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El gobierno colombiano admitió que existen dificultades en la restitución de tierras en el país, pese a las garantías dadas para que los desplazados por la violencia vuelvan a sus regiones.

  Así lo expresó el director de la Unidad de Restitución y Gestión de Tierras, Ricardo Sabogal, quien tiene a su cargo la tarea de devolver al menos a 13 mil personas, en una primera etapa, las tierras que le fueron arrebatadas.

Sabogal sostuvo que es difícil que quienes tienen las tierras ahora prescindan de ellas, al tiempo que los grupos armados al margen de la ley son los principales victimarios.

No obstante, explicó que en las cinco zonas donde se adelantará el proceso se logró consolidar la seguridad a cargo de las fuerzas militares.

A medida que avance la restitución se hará un registro gradual y progresivo y se entregará tierras donde la seguridad lo permita, acotó en declaraciones a una radioemisora local.

Por otra parte, Sabogal indicó que el gobierno también tiene previsto entregar tierras en regiones diferentes a donde ocurrió el despojo por si la víctima tiene miedo de volver a su lugar de origen o si ya reconstruyó su vida en otro lugar.

La denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras pretende reparar a los afectados por el conflicto armado interno y restituir a los desplazados dos millones de hectáreas, usurpadas por la violencia.

Sin embargo, más allá de la letra, su aplicación se vislumbra tortuosa y sangrienta.

Desde su aprobación y sanción presidencial, una veintena de personas que reclamaron esos derechos fueron asesinadas y otras amenazadas de muerte, por lo que muchas víctimas aún guardan silencio.

"Casi todas las tierras de Caaguazú están arrendadas", nos dijo el nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Óscar Ayala, luego de hacer un relevamiento de la situación que encontró en el ente. Explicó que los sojeros están utilizando la figura de la "aparcería rural" para persuadir a los nativos y explotar sus lotes. En esta nota, Ayala se refiere al momento que atraviesan los nativos.

Una de las primeras medidas que tomó Ayala a poco de su asunción (10-10-11) como presidente del Indi fue disponer un relevamiento de los documentos para ordenar la parte jurídica y saber qué compromisos asumió el Estado.   

En ese contexto, una de sus prioridades será atender el departamento de Caaguazú, donde hay comunidades que no tienen tierra, mientras que las que poseen han arrendado sus lotes. "Casi todas las propiedades indígenas de este departamento están alquiladas a sojeros. Este procedimiento es totalmente ilegal", apuntó. (El Capítulo V de la Constitución dice que las tierras indígenas son intransferibles, no son arrendables ni mucho menos comercializables).   

Apuntó que los indígenas están siendo utilizados por los sojeros, que  les hacen firmar un contrato denominado "aparcería rural", que es un "arrendamiento simulado". Así se aprovechan de las necesidades de los nativos y le sacan la tierra. Para peor, algunos juzgados les están dando la razón para quitarles la tierra, aseguró.   

El funcionario no pudo precisar cuántas hectáreas están en esta situación, porque recién van a comenzar las verificaciones. "Los técnicos del Indi me dicen que el 100% de las parcelas de Caaguazú tiene algún nivel de arrendamiento u ocupación de sojeros o campesinos", remarcó.   

Ocupaciones
  
En Canindeyú, donde los nativos tienen tierra, también se registran casos de ocupación. Por ejemplo, en la zona de Ypehû, los campesinos invadieron en estos últimos días un territorio indígena. Las tierras son del Indi.   

Para Ayala, los problemas de tierra indígena son inmensos. Citó otro caso del mismo departamento donde  3.500 hectáreas compradas por el Indi en 1997 aparentemente se negociaron con una persona que no era la dueña, pero se anuló la operación y el inmueble quedó como tierra de nadie. Al respecto, buscarán todos los documentos para que el lote quede a los nativos, quienes están en el lugar.   

Preguntado por qué los indígenas están recurriendo a este mecanismo para despojarse de sus tierras, indicó que a ellos les dieron tierra sin ningún tipo de seguridad, ni mucho menos acompañamiento para producir. Sostuvo que se compraron papeles, no se realizaron  mensuras y hoy están apareciendo inmuebles con menos extensiones. En el Chaco hay varios casos, así como en la región Oriental. Para colmo, no se registraron los documentos y esto hace que aparezcan otros títulos sobre algunas propiedades indígenas, que generan un estado de inseguridad jurídica. A esto se suman los operadores de justicia, quienes siempre favorecen  derechos ajenos.   

Comentó que en la zona de Itakyry, de acuerdo a un relevamiento preliminar, hay productores de soja que ocupan el 70 % de tierras indígenas. Uno de ellos es el brasileño Renilson Maia. "El me admitió que planta soja en tierra indígena en base a un contrato", apuntó.   

