Adonay Ochoa, coordinador de la Mesa Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Unidad Democrática, manifestó que con la reforma que la Asamblea Nacional (AN) aplicó a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se ha puesto en práctica una medida de prohibición de enajenar y gravar, sobre todos los terrenos y bienes en el sector rural, creando de esta manera un "corralito inmobiliario".
Explicó que para que los productores puedan disponer de sus bienes, los campesinos y productores deberán presentar en los registros y notarías una autorización del Instituto nacional de Tierras (INTI). "Esto tendrá como consecuencia inmediata una contracción de los flujos financieros que requiere el sector y por ende una caída más pronunciada de la producción", indicó Ochoa en nota de prensa.
Agregó que mediante la aplicación de la Ley de Tierras el Ministerio de Agricultura ha modificado de forma negativa el régimen socioeconómico en el medio rural, creando un cuadro de inseguridad jurídica al violar los artículos del 305 al 308 de la Constitución.
Aseguró que el Gobierno miente cuando señala que en 10 años la agricultura ha crecido más de 40%.
"Lo que ha crecido en este gobierno es la agricultura de puertos y por eso somos 424 % más dependientes de las importaciones. Mientras las importaciones aumentan, el Producto Interno Bruto Agrícola (PIB) tiene un decrecimiento de 4,5%", dijo.
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