliminar sus excretas, enfrentan un alto riesgo de contaminación y, por lo tanto, de adquirir diferentes tipos de enfermedades. Las personas más golpeadas son las niñas y los niños menores de cinco años, que sufren las diarreas, principalmente, y mueren, en la mayoría de los casos. Y el trabajo de trasladar el agua a los hogares, desde fuentes lejanas, recae en las mujeres y también en sus hijas e hijos. Es una labor adicional y un tiempo menos para ellos y ellas.
Decía antes que ahora hay una mayor institucionalidad respecto a este tema…
Hace muchos años, existían las Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento, cuya sigla era UGMAS, pero a partir del año pasado, el Estado ha creado las Áreas Técnicas Municipales, e inclusive ha dado incentivos para que cada municipalidad pueda crear esta unidad cuya función es brindar asesoría y asistencia técnica a todas las Juntas de Agua de los pueblos, caseríos y anexos, que están bajo su jurisdicción. Entonces, se está dando mayor sostenibilidad al modelo de gestión comunitaria.
¿Por qué el Estado, a través de diferentes gobiernos, ha descuidado tanto esta problemática?
La valoración misma que damos al agua hace que muchas veces la coloquemos como una de las últimas prioridades. Sucede también entre las personas de las zonas periurbanas y también de las ciudades. Compran su celular, sus artefactos, su televisor, pero muestran una gran resistencia a pagar sus cuotas por el servicio. Y es que desde niñitos nos han enseñado que el agua es un recurso natural e inagotable. Por otro lado, en el Perú no había un ente rector. Recién en 1998, hubo una iniciativa liderada por el Banco Mundial, que tuvo por fruto el Comité Sectorial de Agua y Saneamiento. A partir de entonces fue que se hizo incidencia para que el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pudiera tener una dirección que atendiera exclusivamente a las poblaciones rurales. Así, en el 2002, se creó el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, Pronasar, y en el 2012, se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural, PNSR, que ha empezado a establecer normas e instrumentos adecuados para este sector.
¿Qué avances ha traído consigo la creación de este programa?
Poco a poco se ha ido reconociendo y considerando las opciones tecnológicas apropiadas. También ha reconocido a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), así como su reglamentación y el aporte de la llamada “cuota familiar”. Este ente rector nos sirve de referencia a para poder aportar, de acuerdo a las orientaciones que tiene el sector.
¿Su mirada a futuro es optimista o quedan todavía obstáculos por superar?
Debe haber mayores recursos para poder implementar y mejorar la cobertura. Hay que acelerar la dación de normas técnicas. Del mismo modo, hace falta definir los roles de los gobiernos regionales y locales, y también los del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. para que no se generen duplicidades. En cuanto a la calidad del agua, el ministerio de Salud tiene el rol de control y vigilancia, pero si reporta que el recurso “está mal”, no puede solucionar el problema. Debe establecerse quién resuelve y cómo.
¿Qué efecto tiene en las poblaciones rurales el hecho de contar finalmente con un sistema de agua y saneamiento?
Es tremendo. En una oportunidad, la gente no sabía qué hacer con la llegada del agua: corría por un lado, saltaba, lavaba su ropa, bebía. Le dieron al recurso múltiples usos en pocos segundos…bailaban. La gente celebra y valora mucho, no solo el agua, sino todo lo que implica llegar a tenerla. Quieren que el reservorio esté en un lugar visible, para poder mirarlo y decir “allí está lo que trabajamos”, porque las zanjas y los tubos enterrados, no se ven. A nivel de JASS también ven muy importante su organización; los roles, las funciones de cada dirigente. A veces, personas que en un inicio eran poco comunicativas, ya en la etapa final de los trabajos, logran una madurez increíble, han cambiado en el mismo ejercicio de su ciudadanía, de su derecho, para toda la vida.
