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Mediante un proyecto de ley de legisladores del Frente para la Victoria Río Negro se suma a la voluntad del Gobierno Nacional de limitar la extranjerización de la tierra.

Los legisladores justicialistas Cesar Miguel, Pedro Pesatti y Martín Doñate presentaron en coautoría un proyecto de ley por el que proponen la adhesión de la provincia de Río Negro a la ley nacional que establece el Régimen al Dominio Nacional sobre propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.

Los parlamentarios explican que el proyecto tiene como base fundamental instar la ejecución de la ley nacional en la jurisdicción provincial a fin de colaborar con la información referida a la titularidad, catastral y dominial de la situación de posesión o tenencia, bajo cualquier titulo o situación de hecho de las tierras rurales existentes dentro de la jurisdicción provincial.

Indican los fundamentos que "una de las principales características de dicha norma es la sustancial impronta que se ha otorgado a la tierra rural: recurso estratégico no renovable. Esto es, sin duda, una bisagra en nuestro orden democrático ya que constituye el puntapié inicial de un camino de reconocimiento de derechos a los ciudadanos argentinos y sienta las bases de una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana".

Sostienen, además, que se trata de "un acto de defensa a los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional" y "constituye una visión de futuro estratégico respecto de los recursos existentes en el planeta tierra".

Todo ello, con el objetivo de "facilitar el ordenamiento y registro de dichas tierras que servirá tanto para la colaboración en la ejecución de la ley nacional como para crear una base informativa pública que brinde transparencia y publicidad a la situación actual" en esta materia.

En tal sentido los mismos autores elevaron recientemente un proyecto de ley para crear la Comisión de Relevamiento de transferencias de tierras rurales en el ámbito provincial, en coincidencia con la iniciativa ahora ingresada que plantea la "urgente necesidad de contar con información fehaciente y completa acerca de la totalidad de las tierras fiscales pasadas a manos privadas en los últimos años en la provincia".

"Existe una voluntad política clara del gobierno nacional con la nueva ley que pone límites a la extranjerización de la tierra y, nosotros desde Río Negro, queremos colaborar con el espíritu y vocación de esa legislación federal que impulsa nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner propiciando herramientas que fortalezcan la legislación nacional desde el estado provincial", dijeron al fundamentar.

La polémica por la resolución 3.252 de la AFIP que establece la Declaración Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI) alcanzó a los socios del Mercosur, y tanto Uruguay como Brasil coincidieron en que la política "proteccionista" de Argentina complica el intercambio comercial.

El presidente de Uruguay, José Mujica, admitió que en su país le piden que le declare "la guerra" comercial a la Argentina por las trabas impuestas a sus productos, pero advirtió que no van a poner en riesgo a "la gallina de los huevos de oro que se llama turismo", por la gran cantidad de argentinos que visitan ese país, especialmente en la temporada veraniega.

"Hoy todos sabemos que la Argentina ha adoptado una política interior que nos gustará o no, pero es su política democrática, de su gobierno elegido. Que tiene un proteccionismo y que tranca el intercambio comercial", sostuvo el mandatario en su programa semanal por una radio uruguaya.

Asimismo, el nuevo control a las importaciones adoptado por Argentina causó "preocupación" en el gobierno brasileño, por lo cual el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) de ese país estableció contacto con el gobierno argentino para evaluar mejor los posibles impactos para los exportadores brasileños de bienes de consumo. Así lo publicó el diario O Estado de Sao Paulo.

Manolo Canosa, miembro de la Comisión de Defensa de la Industria Brasileña,opinó que la decisión argentina es "proteccionista", pero esperable ante la entrada de productos asiáticos más baratos.

Organizaciones sociales y ambientalistas adhieren al reclamo de los riojanos, que lleva 12 días.

Organizaciones sociales y ambientalistas realizarán hoy una jornada de protesta en varias ciudades del país para expresar su solidaridad con la población riojana de Famatina, que se opone a un proyecto minero a cielo abierto en la zona.

Las manifestaciones se concretarán en Buenos Aires, Mendoza, San Carlos de Bariloche, Andalgalá, Córdoba y Esquel, y en ellas cuestionarán el convenio firmado por el gobernador riojano Luis Beder Herrera y la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, consignó DyN.

En Buenos Aires, diputados nacionales y militantes de agrupaciones nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) se concentrarán durante la tarde frente a la Casa de La Rioja, situada en Callao 745.

Por su parte, en Esquel los integrantes de la organización "No a la mina" se reunirán, a las 18, en 25 de Mayo y Rivadavia.

La Asamblea Popular por el Agua, en Mendoza, se concentrará en el kilómetro 0 de la provincia, en la ciudad capital.

Mientras, en Córdoba las agrupaciones ambientales se manifestarán en la plazoleta del Fundador, ubicada detrás de la Catedral, donde iniciarán una campaña para recolectar alimentos no perecederos, elementos de higiene y limpieza, y frazadas para los militantes riojanos que desde el 1 de enero acampan en Famatina contra el emprendimiento minero.

