Dice el gobierno de Sebastián Piñera que: “A 25 años de la promulgación de la Ley Indígena, aun cuando ésta ha permitido importantes avances, han quedado al descubierto una serie de falencias que son necesarias de corregir, las cuales han sido levantadas por los propios miembros de los pueblos indígenas. Los conflictos por tierras continúan y las personas pertenecientes a pueblos indígenas del país viven en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad que la población no indígena.”

A más de un mes de haber recibido una solicitud para brindar sus garantías en seguridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de las familias Yanesha y Asháninka de la Comunidad Nueva Austria del Sira, distrito y provincia de Puerto Inca en Huánuco.

La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenó devolver los terrenos a la comunidad indígena de Kanalitojo, integrada por 141 personas y miembros de 32 familias en la Orinoquía colombiana.

A las 22 horas de la noche del 18 de octubre en el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Pastaza se dictaminó una sentencia que, debido a la gravedad de los derechos colectivos vulnerados, ya se define como “histórica”.