Ante esta realidad de las tierras arrendadas y de los nativos que no saben qué hacer de las mismas, el funcionario explicó que tiene previsto implementar proyectos agrícolas a un costo de 20 a 25 millones de guaraníes. El año pasado ya se implementaron en comunidades vulnerables y en aquellas que frecuentaban las ciudades. Se comprobó que dieron resultados y se pretende continuar en esa línea para evitar los desplazamientos. Ahora todo dependerá del presupuesto que aún no está bien decidido. "La idea es que aseguren el alimento, que puedan autoabastecerse. Sería una propuesta de contención para evitar el abandono de las comunidades", remarcó.   

Opinión jurídica  

El Indi quiere generar una opinión jurídica sobre la legalidad de estas ocupaciones, porque hay leyes que favorecen a los nativos. Este tema será tratado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General del Estado para que se precautele la propiedad de los nativos. Ayala apuntó que hasta ahora no encontró datos de cuántas hectáreas de tierra tiene el Indi, pero destacó que para llegar a esa conclusión se debe ordenar nuevamente el archivo del Indi que está desparramado por varios locales a consecuencia de los cambios de sede que tuvo en los últimos años.   

En ese sentido, indicó que encontró partes del archivo en el depósito del Indi en el Mercado de Abasto, otro estaba en el local que funciona en el centro sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción; algunos documentos están en la Infantería y organizarlos llevará su tiempo. Agregó que la idea es informatizar esos datos para saber qué se tiene.   

Cree que estos trabajos comenzarían cuando el Indi recupere su local, que según las estimaciones, debe ser entregado mañana martes, luego de las refacciones que se realizaron en el lugar.

Tierras de Unión   

Sobre las tierras de Unión, departamento de San Pedro, Ayala indicó que pedirán a las instituciones especializadas otro informe pericial sobre la calidad de la tierra, así como una nueva tasación. Se realizarán consultas en San Pedro y Caaguazú sobre las necesidades de tierra, porque muchos nativos no están de acuerdo con la compra de este inmueble muy sobrevaluado. Al respecto, sostuvo que hay otras prioridades que deben ser atendidas, anteriores a este caso. Agregó que entre los nativos que estuvieron en la plaza, algunos no tienen tierra, otros fueron desalojados como los ava guaraní de la Finca 470, que el Congreso dio solo a los aché. Había también otro grupo que salió el 19 de diciembre y que ahora está en Luque. Otro de los grupos, que inició las gestiones para la compra de las tierras de Unión, se abrió totalmente porque entraron a la plaza presionados por Panta Piris y Miguel Toro, quienes les habrían prometido alimento, camión y otros beneficios. Se rectificaron y se quedaron en su comunidad.   

Coordinar acciones   

Por otra parte, el Indi está notificando a las gobernaciones, binacionales, ministerios y otras instituciones para saber cuánto tienen en rubros para el componente indígena, a fin de coordinar  actividades para que el ente asuma su protagonismo como ente rector. Pidió también informes a institutos penales sobre la cantidad de nativos que están presos, porque son datos que exigen los relatores internacionales.

El Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica, Francisco Rivadeneira, informó que Ecuador tiene el interés en ingresar al Mercosur, pero considera que primero hay que hacer un análisis e identificar las condiciones a fin de que el proceso sea beneficioso para el país.

"Si Ecuador ingresa al Mercosur, lo que le conviene es negociar, asegurándose que sus intereses sean respetados. Al Ecuador no le interesa adherirse al Mercosur, porque esto implicaría aceptar las condiciones actuales: normativa, etc., que obviamente no está hechas a la medida de las necesidades, porque nosotros no somos miembro pleno. Toda la estructura de Mercosur está creada para Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay", aclaró el Viceministro de Comercio.

Considera que en la práctica, el bloque está dispuesto a negociar, "hay la apertura para que Ecuador pueda salvaguardar sus intereses" dijo.

Actualmente Ecuador está vinculado a Mercosur, como miembro asociado. En este contexto, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, a través de éste bloque, han invitado al país a participar e incluirse como miembro con plenos de derechos.

Según el Viceministro Rivadeneira, lo que Ecuador busca es responder a esta invitación y analizar la adhesión como miembro pleno y por ende aumentar los compromisos que existen sobre la base del ACE 59. "Hay una decisión política, de analizar esa opción, pero para ingresar de manera definitiva, debemos realizar los estudios y mantener las conversaciones necesarias, para considerar cuales serían las condiciones para poder ingresar. En ningún momento se ha oficializado el ingreso", afirmó.

Durante la reunión realizada en Montevideo, el 20 de diciembre pasado, Ecuador presentó un pliego amplio de preguntas y de ahí surgió la iniciativa de invitarlo a entrar al bloque, "para nuestro ingreso se han puesto ciertas condiciones, que ellos tendrán que analizarlas de acuerdo a su normativa interna", dijo el Viceministro Rivadeneira.