En la ciudad catamarqueña de Andalgalá, los pobladores se convocaron para las 10 en la plaza principal, donde realizarán una radio abierta.

Por último, en Bariloche se concretará a las 19 una movilización al Centro Cívico.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) detectó diez alimentos consumidos por los peruanos que son genéticamente modificados. Desde el 2 de abril del año pasado, los alimentos modificados debían ser especificados con una etiqueta, pero ninguno de estos productos presentaba el etiquetado que el Código de Protección y Defensa del Consumidor exige.

"La investigación realizada por ASPEC corrobora algo que los peruanos sabíamos desde hace tiempo: Los alimentos transgénicos están en las estanterías de los mercados y bodegas (...) pero nadie nos informa, lo cual implica una clara vulneración de nuestro derecho a la información", precisó el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres.

A continuación, la lista de alimentos transgénicos presentada por ASPEC:

www.lamula.pe/2012/01/11/primera-lista-peruana-de-productos-confirmados-como-transgenicos/erre

La conformación de un ente regional latinoamericano "autónomo" capaz de resolver las disputas entre los países y los corporaciones internacionales, se perfila como la mejor opción para Venezuela ante los arbitrajes, luego que el presidente Hugo Chávez, el pasado domingo, solicitará la salida de la nación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ente dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington.

La posición del Jefe de Estado vino a raíz de la demanda que años atrás (2007) interpusiera la transnacional Exxon Mobil contra Pdvsa en el organismo internacional, por un monto superior a los 10.000 millones de dólares, por concepto de indemnización. La desición final se espera en el año en curso.

"Ahora nos amenazan con el Ciadi, de ese Ciadi tenemos que salirnos nosotros. Nosotros no reconoceremos decisiones de Ciadi alguna", dijo Chávez.

Hasta ahora, el Centro no ha recibido ninguna notificación de Venezuela para darse de baja, informó a la AFP, bajo anonimato, una fuente del Banco Mundial.

El exministro de Industrias Básicas y también experto en temas económicos, Víctor Álvarez, se mostró de acuerdo al anuncio oficial y aseguró que el Ciadi "no es precisamente uno de los mejores foros para solventar querellas entre los países y las grandes corporaciones".

Según el experto, "la mayoría de las decisiones que allí se toman siempre van en contra de los países demandados (...) porque las grandes corporaciones siempre influyen. Ese ha sido el comportamiento más común" del ente.

"Hay que actuar en defensa del interés nacional, es hora ya de que el país termine de marcar distancia con esos foros donde nunca se espera un fallo a favor de los intereses nacionales. Lo que propone Venezuela no esa algo nuevo, esa postura ya la han tomado otros países como Ecuador y Bolivia", comentó.

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) ordenó recientemente al Gobierno indemnizar con 907 millones de dólares a la compañía estadounidense por la nacionalización de uno de sus activos, un monto que representa menos de un 10% de los 12.000 millones pedidos por la petrolera.

Como respuesta, el Mandatario propuso una propuesta asomada meses atrás por su par ecuatoriano, Rafael Correa. "Él planteó algo que es absolutamente necesario: crear un organismo en la Unasur donde se puedan dirimir algunas diferencias que haya entre gobiernos o empresas de América Latina pues. Esa idea es muy buena".

Sobre este punto, Álvarez afirmó que "no es una mala idea". Prosiguió: "Estoy de acuerdo con que se cree un organismo que se encargue de estudiar esos temas. Desde hace siete u ocho años, y desde la misma Alca, ya se estaba cuestionando ese entorno internacional diseñado para favorecer a los países poderosos. Siempre se ha pedido un ente más equilibrado, sin influencias".

Otros analistas, como Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, consideran improbable el retiro de Venezuela, ya que -según él- probablemente provocaría varias consecuencias financieras.

"Esto va a generar muchísimo ruido. Independientemente de lo que diga Chávez, el país está en la obligación de aceptar las decisiones que va a tomar el Ciadi. El gobierno no puede eludir las decisiones del Ciadi porque el retiro no tiene carácter retroactivo", opinó Oliveros, citado por la AP.

Sobre este punto, el analista ecuatoriano en temas energéticos, León Cano, añadió que "Venezuela va por el camino correcto. Unasur, el Banco del Sur -que vendría a sustituir a Banco Mundial- o la misma Celac también pueden conformar un ente similar al Ciadi. Debe ser un organismo transparente y manejados por los Latinoamericanos".

Una fuente del Ministerio de Energía y Petróleo aseguró, a PANORAMA, "en los últimos 20 años, Pdvsa ha participado en ocho arbitrajes y sólo ha tenido una desición positiva. Es decir, de ocho casos, uno a favor, entonces -se preguntó y respondió- ¿de qué sirve estar allí?, lo mejor es salirnos".