Por Florencia Puente y Francisco Farina. Dialogamos con Pablo Bertinat, Hernán Scandizzo y Maristella Svampa, sobre fracking, las consecuencias ambientales y sociales y el estado de resistencias en nuestro país.
Pablo Bertinat, Hernán Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y Maristella Svampa son autores junto a Eduardo D´Elia y Enrique Viale del libro “20 Mitos y realidades del fracking” de Editorial El Colectivo. Dialogamos con ellos sobre el estado de la explotación de fracking en Argentina y América Latina, las resistencias y las alternativas energéticas que posibilitarían un menor impacto en el medioambiente.
-¿Cuál es el estado actual de la explotación del Fracking en Argentina?
-Maristella Svampa (M.S): Como fue ampliamente publicitado, la Argentina es uno de los países que cuenta con el segundo o tercer potencial en hidrocarburos no convencionales a nivel mundial. Aunque no se habla de fracking (palabra temida), sino de “estimulación hidráulica”, éste avanza aceleradamente en la provincia de Neuquén (en Vaca Muerta, donde hay shale gas), y en Río Negro (en Allen, donde se extrae tight gas entre plantaciones de peras y manzanas). El contexto de déficit energético como la intensa campaña comunicacional realizada por YPF, asociando empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, facilitaron su instalación y fueron cerrando los caminos a un verdadero debate. Al igual que con la soja y la megaminería, nuestro país se perfila como un laboratorio a gran escala en la implementación de una las técnicas de extracción de hidrocarburos más controversiales a nivel global, amparado por un marco regulatorio cada vez más propicio para las inversiones extranjeras. Asimismo, la estigmatización de los sectores ambientalistas, el encapsulamiento en lo local y el silenciamiento de los accidentes (en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen y la pérdida de dos pastillas radioactivas en Neuquén y una fuga de gas en un pozo de shale en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta), hace que las voces disidentes tengan cada vez menos espacios dónde expresar sus posturas.
-¿Y qué sucede en América Latina?
-Hernán Scandizzo: En América Latina, además de la Argentina, están Colombia y México, donde los gobiernos y empresas apuntan a avanzar con el fracking. Como afirmamos en el libro, en septiembre de 2012 la Contraloría General de la República de Colombia, máximo órgano de control fiscal del país, envió un pronunciamiento a los Ministerios de Ambiente y Minas y Energía, y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, advirtiendo que en la regulación técnico ambiental de los hidrocarburos no convencionales se debía tener en cuenta el Principio Precautorio, ante el riesgo latente para el patrimonio ambiental por la posible afectación de fuentes hídricas, el riesgo para centros urbanos y la salubridad pública, además del riesgo geológico.
En Brasil, ante la licitación de bloques para la exploración y explotación de esquistos, los trabajadores del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), en el VI Congreso de su Asociación Nacional (Asibama Nacional), aprobaron una moción contra la extracción de recursos no convencionales con el uso de la fractura hidráulica. La campaña tiene el objetivo de apoyar una moratoria que impida temporalmente el uso de fracking, de manera que la sociedad pueda debatir ampliamente sobre los riesgos de esta actividad, particularmente en las zonas pasibles de ser impactadas, y así decidir su propio futuro. Allí también se conformó la Coalición Anti-Fracking Brasil, integrada por ecologistas, científicos, geólogos, hidrólogos, ingenieros, biólogos y empleados públicos, con fuerte presencia en el Estado de Paraná. En tanto, en el Estado de Piauí, una acción del Ministerio Público Federal suspendió el uso del fracking.
En México, otra de las potencias no convencionales de Latinoamérica, según el informe de la EIA, se ha constituido la Alianza Mexicana contra el Fracking, compuesta por más de veinte organizaciones. Este espacio está enfocado en informar a la sociedad civil sobre los impactos de esta técnica de explotación de yacimientos no convencionales y, paralelamente, incidir en políticas públicas para que no se avance con su aplicación.
-¿Cómo es la situación en otros lugares del planeta?
