Artículos de opinión

Aporte de las mujeres rurales

Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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La sustitución de cultivos ilícitos por cacao ha sido una estrategia del gobierno nacional para que muchos productores entren a la legalidad. Aunque en el marco del Proceso de Paz, en enero de este año, comenzó uno de los programas más ambiciosos, es una tendencia que ya se había aplicado en el país.

En el marco de la III Convención de la Mujer Indígena, alrededor de 30 integrantes de los tres pueblos originarios presentes en nuestra territorio, Yagán, Kawésqar y Mapuche-Huilliche, se reunieron para analizar el trabajo que vienen realizando desde el 2014, y definir los lineamientos de los nuevos desafíos, principalmente, en el traspaso generacional del ideario indígena regional.

Los fiscales en Brasil investigan reportes de que buscadores de oro han asesinado a miembros de una tribu indígena en la profundidad de la Amazonía. La Fundación Nacional Indígena de Brasil pidió a los fiscales que examinen el asunto luego que se escuchara a algunos buscadores de oro hablar sobre un ataque contra una comunidad indígena que vive en el Valle Javari, cerca de la frontera con Perú.

 

Tras dos días de debate sobre autonomía y gobierno indígena, 11 instituciones unieron fuerzas el fin de semana para exigir y promover modificaciones a la Ley de Autonomías y Descentralización, a la de Administración y Control Gubernamental y a la de Deslinde Jurisdiccional, porque consideran que dichas normas tienen disposiciones que van en contra del desarrollo de las autonomías indígenas en el país. El tata Eduardo Tapia del Territorio Indígena Originario Corque Marka afirmó que estas normas están perjudicando a las autonomías por lo que anunció que gestionará para que sean modificadas.

El 12 de septiembre del 2007, hace 10 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Votaron a favor 144 países, 4 en contra y 11 abstenciones. La Declaración contiene 46 artículos de derechos que cubren la dimensión política, social, económica, cultural y medio ambiental. Los reconoce como inherentes y los proclama como derechos “a vivir con dignidad y a mantener y fortalecer sus propias instituciones, su cultura y sus tradiciones”.