La inflación oficial del Indec, durante 2011, no superará el 10 por ciento, si se tiene en cuenta que lo acumulado entre enero y noviembre alcanzó el 8,6 por ciento (Nunca el índice oficial ha superado el 0,8% mensual). Ahora bien, si se tienen en cuenta los índices extraoficiales ofrecidos por las consultoras privadas, dados a conocer por el Congreso, la inflación de 2011 estará entre el 23 por ciento y el 25 por ciento.

El denominado Índice-Congreso, elaborado por consultoras privadas, acumuló desde enero a noviembre un incremento del 22,63 por ciento, mientras que para el Gobierno fue de apenas el 8,6%. Se esperan aún los datos oficiales. Pese a los datos, aún parciales, Argentina ya es uno de los países sudamericanos con mayor índice inflacionario.

Venezuela. En la tierra de Hugo Chávez el índice trepó hasta el 27,6% en 2011, un nivel similar al del año anterior, y convirtió al país en el de mayor tasa de inflación de la región por sexto año consecutivo, informó el jueves el Banco Central de Venezuela (BCV).

Inflación 2011

Brasil6,5%
Venezuela27,6%
Colombia3,73%
Uruguay8,60%
Chile4,4%

En medio de un proceso de recuperación del aparato productivo, la economía venezolana sigue hundida en un proceso inflacionario a pesar de tener controles de precios y de cambio desde hace casi nueve años.

La inflación en diciembre alcanzó una tasa de 1,8%, lo que representó un retroceso de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, indicaron el BCV y el Instituto Nacional de Estadísticas en un comunicado.

Las autoridades atribuyeron el comportamiento de la inflación en diciembre a los incrementos que se dieron en transporte (3,3%), restaurantes y hoteles (2,2%), bienes y servicios (2%), alimentos y bebidas (1,8%) y vestido y calzado (1,7%).

Brasil. La inflación 2011 en Brasil es la más alta en siete años. Alcanzó 6,5%, el tope de la meta fijada por el gobierno, informó hoy el organismo oficial de estadística.

El gobierno brasileño había fijado como meta para el año una inflación de 4,5% con un margen de variación de dos puntos porcentuales, por lo que el aumento de precios al consumidor de 2011 alcanzó el límite más alto. La inflación de diciembre fue de 0,5%, una leve baja desde el mes anterior, cuando alcanzó 0,52%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Chile. La inflación cerró el 2011 con una tasa del 4,4% en Chile, después de que en diciembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una subida del 0,6%, la mayor del año, según informaron hoy fuentes oficiales.

La inflación del 4,4% en 2011 se situó por encima del 3,9% proyectado por las autoridades y se compara con el 3,0% anotado el año anterior y con la tasa negativa del 1,4% que se registró en 2009, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Uruguay. Los uruguayos cierra el 2011con una inflación acumulada del 8,60 por ciento. El índice de precios al consumo (IPC) en Uruguay aumentó un 0,70 por ciento en diciembre respecto al mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística. Con esta cifra, la inflación superó un 2,6 por ciento el rango del 6 por ciento previsto por el Gobierno para 2011. El año pasado el alza de los precios en Uruguay fue del 6,93 por ciento.

Bolivia. Bolivia registró en diciembre una inflación de 0,49 por ciento, mientras que la tasa del año 2011 alcanzó a 6,90 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia (INE).

"El Indice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre una variación porcentual positiva de 0,49 por ciento respecto al índice del mes de noviembre, y a doce meses es de 6,90 por ciento", destacó el INE.

Colombia. La inflación en Colombia en 2011 fue de 3,73%, un 0,56 % superior a la de 2010 (3,17 %), informó hoy el Departamento Nacional de Estadística (Dane).

En diciembre de 2011 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación de 0,42 %, inferior en 0,23 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2010 cuando llegó a 0,65 %, añadió la entidad.

El presidente Juan Manuel Santos señaló que en el departamento de Bolívar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanzará y se cumplirá de forma satisfactoria y sin fallas.

"Iniciar todo el proceso de la restitución de tierras en toda esta región para que los campesinos tengan títulos sobre las tierras y después viene el Ministerio de Agricultura para los proyectos productivos, esta es una región muy rica, muy rica en minería y en la producción de alimentos, quiero que esa riqueza se quede aquí a mejorar el bienestar de la población", declaró Santos durante una visita a los municipios de Magangue y Norosí.

La declaración del presidente Santos se da en medio del desconcierto del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, por la puesta en libertad del único funcionario preso dentro del caso de robo de tierras en Los Montes de María al considerar que la Fiscalía aportó pruebas suficientes para demostrar que el notario de San Jacinto, Bolívar, colaboró con ilegales y empresarios para usurparle 60 mil tierras a los campesinos de la zona y al Estado.