A pesar de estar garantizadas en marcos regulatorios, como el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las consultas a los pueblos indígenas, de hecho, no funcionan. Prueba de ello está ocurriendo en Perú, donde el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas lucha por la cancelación de la Ley 30230, que atenta contra los derechos de posesión y propiedad de las comunidades y pueblos originarios y da amplia apertura para la actuación de inversores.
La Ley, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país’ (nº 30230), promulgada el mes de julio [2014], también viene siendo llamada "Ley del Paquetazo Antiambiental” o "Ley Mata Parques”, pues, con el pretexto de promover inversiones en el país, privilegiaría los intereses empresariales sobre los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, permitiendo que empresas privadas identifiquen y decidan las áreas o propiedades que necesitan para ejecutar sus proyectos.
"La ley crea ‘procedimientos especiales’ para el saneamiento físico-legal de los predios rurales o urbanos donde se prevea ejecutar grandes proyectos de inversión pública o privada. Si consideramos que la mayoría de los proyectos de inversión se pretenden ejecutar en predios ubicados en territorios ancestrales de los pueblos indígenas la ley pretende justificar una política agresiva y sistemática de afectación de los territorios indígenas a favor de las empresas inversionistas. La ley desnaturaliza la finalidad del saneamiento físico-legal y en lugar de reconocer la titularidad de un predio privilegia el otorgar la titularidad de dominio a favor de intereses empresariales por encima de los derechos ancestrales de los pueblos originarios”, se denuncia en un comunicado de la articulación de organizaciones indígenas.
Antes que la aplicación efectiva de la Ley provoque nuevos episodios sangrientos en el país, como ocurrió el 5 de junio de 2009, cuando más de 30 personas murieron y cientos quedaron heridas en la llamada "Masacre de Bagua”, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas exige que se revise la Ley y se anulen las disposiciones que atentan contra los derechos de posesión y propiedad de las comunidades y pueblos originarios. El Pacto pide que el gobierno peruano realice el cambio antes que la organización indígena se remita al Tribunal Constitucional o a instancias internacionales para corregir este "despropósito legal”.
"Advertimos al gobierno actual y a los empresarios que pretendan beneficiarse de esta normativa que cualquier proceso de ‘saneamiento’ sobre territorios que corresponden a las comunidades campesinas y nativas del país podrá ser cuestionada y anulada en la vía judicial nacional o internacional. Lejos de brindar garantías jurídicas, esta Ley 30230 abriría una etapa de inseguridad y mayor caos sobre las propiedades rurales del país”, alertan.
Otra crítica del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas es que la Ley resucita el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a pesar de su reputación poco confiable debido a las intervenciones desastrosas en la división de tierras comunales. El reinicio del Cofopri, según la organización indígena, también agrava las incertidumbres e inestabilidades en las competencias que los gobiernos regionales y el Ministerio de Agricultura ya tienen en torno de la titulación de las propiedades rurales.
Ante estas violaciones de derechos, el Pacto de Unidad convoca al Ministerio de Cultura, de Agricultura e Irrigación, de Medio Ambiente y al Congreso de la República a cancelar esta norma irregular y no actuar más, de manera cómplice, en la vulneración de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, al territorio, al desarrollo, a la participación, al consentimiento y a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios de Perú.
"Renovamos nuestro compromiso con el respeto a la legalidad y el estado democrático de derecho y rechazamos una norma inconstitucional cuya aplicación será una nueva incubadora de conflictos sociales que debemos evitar”, manifestaron.
Traducción: Daniel Barrantes - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
