La denuncia que desde hace una década viene haciendo Washington Bolívar Díaz sobre la tala ilegal de caoba, el carrusel de guías de remisión, y la corrupción de autoridades fiscales, policiales y forestales en la región Ucayali ha terminado por soliviantar a los madereros, quienes lo han amenazado de muerte.
El líder kakataibo teme ser asesinado como han hecho con el asháninka Edwin Chota Valera hace quince días.
El indígena que vive en la comunidad Mariscal Cáceres, en el distrito Aguaytía, provincia Padre Abad, dijo al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, en Lima, que los madereros no solo están deforestando el bosque sino que han constituido una mafia que ha llegado a comprar la voluntad de autoridades.
"Las denuncias que hacemos por corrupción son archivadas, no podemos confiar en ninguna autoridad porque los madereros tienen su red de informantes. Vengo a su despacho para que nos ayude. Me han amenazado de muerte, me van a matar", clamó Washington Bolívar, tras señalar a Antonio Merino Shaus como la persona que hace lo que quiere con los permisos forestales en la zona. Además de tener gran poder económico en Aguaytía.
La tala ilegal, refirió, también se da dentro del Parque Nacional Cordillera Sur. Ahí la presencia de guardaparques no es una garantía porque la caoba, el cedro y tornillo son dejados pasar por 500 soles. Estas maderas van hacia Brasil sin que la Dirección Forestal de la región lo impida.
Junto a Washington Bolívar estaba su hermano Abraham Bolívar, quien reclamó que a este álgido problema no se le dé la debida importancia.
"¿Dónde están los funcionarios encargados de que esto no suceda? ¿Dónde está la fiscalía anticorrupción? Mueren indígenas y no pasa nada", protestó.
Dolido por la indiferencia de las autoridades de Lima, Abraham Bolívar manifestó que si no se corrige el caos que impera en la región Ucayali, los nativos van a proceder a organizar un 'ejército de comandos licenciados y reservistas' (personas que sirvieron al Ejército) para defenderse de la iniquidad imperante.
Ambos consideraron que la solución para evitar la invasión a sus tierras es la titulación de las comunidades, derecho que buscan desde hace 25 años. También consideraron oportuna la formación de una mesa multisectorial y la reunión del Consejo de Ministros en Ucayali.
En cuanto a la titulación de las comunidades indígenas, el antropólogo Richard Smith, del Instituto Bien Común, presente en la cita con la Defensoría del Pueblo, recordó que la inseguridad territorial fue el tema de fondo del 'Baguazo', y ahora último del caso Chota Valera. Por eso alertó sobre los alcances de la Ley 30230, en su capítulo III, referido al saneamiento físico legal de predios para inversión pública o privada. Norma que fue emitida en pleno Mundial de fútbol de Brasil.
"Es un golpe a la seguridad territorial en zonas rurales, afirmó. Y anotó la inconstitucionalidad de esta ley porque vulnera los derechos indígenas y también los temas administrativos.
Fiscal incómodo
Washington y Abraham Bolívar Díaz también refirieron al Defensor del Pueblo que en Aguaytía solo hubo un fiscal probo. Se trata de Francisco Berrospi Ballarte.
Este ex magistrado fue retirado del cargo precisamente por haberse atrevido a denunciar. Intervino al abogado de un ingeniero forestal de la Dirección Ejecutiva del gobierno regional de Ucayali cuando fue informado sobre el arribo de una avioneta con 25 kilos de semilla de caoba. La persona que recibió la carga fue el abogado, y Berrospi Ballarte lo denunció.
Pero quien movió todas sus influencias para retirarlo del cargo como representante del Ministerio Público fue el ciudadano chino Yan Guan Yi, personaje dedicado a la minería ilegal. A esta persona le fueron incautados vehículos y maquinaria pesada.
Francisco Berrospi, como abogado, defendió los derechos de Edwin Chota Valera y de Washington Bolívar Díaz, pero ambos casos fueron archivados.