-M.S: La vía del fracking fue decidida por Estados Unidos, en nombre del autoabastecimiento y de la soberanía hidrocarburífera. La historia de su desarrollo, a partir del año 2000, y la serie de exenciones ambientales y económicas que requirió, el rol crucial del poderoso lobby petrolero, figuran entre las páginas más sórdidas de su política interna reciente. Es cierto la última década el fracking transformó la realidad energética de Estados Unidos, otorgándole mayor autonomía respecto de las importaciones, pero también lo convirtió en el territorio en el cual pueden comprobarse los verdaderos impactos del fracking: contaminación de acuíferos, daños en la salud de personas y animales, terremotos, mayores emisiones de gas metano, entre otros. Así, los conflictos arrancaron en el corazón del norte imperial, tal como lo refleja la prohibición en Vermont y la moratoria en estados como en Nueva York y Los Angeles. En Quebec (Canadá) las luchas desembocaron en la prohibición del fracking, mientras que en la Columbia británica hoy se desarrollan resistencias indígenas-urbanas, a raíz del oleoducto de 1100 km que transporta el bitumen desde la región de Alberta. En Europa el escenario también es muy móvil. Francia y Bulgaria prohibieron el fracking, mientras que otros países impulsaron moratorias. Entre 2013 y 2014 varios de ellos abrieron sus puertas al fracking, estimulados por el modelo americano y la crisis económica. En Inglaterra, en medio de grandes conflictos, se levantó la moratoria y el gobierno de Cameron prometió ventajas fiscales a los municipios que acepten el fracking, al tiempo que busca habilitarlo incluso en áreas naturales protegidas. Otro escenario conflictivo es Rumania, donde no se respetó la moratoria y el gobierno concedió permisos de exploración a Chevron. En España la puja entre gobierno y resistencias sociales son muy importantes, pero la noticia más reciente proviene de Alemania, donde se aprobó una moratoria que frena el fracking por ocho años.
-¿Cuáles son las principales consecuencias ambientales y sociales?
-M.S: Los hidrocarburos no convencionales presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto tanto de los convencionales, como de otras energías, limpias y renovables. Los hidrocarburos no convencionales, entre ellos, el shale gas, se extraen a través de la fractura hidráulica o fracking, una metodología muy controvertida que consiste en inyectar agua, ácidos corrosivos y arena a miles de metros de profundidad, con la intención de producir microfracturas en la llamada “roca madre”, allí donde se fueron almacenando los fósiles desde épocas inmemoriales. La experiencia existente en Estados Unidos prueba que los impactos ambientales del fracking son graves y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano;activación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos, impacto sobre la salud de las personas y los animales.Asimismo, puede emitir incluso más gases de efecto invernadero que la explotación del carbón, potenciando el calentamiento global y la crisis climática.
-¿Cuál es el estado de las resistencias a la explotación en nuestro país y en la región?
-M.S: Las resistencias en las provincias están creciendo. La Patagonia es una de las regiones de expansión de colectivos asamblearios y multisectoriales, como sucede en la ciudades de Neuquén, Allen, Río Gallegos y Zapala. Las comunidades indígenas, a través de las representaciones zonales de la Confederación Mapuche del Neuquén, colocaron el tema en el marco de la memoria larga de la expoliación y de la contaminación de sus territorios. Pero al igual que con la megaminería, la lucha es local y muy asimétrica, lejos de las grandes urbes, que viven ajenas y desconectadas a esta gran problemática global. Por ejemplo, pocos argentinos saben que entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, se sancionaron unas treinta y cinco ordenanzas municipales que prohíben el fracking en distintas localidades del país, que incluyen 6 provincias, con Entre Ríos y Buenos Aires a la cabeza, seguidas de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén.
-¿Qué alternativas energéticas -o hacia el cambio de la matriz energética- pueden pensarse en el escenario actual que combina crisis energética, recuperación parcial de YPF por parte del Estado y avances en la transnacionalización de la explotación del recurso?
-Pablo Bertinat: Sin dudas resolver el problema energético no es sencillo. Primero debemos admitir que no es solo un problema técnico sino que cruza dimensiones, políticas, sociales, económicas, ambientales, etc. Si nos referimos meramente a la cuestión técnica debiéramos abordar las posibilidades reales que tenemos de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles (90% de las fuentes primarias en Argentina).
En este sentido un plan de emergencia debiera comprender como mínimo:
Un serio plan de eficiencia energética abordada de manera integral y no solo en algunos sectores. Esto podría bajar la utilización de energía en el país en un porcentaje relevante; un agresivo impulso de las fuentes renovables en el sector eléctrico que baje la demanda de combustibles fósiles para la generación. Estas dos medidas se encuentran en condiciones de rentabilidad convencional viables en la actualidad; un agresivo plan de disminución del consumo en el sector transporte racionalizando los usos, consumos y movimientos de mercancías. En este marco poseer una empresa en manos del Estado que pueda servir de insignia en estas políticas resulta esencial para un proceso de cambio. La condición pareciera ser que la empresa insignia deje de ser básicamente petrolera para ser una empresa de energía, en particular renovables.
