La catástrofe ambiental ocasionada por los derrames de crudo de petróleo evidencia que se ha incurrido en el delito de contaminación ambiental el cual podría se podría configurar en las modalidades agravadas si se comprueban lesiones graves o muertes en la población.
Así lo advierte Antonio Peña Jumpa, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quién precisa que los principales responsables —por acción u omisión— son los funcionarios de Petroperú.
Sin embargo puntualiza que la responsabilidad puede extenderse a los organismos supervisores "si hubo omisión en prevenir y controlar la catástrofe."
Peña Jumpa afirma que corresponde al Ministerio Público investigar e identificar a los responsables, y corresponde al Poder Judicial calificar, interpretar y sancionar.
Ello debe realizarse en coordinación con las autoridades jurisdiccionales de las comunidades nativas, quienes en cumplimiento del artículo 149º de la Constitución Política también están facultadas a intervenir.
"El caso es lamentable, trágico y doloroso en perjuicio de niños, mujeres y familias de comunidades amazónicas. Pero, su resolución aparece como una esperanza para evitar otros desastres semejantes. Se trata de fijar un precedente, hasta ahora omitido, por nuestro Sistema de Justicia" concluye el autor.
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