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Por: Eberto Díaz Montes

El campesinado colombiano ha estado en una encrucijada histórica, entre hacer frente a la violencia latifundista y el terrorismo de estado a través de múltiples resistencias políticas, al mismo tiempo la práctica de ofensivas que le han permitido ser escuchado y reconocer sus exigencias.

Las perspectivas y luchas del campesinado en nuestro país han estado íntimamente ligadas y se han desarrollado de acuerdo a las condiciones históricas del momento político que le ha tocado vivir en cada una de sus etapas del pasado y recientes.

La lucha contra el sistema feudal de la matrícula desde principios del siglo XX se convirtió en una de las más dinámicas y aguerridas batallas emprendidas por los campesinos en casi todo el territorio, por no decir en todo el territorio nacional, la cual se llevó a cabo desde la perspectiva unitaria entre campesinos, indígenas, negros y el movimiento obrero, en una especie de vanguardia colectiva caracterizada por su combatividad, la cual fue encabezada por destacados dirigentes como Manuel Hernández, Vicente Adamo, Juana Julia, Eduardo Marchena, Carlos Massenet, Quintín Lame y Eufrosina Molina, entre otros.

En 1926, producto del acumulado de las luchas del campesinado y sus más cercanos aliados, se aprueba la ley 74 que reconoció la propiedad de la tierra como una función social y por lo tanto debía estar al servicio de las necesidades de la mayoría del pueblo colombiano y no en detrimento de los intereses del mismo, principalmente del campesinado.

Las ligas campesinas, que para 1928 eran toda una realidad, fueron no solo el embrión de los futuros sindicatos agrarios, sino además de organizaciones políticas como el Partido Agrario Nacional, siendo su vocero principal el destacado líder Erasmo Valencia; la Unión Izquierdista Revolucionaria (UNIR), en cabeza del destacado caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán; y el Partido Socialista Revolucionario, que posteriormente da nacimiento al Partido Comunista.

La Confederación Obrera Nacional (CON) y la Central de Trabajadores de Colombia (CTC), esta última con la presencia de líderes agrarios como Víctor J. Merchán y el indígena José Gonzalo Sánchez, fueron expresiones del auge de la lucha y la unidad del movimiento popular. No obstante hasta ese momento no se contaba con una organización campesina de carácter nacional, que solo fue posible en 1942.

Previo a ello el campesinado, producto de su articulación con el movimiento obrero e indígena, gana una nueva batalla, esta vez representada en la ley 200 de 1936 que dio origen a la jurisdicción agraria y a la figura de la extinción del dominio, que siguen siendo hoy por hoy piezas claves en la solución del problema histórico sobre la propiedad de la tierra en Colombia.

El campesinado colombiano ha estado en una especie de encrucijada histórica, entre hacer frente a la violencia latifundista y el terrorismo de estado a través de múltiples resistencias políticas, al mismo tiempo la práctica de ofensivas que le han permitido ser escuchado y reconocer sus exigencias.

La violencia de finales de los años 40, agudizada con el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, da cuenta del desplazamiento de más de dos millones de campesinos y cerca de 200 mil asesinados y despojados de sus tierras, las mismas que hoy pasaron a los conglomerados empresariales de la caña de azúcar en el Valle del Cauca y Cauca y la producción industrial de algodón y arroz principalmente en los departamentos de Tolima y Huila.

Los acuerdos de paz entre las guerrillas liberales y el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 y finalmente el acuerdo con todas las guerrillas en 1958 abrieron el camino para volver a poner en el centro de la discusión nacional una nueva política para el campo a través de la reforma agraria y con ella el reagrupamiento nuevamente del campesinado.

Los acuerdos de paz con las guerrillas colombianas en 1958 y el triunfo de la revolución cubana en 1959 se constituyeron en elementos claves para que el campesinado levantara con fuerza la propuesta de la concreción de una ley de reforma agraria. La lucha campesina volvía a reorganizarse y uno de sus grandes líderes levantado en armas y posteriormente amnistiado por los acuerdos de paz, Juan de la Cruz Varela, es elegido senador de la República. Este presenta el proyecto de ley 74 de 1960 como contrapeso al proyecto del gobierno de ese momento. La ley 135 de 1961 fue el resultado de la presión campesina y de la correlación de fuerzas internacionales favorables a las políticas de reforma agraria en nuestro continente.

Resultado de la ley, se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), iniciándose un nuevo auge del movimiento campesino, que permite la entrega de tierra a cientos de familias campesinas.

No obstante corresponde aclarar que esta ley fue de carácter marginal y nunca puso en peligro la estructura latifundista del país, aunque sí puso nerviosos a los gamonales de extensas regiones del territorio nacional, lo que finalmente da surgimiento a una nueva espiral de violencia, el nacimiento de las actuales guerrillas y el punto final con el Acuerdo de Chicoral en 1972, agenciado por el gobierno godo de Misael Pastrana Borrero, que permitió el desmonte de lo poco alcanzado por el campesinado en materia de política agraria.

A partir de ese momento y hasta hoy, no cesan la violencia ni el despojo contra los campesinos. El surgimiento de Fensa en 1976, posteriormente Fensuagro en 1997, es la respuesta del campesinado más consciente que ha retomado el legado de la lucha por la reforma agraria, única posibilidad real de encontrar una salida a la crisis estructural que agobia al campo colombiano.

Finalmente, la Constitución de 1991, que negó el reconocimiento al campesinado como actor social y sujeto de derechos sociales y políticos que por medio de la economía campesina le aporta a la nación una enorme riqueza que se condensa en el abastecimiento del 70% de los alimentos que consumen los colombianos, aun a pesar de las políticas aperturistas y de libre mercado que llegaron de la mano de la nueva carta magna.

Los campesinos han mantenido un espíritu de lucha y combatividad, con iniciativas como el Mandato Agrario, en un intento por reagruparse y buscar la unidad como única vía posible para derrotar, para siempre, las políticas opresivas y mercantilistas que condenan al campesinado a la miseria y a su desaparición.

El paro agrario de 2013 y la creación de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, son la piedra angular en la edificación del nuevo horizonte, al que corresponde emprender la lucha por la recuperación de la soberanía alimentaria, la desprivatización del agua, la recuperación de los páramos, la defensa del territorio, la custodia de las semillas nativas, el reconocimiento de los derechos campesinos, la democratización de la propiedad de la tierra, la libertad de organización, movilización y expresión, la agroecología y el reconocimiento de la economía campesina, la unidad obrero-campesina y el logro de la paz con justicia social.

El XI Congreso de Fensuagro debe asumir estos retos y avanzar en el fortalecimiento y la unidad del movimiento campesino, del movimiento sindical y popular.

 

Vamos con decisión por la paz y el reconocimiento de los derechos campesinos.

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